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El Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha iniciado los expedientes de abono de más de un millón de euros para dar cumplimiento a diversas sentencias judiciales que condenaban a la ciudad a saldar deudas antiguas.
Para ello, la Comisión de Gestión Económica-Financiera y Especial de Cuentas ha dado cuenta este miércoles de la propuesta de una modificación de crédito por valor de casi 310.000 euros para liquidar las facturas pasadas por Emalsa entre agosto y noviembre de 2017.
Estas cuatro facturas tenían un importe mensual de 418.127,73 euros, con lo que el importe final era de 1,67 millones de euros. Emalsa solicitó su pago el 4 de enero de 2019, pero el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria -siete meses más tarde- solo reconocía una deuda de 1,36 millones de euros por entender que faltaba certificación de los servicios prestados, lo que suponía que la facturación de Emalsa era defectuosa.
Sin embargo, el Juzgado de lo Contencioso-Administrativo 2 determinó que tras la firma del convenio de 1998 entre el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria y Emalsa «el precio del servicio quedó estipulado en una cantidad fija actualizable, prorrateada en doce mensualidades, y desligada de las vicisitudes del servicio». Por eso, en una sentencia emitida en marzo de este año, se reconoció el derecho de Emalsa a cobrar los 1,67 millones de euros.
«Si el Ayuntamiento considera que con el actual marco contractual y técnico que rige la concesión no es posible comprobar o verificar el cumplimiento efectivo de las prestaciones a cargo de Emalsa, deberá iniciar el procedimiento legalmente establecido para la modificación del contrato y la subsanación de tales creencias», señala la magistrada, «de igual forma que si sospecha o entiende que el servicio no está siendo prestado de forma adecuada, o que existen irregularidades en la subcontratación de determinados servicios, deberá acudir a los procedimientos legalmente establecidos para la imposición de penalidades o para la resolución contractual, pero, en ningún caso, las circunstancias expuestas le habilitan para condicionar el abono de las facturas presentadas al cumplimiento de unas formalidades no contempladas en el contrato y que, además, no habían sido exigidas en los más de diez años de su vigencia».
La sentencia adquirió firmeza en julio, mes en el que el área de Hacienda inició el expediente de modificación de crédito por valor de 309.772,31 euros, que es la diferencia entre los 1,67 millones de euros reclamados por Emalsa -y reconocidos por sentencia judicial- y los 1,26 millones establecidos inicialmente por el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria.
A ello hay que añadir los intereses de demora que se generan desde la fecha en que debería haberse saldado la factura hasta el momento en que el abono se hace efectivo.
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El segundo modificado de crédito es el referido a la deuda adquirida con Almacenes Guanarteme por la canalización del barranco de La Ballena. En este caso, se ha seguido el procedimiento establecido, después de que en el mes de junio la Junta de Gobierno de la Ciudad tomara conocimiento de la sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC), que obligaba al Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria a pagar 827.822,97 euros. Esta sentencia adquirió firmeza en abril y ahora se tramita su abono.
La empresa Almacenes Guanarteme asumió la obra, a su costa, para poder continuar con la construcción de un edificio de 119 viviendas en la calle Castillejos, pese a que la canalización del barranco era competencia municipal.
El concejal del PP, Ignacio Guerra, pidió información sobre los intereses de demora que paga el Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria. Al respecto, el concejal de Hacienda, Francisco Hernández Spínola, reconoció que son «cantidades importantes» y aseguró que «el reto es minorarlas adjudicando contratos (el 80% estaba en nulidad cuando llegó el actual gobierno) y evitando que los acreedores acudan a los tribunales de justicia».
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