Las Palmas de Gran Canaria

Estabilización en el Ayuntamiento: crónica de un conflicto que abre grietas en la casa

El fondo del conflicto es el mismo: la preocupación por la estabilización de un millar de trabajadores públicos del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria que, si no se resuelve, pueden estrenar 2025 sin trabajo. Pero la música suena diferente según quien silbe la melodía, ya que las distintas representaciones sindicales en la casa común tiene distintas versiones de cómo se ha llegado a este punto.

Aunque sí que hay unas notas que se repiten en cada partitura. Las que señalan que, independientemente de lo que ha sucedido hasta llegar a este punto, el grupo de gobierno de la ciudad no ha sabido gestionar un problema que afecta a sus empleados y que da la callada por respuesta a cada una de las peticiones de información recibida.

Las administraciones públicas se enfrentan a un complicado proceso de estabilización de su personal interino, numerosos trabajadores públicos que acumulan años de servicio a la ciudadanía ante la incapacidad de los distintos ejecutivos para resolver las convocatorias laborales en sus distintos departamentos.

El proceso para convertir a estos trabajadores en fijos acaba el próximo 31 de diciembre y el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria está muy lejos de dar forma a una mecánica compleja que viene afectada por la judicialización a la que se vio sometida meses atrás.

El Tribunal Superior de Justicia de Canarias tumbó el proceso por una denuncia del CSIF y otra, aunque esta fue retirada, de Intersindical Canaria. Eso sucedió el 9 de enero, pero a día de hoy solo un interino –el que ocupa la plaza de filólogo– ha conseguido ver confirmada su plaza por parte del consistorio.

Esa contaminación judicial de la escena es la que abre la primera grieta dentro de las distintas organizaciones que representan a los trabajadores. El pasado 26 de julio trabajadores municipales sindicados en el CSIF, Intersindical, y los comités de empresa de Recogida de Residuos y Limpieza Viaria se concentraron ante el pleno en las Casas Consistoriales de Santa Ana. Allí faltaban los de la coalición sindical USEP-USPB, que con cuatro delegados es la segunda fuerza tras Intersindical en el Ayuntamiento.

Su ausencia no era casual, obedecía a una visión contraria a la forma de enfocar la pelea por un mismo objetivo. En su opinión la denuncia de estos sindicatos fuerza una interpretación innecesaria sobre si estabilizaban personas o plazas y esa ha sido la causa del problema. «No se trataba de ninguna ilegalidad, como pregonan IC y CSIF, eso son palabras muy gruesas y los hechos hablan por sí solos. Tampoco se trataba de una supuesta inseguridad jurídica, es una Ley y sólo teníamos que aplicarla no entrar a interpretarla. Si no es por las trabas y demandas de estos dos sindicatos de la 'casa', seguramente el proceso hubiera seguido adelante y quizás todos, o en su mayoría, ya estaríamos estabilizados. Solo hay que ver al resto de Administraciones que no sólo ya han estabilizado a la mayoría de sus empleados públicos temporales, sino que, además, muchos de ellos, han estabilizado en plazas de funcionarios».

Esta coalición sindical recuerda que estas negociaciones tienen su origen en el primer trimestre de 2022 y que a finales de ese año ya había un acuerdo pactado entre ellos y el Ayuntamiento capitalino.

Además, entienden que el área de Recursos Humanos del gobierno de la ciudad ha jugado con los tiempos y hasta el mes de abril no empezó a dar salida a las gestiones para el proceso. Un movimiento complejo que pone en peligro su resolución.

Ese es un punto en el que coinciden de pleno con el otro ala sindical, que no comprende cómo no se han creado recursos para acelerar una solución a un grave conflicto laboral.

Esta misma semana representantes de USEP-USPB presentaron un escrito en alcaldía en el que censuran la política laboral del Ayuntamiento y que ya en el primer punto de sus exigencias lamenta que no «se ponga en valor la información y transparencia de la que hace gala esta corporación que usted dirige, así cómo, que se cumpla con la normativa existente en materia sindical y que se nos conteste a las solicitudes realizadas», dirigiéndose a Carolina Darias.

Esta coalición sindical señala que la política laboral del Ayuntamiento de Las Palmas de GranC anaria es un «caos» y añade entre las cuestiones que enumera en su escrito a alcaldía que es necesario que «se dote de recursos humanos al servicio de RR. HH. que por desafortunadas decisiones políticas se ha ido descabezando, apartando a los funcionarios de esta administración y dejando una situación a la deriva en cuanto a la gestión interna, mala gestión o lo que es peor, nula gestión, que ha desembocado en un panorama de incertidumbre, desmotivación y sobrecarga de trabajo de los trabajadores y que por una vez, desde que gobiernan, se marquen prioridades, directrices a seguir y organización del Servicio y se puedan resolver con celeridad los expedientes más importantes que se encuentran sin culminar, cómo el de abono de incompatibilidad, la provisión de los funcionarios y sobre todo el de la estabilización».

Este periódico solicitó días atrás una entrevista con la concejala delegada de Recursos Humanos Esther Martín, a la que desde el gabinete de prensa de alcaldía todavía no ha accedido.

En cualquier caso, Martín, que proviene de organizaciones sindicales, durante la protesta en el pleno de la semana pasada culpó de la situación compleja de la estabilización a los sindicatos que llevaron el asunto hasta el Tribunal Superior de Justicia de Canarias.

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