Imputados cuatro directores de centros de menores y un empresario por el presunto desvío de fondos europeos
Caso Siglo XXI ·
Los investigados son María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora, Natalia Levy y José Manuel A.F, este último el empresario
La Policía Nacional ha dado por concluida una compleja investigación económico-patrimonial que ha culminado con la imputación judicial de cuatro directores de centros de menores extranjeros en Gran Canaria y Lanzarote, así como de un empresario inmobiliario y de la fundación encargada de gestionar dichos centros.
Las pesquisas, desarrolladas por la Unidad de Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF) de la Jefatura Superior de Policía de Canarias, se iniciaron en 2022 tras la recepción de un informe del Servicio Ejecutivo de la Comisión de Prevención del Blanqueo de Capitales e Infracciones Monetarias (SEPBLAC), dependiente del Banco de España.
Dicho informe advertía de multitud de operaciones bancarias injustificadas y extrañas vinculadas a los responsables de varios centros de acogida de menores extranjeros no acompañados.
El caso fue presentado ante la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada de Las Palmas, que abrió Diligencias de Investigación y habilitó el inicio de la operación Tabaiba o, como este periódico nombró, Caso Siglo XXI, una exhaustiva investigación económico-patrimonial que se ha prolongado durante tres años.
Posteriormente el Juzgado de Instrucción número 7 de Las Palmas de Gran Canaria asumió la instrucción de las actuaciones, que hoy continúan bajo la dirección de la Fiscalía Europea.
En la investigación y en la querella redactada por el fiscal Anticorrupción Javier Ródenas, señaló que la Fundación Respuesta Social Siglo XXI cobró del Gobierno de Canarias 12.505.878 euros por los servicios prestados en los años 2020, 2021 y 2022. Esos pagos fueron por la atención a los menores migrantes no acompañados en tres centros de Gran Canaria (Guiniguada, Demena Puerto Rico y Acorán) y uno en Lanzarote (La Santa).
Según la Fiscalía, «el análisis de las cuentas bancarias y la ausencia de justificación-liquidación del gasto dibujan un escenario altamente irregular, opaco y de descontrol en la justificación del dinero público que fue aprovechado por los querellados en obtener un ilícito personal económico a costa del dinero público subvencionado. Existe una profusión de operaciones bancarias de extracciones en efectivo, así como el desvío de flujos monetarios a cuentas personales o de familiares de los directores de los centros, y el desarrollo de compras de productos o servicios para uso y disfrute personal que son financiadas con fondos públicos».
El fiscal apreció la comisión de delitos de falsedad en documento mercantil, administración desleal y malversación de caudales públicos, supuestos ilícitos atribuidos a los gestores de esta organización sin ánimo de lucro. Ademas, la fundación no estaba al corriente en el Registro único de Fundaciones de competencia estatal y en la querella el fiscal apuntó que los investigados habrían utilizado «en beneficio propio» parte de los fondos públicos destinados al cuidado de menores migrantes no acompañados
Este procedimiento, avanzado en primicia por CANARIAS7, están investigados, además de la propia Fundación Respuesta Social Siglo XXI, María de los Ángeles Barroso, Fernando Pérez, Enrique Manuel Dévora y Natalia Levy, que ocuparon puestos de responsabilidad y de gestión en la citada entidad. Todo ello además del empresario señalado por la Policía Nacional propietario de locales.
Más de un millón de euros retirados y gastos personales a cuenta de los centros
El análisis de miles de apuntes bancarios y documentos contables reveló que los investigados desviaron parte de los fondos europeos «Next Generation» transferidos a través del Gobierno de Canarias y el Cabildo de Lanzarote, destinados al mantenimiento y funcionamiento de los centros, para su propio beneficio económico.
De un total de más de 1.600.000 euros ingresados por la fundación, se extrajeron en efectivo más de 1.100.000 euros mediante reintegros fraccionados, se detectaron transferencias directas por más de 25.000 euros a cuentas particulares y gastos personales cargados a las cuentas de los centros, como operaciones estéticas, vacaciones, gasolina o comidas en restaurantes.
Estas prácticas fueron detectadas tras la cancelación de las cuentas bancarias por parte de la entidad financiera, en aplicación de la Ley 10/2010 de Prevención del Blanqueo de Capitales.
Facturación presuntamente falseada y connivencia de la fundación
Posteriormente, y a requerimiento judicial, la fundación entregó miles de documentos contables con los que intentó justificar las operaciones. Sin embargo, el análisis policial detectó facturación duplicada o triplicada, documentos sin fechas, servicios no identificados y facturas ajenas a los centros, lo que evidenció una presunta manipulación contable para ocultar el desvío de fondos.
Por ello, los investigadores solicitaron la realización de una auditoría financiera y contable que permita determinar con exactitud el importe total malversado.
Alquileres valorado en más de 1,3 millones de euros
Durante la investigación también se descubrió un entramado de alquileres sobredimensionados en los inmuebles que albergaban los centros de menores. El empresario propietario de los inmuebles, en connivencia con la fundación, utilizaba sociedades interpuestas para alquilar los centros a precios que duplicaban o triplicaban el valor de mercado, con un sobreprecio que superó los 1.300.000 euros entre 2021 y 2023.
Los fondos eran desviados a otras cuentas y operaciones inmobiliarias, evidenciando prácticas de blanqueo de capitales, con transformaciones y colocación del dinero ilícito en activos patrimoniales.
Cinco imputados y una fundación investigada
Como resultado, la Fiscalía Europea ha imputado a los cuatro directores de centros, al empresario inmobiliario y a la fundación implicada. Los cinco carecen de antecedentes policiales y tienen edades comprendidas entre los 31 y los 61 años. Las actuaciones judiciales continúan abiertas, y se espera que las conclusiones definitivas determinen el alcance económico exacto del perjuicio causado a los fondos europeos y públicos.
En total, entre enero de 2020 y julio de 2025 el Gobierno de Canarias pagó 33,05 millones de euros a la fundación. Son datos facilitados por la Consejería de Bienestar Social, Igualdad, Juventud, Infancia y Familias a CANARIAS7 este verano. Es la cuarta organización que más dinero ha recibido del Gobierno de Canarias desde 2020 para la atención de menores migrantes no acompañados
