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Un perito concluye que 3,6 millones «es mucho» para un centro de control

La segunda sesión del juicio por el caso Palmera, que sienta en el banquillo al exalcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, a su concejal de Urbanismo Antonio Miguel Ruiz y a los empresarios José Luis Alemán y Marcial Sánchez Franco, se centró en las declaraciones de testigos propuestos por las defensas y las periciales. En este último apartado, los diferentes especialistas citados discreparon en su análisis del proyecto técnico y el convenio de permuta presuntamente ilegal que dio lugar a este procedimiento penal.

Jueves, 16 de julio 2020, 19:16

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Por una parte, los peritos judiciales detallaron en su análisis que el centro de control del parque eólico que se iba a construir y que, según el proyecto, se iba a instalar en la parcela Doctoral 13 propiedad del marido de una concejala del Ayuntamiento, «se podría haber colocado en una parcela propia» ahorrando al Consistorio «tener que comprar una parcela. Todo esto se podría haber hecho así sin que afectase a la eficacia del parque», dijeron. Además, detallaron que «el proyecto no estaba definido ni un centro de interpretación ni una subestación», por lo que entendieron que «3,6 millones de euros –que es lo que costaba en global la instalación de todo en la parcela Doctoral 13– nos parece bastante dinero para un centro de control».

Por su parte, el perito de la defensa argumentó que era mucho mejor y ahorraba costes –entre un 50 y 60%– instalar el centro de control en la parcela Doctoral 13 al estar en una posición centrada y cercana a todos los aerogeneradores.

«Nada irregular».

Aparte de las periciales, comparecieron ante el tribunal presidido por el magistrado Miguel Ángel Parramón seis testigos más y algunos de ellos eran los empresarios que participaron en el convenio de permuta de los terrenos con el Ayuntamiento para la construcción del parque eólico.

Todos coincidieron en señalar que el Ayuntamiento de Santa Lucía de Silverio Matos les había propuesto la permuta de terrenos privados a cambio de participación en forma de acciones en una sociedad que sería la que gestionara el parque eólico. El que fuera administrador de Machacadora Domínguez –propiedad del marido de una concejala– reconoció que habían comprado la parcela 9 y 13 que eran colindantes a los terrenos que tenía el Consistorio para «apostar por el negocio eólico» y que luego cedieron «10.000 metros cuadrados de la parcela 13 para que se construyese el centro de control», manifestó durante su interrogatorio.

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