Medidas pertinentes... 8 años después

17/03/2019

El 26 de febrero de 2010 la directora del centro de salud de Canalejas pidió por escrito a la Gerencia de Atención Primaria que tomase «medidas pertinentes» ante las quejas contra el médico C.L.R. Pasaron 8 años y allí seguía trabajando.

El caso del médico C.L.R., detenido por la Policía Nacional acusado de presuntos abusos sexuales a una paciente y bajo investigación por las sospechas de que la cifra de víctimas es mucho más elevada, deja un reguero de dudas sobre la diligencia de la Consejería de Sanidad. Y también sobre el parecer de la Fiscalía y los juzgados en denuncias previas, que fueron sobreseídas pese a que, como se confirma ahora, el relato de las víctimas es prácticamente idéntico en todos los casos. C.L.R. se encuentra además de sentarse en el banquillo por una de esas denuncias de 2016, en un procedimiento en el que la Fiscalía le pide 4 años de cárcel.

Según la documentación a la que ha tenido acceso este periódico, el 26 de febrero de 2010 la dirección del centro de Canalejas, en la capital grancanaria, remitió un escrito a Elisabeth Hernández, directora gerente de Atención Primaria, en la que ponía en conocimiento que una usuaria del ambulatorio había presentado en el centro denuncia contra C.L.R. por «tocamientos sexuales sin relación con la asistencia sanitaria a esta paciente». «Asimismo», prosigue el escrito, «le informo de que situaciones como la descrita han llegado a conocimiento de esta dirección, por parte de la Unidad Administrativa, aunque en dichos casos las usuarias no han presentado formalmente denuncia por tales hechos». Acababa la carta solicitando de la Gerencia de Atención Primaria la adopción de las medidas «que considere pertinentes».

Pasaron los años y C.L.R. siguió en su puesto de trabajo. Como ya adelantó este periódico, en 2017, en el marco de la investigación judicial que coloca al médico a las puertas de ser juzgado por presuntos abusos en un caso anterior, la dirección de Canalejas entregó al juzgado un listado de pacientes que se habían quejado de hechos similares.

Cuando se cotejan esos hechos con la resolución de la Gerencia de Atención Primaria por la que se incoa expediente disciplinario y se acuerda la suspensión provisional de sus funciones. Ese expediente es consecuencia de la denuncia que presenta en 2018 ante la Policía Nacional una paciente, lo que llevó a la detención del médico. ¿Qué dice esa resolución de Atención Primaria? Para empezar se reproduce esa denuncia en sede policial, en cuya parte final se afirma que la propia directora del centro de Canalejas animó a la paciente «a denunciar los hechos para que otras mujeres no pasasen por la misma desagradable experiencia. Y seguidamente se puede leer: «Haciéndole partícipe la directora del centro de salud que ya el doctor (...) había tenido problemas de índole similar con otras mujeres en hasta tres ocasiones anteriores, habiendo sido detenido aquel por la Policía en al menos dos».

A renglón seguido, Atención Primaria señala: «No consta en su expediente personal la imposición de sanciones disciplinarias anteriores, ni premios-recompensas». Es decir, que pese a que en 2010 la dirección de Canalejas ya había pedido que se adoptasen medidas «pertinentes» ante una denuncia concreta y la acumulación de quejas, y pese a que en 2017 esa misma dirección del centro contaba con una lista de presuntas víctimas que aportó al juzgado, Sanidad no había anotado en el expediente laboral del médico sanción disciplinaria anterior ni, por lo que se recoge en el expediente, apunte alguno sobre ese historial de quejas y denuncias.

Sanidad ha subrayado que puso en conocimiento de la Fiscalía las denuncias previas. Y hubo archivos judiciales. Lo único claro es que el médico siguió pasando consulta y la lista de quejas fue creciendo. Ahora sí está apartado.