La fiscal vuelve a señalar a los acusados
Visto para sentencia el juicio por el caso Palmera. La representante del Ministerio Público ratificó sus peticiones de condena para Silverio Matos y Antonio Miguel Ruiz. El exalcalde dijo que no se arrepentía de nada y que «volvería a hacerlo»
Francisco José Fajardo Las Palmas de Gran Canaria
Jueves, 25 de octubre 2018, 10:13
Visto para sentencia el juicio que sienta en el banquillo al exalcalde de Santa Lucía, Silverio Matos, a su concejal de Urbanismo Antonio Miguel Ruiz y a los empresarios José Luis Alemán y Marcial Sánchez Franco. En la última sesión, la fiscal ratificó su petición de condena de ocho años de inhabilitación y las costas para los políticos, mientras que la acusación popular añadió la imputación a los dos empresarios. Por su parte, las defensas interesaron la libre absolución de sus patrocinados al entender que no cometieron ningún delito e hicieron prevalecer el interés general de municipio de Santa Lucía.
En su informe final, la fiscal volvió a arremeter duramente contra los políticos argumentando, entre otras cuestiones, que «al ingeniero que realizó el proyecto le dieron barra libre para que utilizara el terreno que quisiera», sin tener en cuenta que eso elevaría los costes a las arcas municipales, además de que se utilizó para el proyecto del parque eólico «el negocio jurídico de la permuta que, en este caso, no es posible puesto que los bienes tienen que estar tasados, algo que no se hizo y al ser los terrenos de un valor superior al 50%, se trataría de una compraventa». Sin esa pericial, «se tasaron los terrenos en un precio superior e insisto», añadió la fiscal, «hay desproporción en los mismos por lo que no se justifica la permuta».
También incidió en que «el dueño de la finca Doctoral 13 –donde se iba a instalar el centro de control– es el marido de una concejala y eso no se puede hacer. Este señor compró los mejores terrenos de la isla para el negocio eólico a un precio bajo y a cambio de un 9% de participación en la sociedad, que le reportaría importantes beneficios». Se preguntó que «¿Eran necesarios los 10.000 metros cuadrados de Doctoral 2 para el centro de control? No. Se hizo un contrato de 10.000 metros cuadrados cuando solo se necesitaban 150 que le hubiesen costado al Ayuntamiento 6.000 euros».
Por último, la representante del Ministerio Público incidió en que «no se puede echar la culpa a la secretaria del Ayuntamiento cuando los responsables de todo fueron el alcalde Matos y el concejal de Urbanismo Ruiz».
