Tribunales

La hija de una mujer discriminada en el franquismo cobrará una paga

20/02/2020

El Tribunal Supremo reconoció el derecho de una mujer grancanaria a recibir una pensión por la muerte de su madre, pensionista del extinguido Seguro Obligatorio de Vejez e Invalidez (SOVI), con lo que elimina una «discriminación indirecta por razón de género».

El pleno de la Sala de lo Social rectifica así su doctrina anterior y aplica por primera vez la perspectiva de género, de acuerdo con el principio de igualdad que emana de la Ley Orgánica para la Igualdad efectiva de hombres y mujeres. Y es que, según el alto tribunal, «ninguna duda cabe» sobre la obligación de jueces y tribunales de incorporar la perspectiva de género en lo que constituye su actuación como Poder del Estado, es decir, «en la interpretación y aplicación de las normas».

Es «incontestable» la abrumadora feminización de las pensiones de vejez del SOVI, añade la sentencia, que recuerda datos del Ministerio de Trabajo, Migraciones y Seguridad Social de octubre de 2019 que revelan que 234.853 pensiones de dicha naturaleza eran percibidas por mujeres, frente a 26.563 que lo eran por hombres. Para el Supremo, el principio de igualdad de trato exige eliminar no sólo la discriminación abierta, sino también toda forma de discriminación encubierta que, por la aplicación de otros criterios, lleve, de hecho, al mismo resultado.

En aplicación de tales criterios de género, el Tribunal Supremo llega a concluir que los criterios seguidos hasta la fecha para excluir tales prestaciones a favor de familiares de beneficiaria de Pensión del extinto SOVI, deben ser revisadas “puesto que los mismos han sido superados por la evaluación normativa experimentada, tanto en nuestro ordenamiento jurídico como en el Derecho Europeo e internacional al que el español está estrictamente conectado y vinculado”.

El Tribunal Supremo consolida así la orden de llevar a cabo un enjuiciamiento guiado por la perspectiva de género mediante el examen de la transversalidad del principio de igualdad a través de una normativa que acorde con los postulados impuestos por la Ley Orgánica 3/2007, de Igualdad Efectiva de Mujeres y Hombres, la cual supone un hito normativo que compele a los jueces tribunales a incorporar tal criterio de hermenéutica normativa. Señala la sentencia que no cabe duda alguna sobre la obligación de jueces y tribunales de incorporar la perspectiva de género en lo que constituye su actuación como Poder del Estado, esto es, en la interpretación y aplicación de las normas.

El Supremo rechazó el recurso presentado por el INSS y la TGSS contra una sentencia del TSJC. La actora demandante, hija de beneficiaria de jubilación SOVI fue asistida por el despacho de Abogados de José Ramón Pérez Meléndez, Alejandro Pérez Peñate, Ana Sagaseta y Antonia Santana Melián.