Una denuncia por prevaricación socava las áreas jurídica y de personal del mandato de Hidalgo

El Juzgado de Instrucción 1 de Las Palmas de Gran Canaria ha admitido a trámite la denuncia criminal presentada por el excoordinador de Hacienda del Ayuntamiento, Antonio Ramón Balmaseda, contra la cúpula de Recursos Humanos y de la Asesoría Jurídica municipales durante el mandato de Augusto Hidalgo como alcalde de la ciudad. La denuncia acusa al anterior concejal de Recursos Humanos, Mario Regidor; a la antigua directora de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez; a la exdirectora de Recursos Humanos, Mercedes Cejudo; y a los entonces jefes de Inspección de Servicios, Julio Juan Rodríguez, y de Recursos Humanos, Sebastián Sánchez, por un supuesto de delito de prevaricación administrativa.

La denuncia es la respuesta a la querella de la que fue objeto el propio Balmaseda, con participación de los ahora denunciados y que fue archivada por la Fiscalía Provincial de Las Palmas en 2023. A Balmaseda se le había imputado la comisión de dos delitos de prevaricación administrativa y falsedad en documento público cuando solicitó la inclusión de dos abogados del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria, Bruno Naranjo y Alejandro García, en el sistema LexNet. Este es un aplicativo que está en marcha desde 2016 y que sirve de canal de comunicación y registro de documentos entre las administraciones y los tribunales.

Los hechos se remontan a 2016. Por entonces, Balmaseda era director de la Asesoría Jurídica del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. A pesar de que en febrero de aquel año, la Junta de Gobierno de la Ciudad revocó su nombramiento y que el propio Balmaseda presentó su renuncia al puesto, el Ayuntamiento no acepta su salida del cargo hasta fines de abril.

En ese tiempo entre que anuncia su salida y se le reconoce, Balmaseda sigue siendo director de la Asesoría Jurídica en funciones, con todas las atribuciones de su cargo en vigor. Por eso, una semana antes de dejar el puesto, ordena la inclusión de los dos abogados municipales en LexNet. «De no haberlo hecho el único perjudicado habría sido el propio Ayuntamiento como ente procesal, pues no habría podido notificar ni ser notificado en los procesos judiciales en los que estaban personados ambos letrados municipales», recoge el texto de la denuncia.

Esta decisión no llama la atención de nadie hasta cinco años después. La llegada de la nueva directora de la Asesoría Jurídica, Felicitas Benítez, hizo que se pusiera el foco en aquella orden de inclusión de los dos abogados municipales en LexNet. Así, el 5 de junio de 2021, la nueva letrada jefa envió un informe en el que se advertía de que Antonio Ramón Balmaseda habría cometido una infracción disciplinaria. Días después, amplió este escrito asegurando que la orden no cumplía «los requisitos de competencia, procedimiento y motivación, siendo total y absolutamente informal, que no reviste garantías, disponiendo presuntamente de las competencias de otro órgano municipal, el Pleno, para supuestamente favorecer a dos empleados de esta administración (propiciando que puedan compatibilizar las actividades públicas de su cargo con las privadas de la abogacía)».

Tras una consulta que realizaron el exedil Regidor y Mercedes Cejudo, la entonces directora de la Asesoría Jurídica evacuó un informe en el que les respondía que Inspección tenía que poner el asunto en conocimiento de la Fiscalía Provincial.

«La intención de Felicitas Benítez Pérez, como se ve, era clara: aun siendo la autora intelectual de la iniciativa —que, según se vio y probó, nació de sus propios dictámenes jurídicos de 5 y 8 de junio de 2021, confiriendo con éstos la necesaria apariencia de verosimilitud—, no quería sin embargo figurar en ningún documento o resolución en orden a sortear cualesquiera responsabilidades futuras, proponiendo la intervención y firma de otros funcionarios», expone el denunciante en su escrito, presentado en los tribunales en juno de 2024.

Una semana después del informe de la Asesoría Jurídica, los denunciados Rodríguez y Sánchez propusieron la incoación del procedimiento disciplinario contra Antonio Ramón Balmaseda «por la presunta comisión de dos faltas muy graves por inducir o encubrir el incumplimiento de las normas sobre incompatibilidades cuando ello dé lugar a una situación de incompatibilidad y por adoptar acuerdos manifiestamente ilegales que causen un perjuicio grave a la Administración, así como para dictar las consecuentes actuaciones complementarias de carácter procesal procedentes».

La denuncia asegura que para justificar la apertura del expediente disciplinario contra Balmaseda se tomó la orden de suspensión dictada en 2020 (cuatro años después de los hechos denunciados) contra Alejandro García, uno de los abogados autorizados en LexNet en 2016 y que, tras sufrir también un destierro laboral, ha regresado ahora al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria como letrado.

Por todo ello, la denuncia considera que el expediente sancionador fue «incierto, retorcido, tendencioso y holgadamente malicioso» y que la Asesoría Jurídica presionó a funcionarios para apartar a Balmaseda de la función pública, «haciéndole sufrir la pena de banquillo, estigmatizándole socialmente ante compañeros, amigos y familiares merced a la ficción de la performance disciplinaria y judicial ideada por Benítez Pérez con el concurso del resto de funcionarios denunciados, y cercenando de raíz toda posibilidad de que Balmaseda concurriese al incipiente proceso selectivo para la designación del nuevo Director General de la Asesoría Jurídica... allanando consigo el camino para la victoria de Benítez».

Esas presiones dejan rastro en una 'guerra' que se produjo entre Recursos Humanos y la Asesoría Jurídica en 2022. En uno de los escritos que se cruzaron las dos altas funcionarias, Mercedes Cejudo se quejó de la «actitud de hostigamiento y malas formas» de Felicitas Benítez en el caso de la denuncia en Fiscalía contra Antonio Ramón Balmaseda.

«Durante la tramitación del referido expediente, las llamadas y exigencias de la directora general de Asesoría Jurídica respecto del mismo fueron continuas, en lugar de mantenerse al margen», expuso Cejudo, quien entendía que «no tenía sentido» que desde Recursos Humanos se instruyera un expediente disciplinario porque el coordinador de Hacienda «se encuentra por encima del propio servicio en sentido jerárquico».

Finalmente, en julio, Marcelo Regidor dictó la resolución por la que se incoaba el expediente disciplinario contra Balmaseda.

El funcionario intentó acceder al expediente, pero su petición fue denegada en tres ocasiones con el argumento de que primero se tendría que pronunciar la Fiscalía sobre la denuncia.

Este pronunciamiento llega el 20 de abril de 2023. El fiscal decretó el archivo de las diligencias de investigación al no apreciar la existencia de ilícito penal y, en todo caso, porque de existirlo, habría prescrito a los tres años.

Esto obligó al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a archivar las actuaciones. Y abrió el camino a la denuncia de Balmaseda, que con toda probabilidad no será la última que trate de resarcir daños de aquel periodo.

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