Imagen de archivo de la entrada al Instituto de Medicina Legal y Forense de la capital grancanaria. / C7

El TSJC urge al Gobierno a solucionar la falta de personal de Medicina Legal

Incoa expediente ante la suspensión de juicios en Menores y pregunta a Justicia por el rechazo de una prueba psicológica a una niña en Tenerife

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

Los problemas de falta de personal y de medios del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses (IMLCF) en Las Palmas causan una cascada de efectos en la justicia. De los retrasos en la entrega de informes se ha pasado a no hacerlos para los juzgados de violencia contra la mujer y este lunes se suspendieron los juicios de Menores -y así será en varias jornadas más- por la falta de personal técnico que pueda acudir a las salas. Por eso el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) ha incoado expediente.

Así se recoge en el acuerdo alcanzado por la sala de Gobierno del tribunal el pasado viernes tras conocer el escrito del IMLCF en el que anunciaba cuatro fechas de abril y seis de mayo en las que «ningún miembro del equipo técnico estará disponible para asistir a juicio».

La ausencia de este personal «implica la suspensión de juicios en los Juzgados de menores de Las Palmas de Gran Canaria», lo que se comunica a la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia del Gobierno canario para que «con carácter de urgencia» se adopten las medidas necesarias para «paliar dicha situación y evita la suspensión de juicios en los juzgados».

El TSJC también acordó el pasado 11 de marzo pedir explicaciones al Gobierno canario pues el IMLCF de Tenerife se negó a atender la solicitud de una prueba pericial psicológica acordada de oficio por la magistrada en un proceso de familia en relación con una menor de edad., lo que ha ocasionado «una intolerable dilación». Según el TSJC, no se «alcanza a comprender cual es la razón por la que la Dirección General de Relaciones con la Administración de Justicia asume las periciales propuestas por el Ministerio Fiscal y rechaza las acordadas de oficio por jueces y magistrados».