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Según su escrito de acusación, la fiscal Cecilia Acebal relata que, sobre las 21.00 horas del 23 de enero de 2017, el acusado presuntamente se acercó al coche propiedad del administrador de fincas que había estacionado en la calle Rafael García Pérez, de Miller Bajo, y «guiado del ánimo de causar un menoscabo en la propiedad ajena debido a las malas relaciones» que mantenía con éste último, «roció el vehículo con un líquido corrosivo» que destrozó la pintura, provocándole notables desperfectos cuya reparación ascendió a 2.649 euros.
Por estos hechos, el Ministerio Público solicita que se le imponga a C. L. S. G. la pena de un año y nueve meses de prisión, el pago de 7.200 euros de multa y que abone en concepto de responsabilidad civil los 2.649 euros que costó la reparación de la carrocería del vehículo.
Por su parte, la defensa del administrador de fincas representada por el letrado José Antonio Penichet, eleva la petición de penas a los tres años de prisión por el delito de daños, el pago de una multa de 14.400 euros, una orden de alejamiento y el pago de las costas, además de añadir en su escrito de acusación el delito de amenazas.
El motivo es que, según José Antonio Penichet, existía una situación anómala en la comunidad de propietarios Los Ruiseñores, la cual preside el denunciado, puesto que existen dos grupos de dueños enfrentados, dos presidentes y dos juntas directivas, cada una de las cuales no reconoce a la otra. Esta situación es el origen de la mala relación entre denunciante y denunciado, según esta parte.
Así las cosas, en una reunión celebrada el 3 de noviembre de 2.016, durante el transcurso de la misma, C. L. S. G. amenazó al denunciante con palabras tales como «te voy a romper la cabeza, mete mierda, vete de la comunidad y no te metas en mis asuntos, deja la comunidad tranquila o te van a pasar cosas», relata la defensa. Por estos hechos, el letrado estima que existe un delito de amenazas o, subsidiariamente, un delito leve de amenazas, por el que pide dos años de prisión por el primero o 1.800 por el segundo de los delitos.
Según el abogado de la víctima, la policía pidió al acusado las imágenes de las cámaras de seguridad de la zona y, como consta en el atestado, «el susodicho comenzó a hablar elevando el tono de voz y de forma irritada», que «no quería colaborar en absoluto» y que «no vayamos a citarlo, pues no va a declarar nada y que no vendrá a Comisaría».
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