Entrevista a la fiscal decana de Las Palmas

Rubio: «Una justicia que llega diez años después, no es justicia»

22/04/2018

La fiscal decana de Las Palmas acaba de jurar en el cargo de vocal del Consejo Fiscal y reclama que los ministerios de Justicia y Hacienda «cumplan con la Ley de Retribuciones» y convoquen la mesa de negociación para la adecuación salarial que lleva ya 11 años sin ser constituida.

— De nuevo en el Consejo Fiscal, ¿qué retos se plantea?

— Siempre he estado muy vinculada con la defensa de la carrera y como me propusieron la idea de ir en las listas, me animé. Es un orgullo poder representar a mis compañeros.

— Una defensa de la carrera fiscal que ahora se representa en las reivindicaciones y aviso de huelga del 22 de mayo...

— El papel del Consejo Fiscal adquiere un gran protagonismo en la situación actual que vivimos, donde hemos dejado atrás una crisis tremenda. El Gobierno, con el resto de servidores públicos, ha llegado a acuerdos para reconocer sus condiciones y derechos y, sin embargo, nosotros, aquellos derechos de los que nos vimos privados, no los hemos recuperado. Mientras que con el resto de la función pública, Montoro anunciaba un gran pacto; en el caso de fiscales y jueces no se ha hecho nada. No es una lucha por dinero, sino por el reconocimiento de nuestras condiciones.

— ¿Molesta que desde diversos sectores se les juzgue como una protesta elitista?

— Fuimos la parte de la función pública a la que, en proporción, se le hizo una rebaja mayor del sueldo e, incluso, en comparación con otros funcionarios del mismo grupo. Pedimos que nos devuelvan lo que nos quitaron en 2010 como hicieron con el resto del sector público. Hay una Ley de Retribuciones de 2003 que regula los salarios de jueces y fiscales y en la misma se establecen las condiciones de actualización de los mismos y se prevé que cada cinco años se constituya una comisión integrada con representantes de Justicia, Hacienda, el CGPJ, Fiscalía General del Estado y representantes de asociaciones de jueces y fiscales. Esa mesa toca reunirse ahora y también tocó hace cinco años y jamás se convocó. Llevamos 11 años sin que esta mesa se convoque y es algo que se hace por ley. Queremos, simplemente, que el Ministerio de Justicia cumpla con la ley.

— ¿Es optimista?

— Lo soy como persona, pero como miembro del colectivo de fiscales no puedo serlo ya que nos niegan continuamente las reivindicaciones. Tenemos que mantener el calendario de movilizaciones porque no se nos está haciendo caso.

— ¿Qué determinación adoptará el Consejo Fiscal?

— El Consejo Fiscal en esta materia lo único que puede hacer es decirle a los ministerios de Justicia y Hacienda que tienen que cumplir la Ley de Retribuciones de 2003 y constituir la mesa. Esa medida la plantearemos en el próximo pleno que celebraremos, que está convocado, en principio, para el próximo 10 de mayo. Recuerdo que hace más de once años que no se cumple con esa obligación.

— ¿Cuándo cree que llegará el momento en el que la instrucción de una investigación la lleve el Ministerio Fiscal en España?

— Estamos en el mismo punto de siempre. Es un desiderátum –deseo jamás cumplido– que parece que es compartido por todos los partidos políticos y, de hecho, en la alternancia de grupos políticos en el Gobierno, los mismos han hecho sus propios anteproyectos de ley dando la investigación criminal al Ministerio Fiscal y, sin embargo, no ha salido adelante.

— Y, ¿por qué?

— Se trata de cambiar todo. En el resto de Europa sorprende que en España no sea el fiscal el que investigue. Es un trasvase de carreras entre la judicial y la fiscal y habría que aumentar las plantillas... No es una reforma sencilla, sino una estructural de base. No se trata de que el juez instructor se vaya de su despacho y llegue yo como fiscal instructora a hacerlo todo. La investigación en los delitos tiene que hacerse de otra manera, con unos tiempos razonables y que el fiscal la pueda dirigir actuando en equipo, designando a fiscales determinados para que lleven las pesquisas, etcétera. En este momento, las instrucciones se están eternizando y no se trata de cambiar a jueces por fiscales y que se siga dilatando todo, hay que variar muchas cosas más para que no duren demasiado tiempo. Esa es la finalidad principal.

«Pedimos que los Ministerios los cumplan la ley»

— La perpetuación genera muchos problemas...

— Efectivamente, el juicio llega diez años después, mucha gente ya no se acuerda de los hechos, no se localizan a los testigos... Ya no se trata de una justicia eficaz porque una justicia que llega diez años después, no es justicia. El acusado se beneficia siempre del retraso y cuanto más tarde, mejor para él. Nuestra Ley de Enjuiciamiento Criminal permite recurrirlo todo y esto alarga la instrucción, aunque es el derecho que tienen los investigados y que usan legítimamente, pero creo que hace falta una revisión de cómo se investigan los delitos y el papel que desempeña el Ministerio Fiscal.

— De nuevo, ¿es optimista?

— Como decía, soy optimista por naturaleza, pero luego los hechos me hacen ver la realidad. Con el PSOE había un anteproyecto interesante que no vio la luz y con el PP, al principio, hubo otro que está parado y que dicen se está trabajando en los textos y saldrá pronto a la luz. Ahora soy pesimista sobre que una reforma procesal del calado que precisa esto salga adelante. Necesita un pacto de Estado en el que todos los partidos se pongan de acuerdo y eso es una utopía ahora mismo.

— ¿Hay independencia en el Ministerio Fiscal?

— El Ministerio Fiscal ha sentado en el banquillo en numerosas ocasiones, por ejemplo, al Partido Popular. Nuestra normativa recoge los resortes suficientes para que podamos trabajar con autonomía frente a cualquier intromisión y hay varios ejemplos. Por nuestra regulación, tenemos autonomía garantizada frente a otros ministros fiscales europeos, gracias al famoso artículo 27, que nos permite ir a la Junta de Fiscalía a quejarnos en caso de problemas. Se puede mejorar y pedimos un estatuto orgánico que refuerce y garantice de manera más clara nuestra autonomía y que nos dé autonomía presupuestaria.

— ¿Y no cree que es un problema de falta de comunicación por parte del Ministerio Fiscal?

— Quizás pecamos un poco de no divulgar nuestra función y explicamos poco nuestras posturas procesales. En el caso de la Infanta, por ejemplo, la sociedad piensa que estamos mediatizados y hacemos lo que nos dice el Rey y, quizás, deberíamos haber divulgado más nuestra función.

— ¿Cuál es el estado de la salud del Ministerio Fiscal en Canarias?

— En general ha habido un gran avance en medios materiales si lo comparamos con otros lugares del país y tenemos la mejor aplicación informática. La Ciudad de la Justicia es fantástica, pero es verdad que en Lanzarote y Fuerteventura hay más carencias. En Fuerteventura es necesario que haya más espacio para trabajar. El problema también con las plantillas es que se crean juzgados sin sus correspondientes fiscales. En Fuerteventura, por ejemplo, se ha creado un juzgado de Primera Instancia e Instrucción que no lleva aparejada la creación de una plaza de fiscal y los compañeros que están ahí tienen que asumir esa carga extra de trabajo. Hemos luchado para evitar que esto suceda, sobre todo en casos como este y habrá que pedir una plaza de refuerzo. Ese problema se agrava cuando hablamos del equipo de funcionarios de la Oficina Fiscal, que lleva la mayor carga de trabajo y no se refuerza la plantilla.

Defensora de la carrera

La fiscal Rosa Rubio lleva desde abril de 1999 desempeñando su labor en Canarias y ahora mismo es la responsable del área Civil y de Protección de Personas con Discapacidad de la Fiscalía Provincial de Las Palmas. Esta vasca de nacimiento pero, canaria de adopción, ya ha estado en dos ocasiones anteriores en el Consejo Fiscal en las etapas de Jesús Cardenal y Cándido Conde-Pumpido como fiscales generales del Estado. Siempre ha estado vinculada con la defensa de la carrera en los temas asociativos y forma parte de la Asociación de Fiscales. En los últimos dos años también ha formado parte de su comisión ejecutiva.

Servicios sociales

Rosa Rubio confía en que se lleve a cabo una reforma en este área: «Tenemos una Ley de Servicios Sociales en el Parlamento de Canarias que va a ser muy importante y espero que cumpla con las expectativas. En esa ley se va a establecer con concreción la cartera de servicios que tendrá el ciudadano canario en lo que respecta a servicios sociales», dice.

Según la fiscal decana, «debería haber una mayor coordinación entre las administraciones públicas porque observamos que no existe o es deficiente», en lo referente a servicios sociales. «Los recursos son limitados, pero es urgente una coordinación entre las administraciones con competencias en servicios sociales ya que nos llegan muchos casos de personas que necesitan soluciones sociales».