«Somos víctimas de las discrepancias y de la lenta burocracia administrativa»

«Nos sentimos víctimas circunstanciales de las discrepancias que existen entre los distintos estamentos implicados y víctimas también de los plazos que conlleva la burocracia administrativa que ha tardado dos años en resolver, para al final deparar en este incomprensible e injusto desenlace, con las graves consecuencias que conlleva para nosotros. Esta sentencia afecta a nuestras expectativas profesionales y la de nuestras familias en lo que al concurso de traslados se refiere, quedando ahora la planificación de nuestras vidas, a merced de esta resolución». Estas palabras, extraídas de un comunicado elaborado por el colectivo de sanitarios de la distintas gerencias del Servicio Canario de Salud (SCS) afectados por la anulación judicial de las oposiciones convocadas en 2018, demuestra la preocupación y el malestar de los profesionales. Se han unido en una plataforma de afectados por la OPE desde la que quieren que se «escuche» su voz.

La sala segunda de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) anuló recientemente el Decreto 188/2018 de 26 de diciembre por el que el Gobierno canario convocaba una oferta de empleo público de 6.078 plazas para las diferentes categorías del Servicio Canario de Salud (SCS). Ya se han realizado los exámenes de enfermería, matronas y fisioterapeutas, cuyo proceso de baremación está a punto de finalizar.

Los y las profesionales afectados que se unen en plataforma solicitan que se encuentre la fórmula para que, a pesar de la sentencia, «esas más de seis mil plazas, que se distribuyen entre todas las categorías profesionales del SCS, sigan vigentes, ya que, de no ser así, no sería justo, ni ético, ni proporcional, ni razonable», y entienden que los profesionales que ya se sometieron a las pruebas de acceso merecen una «especial consideración, ya que ante esta sorprendente y nefasta nueva situación en la que ahora nos encontramos».

Esta situación deriva en una «falta de respeto a nuestro esfuerzo, a nuestra formación y al tiempo dedicado a la preparación de la prueba, todo ello a costa del sacrificio de nuestra vida personal y nuestras horas de descanso después de la jornada laboral», añaden. «Queremos también puntualizar, que dichas oposiciones están vinculadas a las listas de contratación, por lo que no hemos estado en disposición de decidir libremente el presentarnos a las mismas, ya que el hecho de no hacerlo podría poner en riesgo nuestros puestos de trabajo», añaden. «Esta sentencia afecta a nuestras expectativas y la de nuestras familias, quedando ahora la planificación de nuestras vidas, a merced de esta resolución».

En este sentido, explican que concurrieron a la convocatoria y cumplieron uno a uno con los requisitos que exigían las bases establecidas y todo su empeño y esfuerzo se hicieron «actuando de buena fe y bajo la confianza y la credibilidad que las administraciones públicas merecen. Por tanto, también nosotros merecemos ser reconocidos de una manera justa y legítima». «La gran mayoría de los afectados en esta causa no hemos sido parte en este procedimiento y, por lo tanto, no hemos sido oídos con lo cual, no deberíamos vernos afectados por esta resolución, puesto que hemos quedado en una absoluta indefensión», sentencian.

La plataforma hace hincapié en que ni la parte demandante ni los jueces han puesto «en duda» que las bases de la oferta pública no cumplan con los principios de mérito, capacidad o igualdad «ni que no dispongamos de capacidad y de derecho a consolidar nuestras plazas». Añaden que esta situación no debe abordarse solo desde los preceptos jurídicos, ya que detrás están los trabajadores «de un bien fundamental como es la salud». Los afectados por la citada sentencia apelan y confían en el «buen hacer de las instituciones implicadas» y esperan una «solución pronta y justa» .

Los afectados reprochan al tribunal que anuló el decreto en este no solo se hacía un oferta pública de empleo, «sino que también servía para la posterior convocatoria de oposiciones para la estabilización de empleo temporal para acabar con el limbo en el que nos encontrábamos miles de sanitarios de Canarias y para lo que la Administración dispone de tres años, una vez aprobada dicha OPE». «Entendemos que la sentencia -añaden– no debería en ningún caso afectar al derecho de los perjudicados en este proceso puesto que la anulación de este decreto, de confirmarse, provocaría un grave e irreparable perjuicio a miles de profesionales sanitarios».