Las Palmas de Gran Canaria

Bronca por la regasificadora: la última batalla con el Puerto

Las Palmas de Gran Canaria y su puerto no terminan de llevarse bien. Con un historial de desencuentros, ajeno tras controles policiales el acceso a sus espacios a la ciudadanía, la última ficha del conflicto se rellena con la instalación de una regasificadora a apenas un kilómetro de La Isleta que cuenta con contestación popular y suma la división política de la que los partidos que gobiernan la ciudad participan.

Hay una plataforma ciudadana que está dando sus primeros pasos para oponerse a esta infraestructura, a la que califican como el «mayor foco de contaminación» al que se enfrentaría la ciudad. Este movimiento ciudadano tiene un calendario de acciones que ha empezado a moverse estos días por los despachos de las formaciones políticas que lideran la capital, PSOE, Nueva Canarias y Podemos. De los dos últimos han conseguido comunicados de prensa que señalan su respaldo a las quejas que estos vecinos exponen y su adhesión a la causa.

El pasado miércoles también se vieron con la socialista Carolina Darias, alcaldesa de Las Palmas de Gran Canaria. Solicitada por este diario alguna valoración política de ese encuentro, desde su gabinete responden a este periódico con un escueto «la reunión fue muy positiva y receptiva y han quedado en volver a verse».

Este caso cuenta con años de trayectoria, aunque se presencia pública se haya reactivado estos días. Se trata de la oposición a la idea de la empresa Totisa de instalar una planta de almacenamiento de gas licuado, regasificación y generación de energía eléctrica de 70mw en el Puerto de La luz.

Por tanto, el debate hay que ampliarlo y trasladarlo desde las fuerzas políticas que gobiernan la ciudad y trasladar la consulta a la Autoridad Portuaria, que preside la política de Coalición Canaria Beatriz Calzada. Esta antes de dar una valoración sobre lo que ocurre estos días exige un ejercicio de memoria y subraya que la autorización al proyecto se aprobó por unanimidad en el año 2019 en el Consejo de Administración del Puerto, en el que se encontraban Antonio Morales, presidente del Cabildo y de NC, el entonces alcalde socialista de la ciudad Augusto Hidalgo y su compañero de partido, y entonces presidente de Canarias, Ángel Víctor Torres.

La Autoridad Portuaria indica que lo que sucede estos días es que se está continuando con el trámite iniciado en su momento, pero que a día de hoy la concesión no está todavía otorgada y que hasta que no concluya el proceso administrativo no se puede dar por autorizada la concesión a la empresa.

Entre los aspectos que todavía quedan por resolver se encuentran los informes preceptivos y la culminación de impacto ambiental.

Los responsables de la plataforma que hace oposición a la instalación de la planta de gas han movilizado asambleas ciudadanas en las que, a través de la voz de expertos, han contado a los vecinos, especialmente de La Isleta, los riesgos que señalan tendrá está infraestructura para su salud. «A partir de la combustión de gas natural fósil que intenta promover Totisa, se van a emitir a la atmósfera a través de cuatro chimeneas de 25 metros de altura, equivalente a un edificio de ocho plantas, grandes cantidades de metano, óxidos de nitrógeno, monóxido de carbono, partículas, compuestos orgánicos volátiles e hidrocarburos aromáticos policíclicos, durante las 24 horas del día, los 365 días del año, que los vientos dominantes de componente norte van a dirigir hacia la ciudad, con el consiguiente riesgo para la salud de la población de Las Palmas de Gran Canaria», reseñan en los manifiestos informativos que han circulado estos días.

La idea de la plataforma es prolongar la actividad cívica desde los salones de actos, para tratar de evitar desde la ciudadanía organizada lo que consideran un atentado ambiental en el entorno urbano de la ciudad más poblada de Canarias. Existen, aseguran, informes de técnicos del Cabildo de Gran Canaria y del Gobierno de Canarias que avalan la posición planteada.

Por el momento, han conseguido la adhesión de dos fuerzas del pacto progresista en el Ayuntamiento. «Tras reunirnos con la plataforma que canaliza el rechazo ciudadano a estas obras, les ratificamos el mensaje que lanzamos en el año 2022 y que sigue más vigente que nunca: la salud y la seguridad de la ciudadanía de Las Palmas de Gran Canaria están por encima de los intereses del lobby de las energías fósiles. El Ejecutivo autonómico debe escuchar a la sociedad civil», indica la concejala de Podemos Gemma Martínez Soliño.

Por su lado, Pedro Quevedo (NC) redunda en ese posicionamiento. «Debemos, una vez más, expresar nuestro rotundo respaldo a la reivindicación de esta plataforma, ante tres problemas fundamentales que nos plantea la instalación de esta macro infraestructura en nuestro puerto: en primer lugar, porque representa un riesgo para la salud de la ciudadanía de la capital y de la calidad de nuestro aire»

Lo que sí exponen desde la Autoridad Portuaria es que, independientemente de cómo se resuelva el proyecto de Totisa, sus necesidades pasan urgentemente por generación de energía, entendiendo que el horizonte que se marcan hasta el año 2030 es al menos de 80mw para avanzar en la descarbonización.

Otra batalla más en la que es complicado entender donde empieza el Puerto y acaba la ciudad.

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