«No quiero ser presidente de mi comunidad»

El 80% de los edificios ya tiene en nómina a un administrador de fincas para que medie entre los vecinos y saque adelante el papeleo

Carmen Barreiro
CARMEN BARREIRO

Pocos cargos hay en nuestro país que generen un rechazo tan unánime como el de presidente de la comunidad de propietarios. Salvo los protagonistas de la popular serie de televisión 'La que se avecina', que se pegan literalmente por ostentar la presidencia de la urbanización Mirador de Montepinar, es raro el vecino que decide dar un paso al frente por voluntad propia para hacerse cargo de la gestión del edificio con todo el tiempo y sinsabores que conlleva esta responsabilidad, por la que, además, no se recibe contraprestación económica alguna.

«Nunca ha querido nadie, pero ahora, mucho menos. La actividad que genera una comunidad de propietarios es abrumadora, sobre todo para una persona que no tiene conocimientos en la materia. Hay obligaciones de mantenimiento, técnicas, fiscales, económicas, laborales... y hasta de protección de datos. El cargo de presidente es cada vez más testimonial porque la mayoría de las comunidades ya delegan su representación en manos de administradores profesionales para no complicarse la vida con los trámites administrativos ni con los propios vecinos», reconoce Salvador Díez Lloris, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España (CGCAFE).

El de Miguel Herrera es uno de esos casos. Ejerció de presidente de su comunidad, un edificio de doce vecinos ubicado en el centro de Bilbao, durante más de una década. «Era el único que tenía tiempo y como justo me acababa de jubilar como empleado de banca me resultaba hasta entretenido», reconoce. Pero cuando empezaron las obras para arreglar las humedades de la fachada, también afloraron los enfrentamientos entre propietarios por la cuota de las derramas, los problemas con el arquitecto, los retrasos en el pago de las mensualidades... Unas piedras en el camino a las que había que sumar la tramitación de las ayudas, la certificación energética y los continuos rifirrafes con el seguro por unas filtraciones en las viviendas. «Ya no podía más y nadie quería relevarme en el cargo, así que convoqué una reunión de la junta de propietarios y propuse contratar a un administrador de fincas. Mano de santo», se felicita Miguel Herrera, «mucho más tranquilo» desde que delegó la gestión del edificio en manos de profesionales. «Ojo, que los problemas no desaparecen, pero al menos saben cómo resolverlos y no me veo en el brete de tener que enfrentarme con mis propios vecinos, que es lo más desagradable», argumenta.

Aunque no hay un registro con datos oficiales, los profesionales del sector estiman que ocho de cada diez comunidades de propietarios –la mayoría en poblaciones de más de 25.000 habitantes– ya tienen en nómina a un administrador que se encarga no solo de la gestión administrativa de la finca (tramitación de permisos, obras, ayudas, cobro de las mensualidades, derramas, contratos...), sino también de la conservación de las instalaciones (averías, urgencias, cambios de cerraduras, goteras...) e incluso de apercibir a los vecinos molestos o exigir el pago a los propietarios morosos, una de las funciones que más quebraderos de cabeza causan a los presidentes de la comunidad de propietarios.

Que las funciones del presidente «se limiten en la práctica a ser una especie de intermediario entre los vecinos y el administrador de fincas» no significa que el cargo vaya a desaparecer. De hecho, la Ley de Propiedad Horizontal (LPH) deja bien claro que no se puede rechazar. «El presidente se elige entre todos los propietarios del inmueble, pero como no suele haber voluntarios, lo más frecuente es que se designe por sorteo o en turnos rotatorios. Y sí, es obligatorio, aunque excepcionalmente puede solicitarse el relevo ante el juez», precisan los expertos del portal inmobiliario de la Organización de Consumidores y Usuarios (OCU).

Viejas rencillas

¿Quién es quién una comunidad de vecinos? Debe saber que el presidente o el administrador de la finca «no son monarcas, ni todopoderosos». Llevan la representación y la gestión del inmueble, pero no pueden tomar decisiones de manera unilateral, salvo en casos de urgencia como, por ejemplo, solucionar la rotura de una cañería o un apagón de electricidad en el edificio. El órgano soberano de una comunidad y quien toma las decisiones finales es la junta de propietarios, que tiene la obligación de reunirse al menos una vez al año para aprobar los presupuestos y las cuentas.

¿Qué hacer cuando un vecino rompe las reglas del juego? «Los conflictos entre propietarios son el pan nuestro de cada día. Llega un momento en el que la paciencia vecinal se agota y cuando las palabras ya no tienen valor, no queda más remedio que acudir al juzgado», aconsejan en Ekizer, especialistas en la gestión de inmuebles, con oficinas en San Sebastián y Pamplona. Ruidos, enfrentamientos por el pago de las cuotas, la instalación del ascensor... A juicio de Salvador Díez, «lo peor es cuando se enquistan los problemas de convivencia. A veces son cosas de muy escasa entidad, pero de las que se termina haciendo un mundo. Este tipo de situaciones son las más complicadas de resolver y además suelen bloquear otras iniciativas que se tienen que poner en marcha. 'Si la vecina del 2º D con la que estoy enfadado dice que quiere el ascensor, yo digo que no', basta que Pedro proponga una cosa para que Juan diga la contraria... y así hasta el infinito». El ruido generado por las terrazas de bares y restaurantes es otro de los motivos que más denuncias acumula desde el inicio de la pandemia.

Administradores de oficio, un servicio cada vez más extendido

Así como hay abogados de oficio para las personas que no se pueden permitir pagar a un letrado para que lo defienda en un juicio, son cada vez más los ayuntamientos y administraciones públicas que ofrecen a sus vecinos la posibilidad de contratar un administrador de fincas de oficio para resolver temas puntuales de su comunidad. «Es un servicio que se suele prestar cuando la propia administración impulsa algún proyecto de desarrollo en determinados barrios, muchas veces desfavorecidos. El ayuntamiento en cuestión facilita a los vecinos un listado de profesionales que les ayudan con los trámites y gestiones de la comunidad a coste cero», explica Salvador Díaz Lloris, presidente del Consejo General de Administradores de Fincas de España (CGCAFE). Málaga, Melilla, Castellón, Gandía o Lepe son algunos de los municipios que ya ofertan este servicio a sus vecinos.