La Audiencia Provincial absuelve a los cuatro acusados del caso Brisan

04/10/2019

El fallo avala las tesis de las defensas y considera que no se acreditó una supuesta confabulación entre el concejal Troya y el empresario Morales con la supuesta connivencia de los interventores.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial de Las Palmas, con el magistrado Carlos Vielba como ponente, no ha considerado acreditada la existencia de una trama de facturas falsas en el Ayuntamiento de Santa Brígida durante los mandatos del Partido Popular (PP) entre los años 2000 y 2006, en el conocido como caso Brisan.

El fallo avala las tesis planteadas por los letrados María del Pino López, Agustín Santana, Luis Val y José Antonio Fleitas, que en la vista oral interesaron la libre absolución de sus patrocinados al entender que los hechos imputados por la Fiscalía Provincial no se ajustaban a la realidad. El mismo exonera de cualquier responsabilidad penal a Luis Troya, concejal de Vías y Obras en la época de los hechos; al empresario Pedro Morales, dueño de la ferretería que, según el Ministerio Público, facturó por servicios no realizados en connivencia con el edil, y a los interventores accidentales Santiago y Jacinto Hernández, a quienes se les acusaba de no haber puesto reparos a estas operaciones presuntamente fraudulentas.

La Sala entiende que no se ha acreditado esa supuesta confabulación entre edil y empresario –que en la actualidad es su suegro– para defraudar y lucrarse de las arcas públicas, ni tampoco la falsedad de las facturas, ni que los servicios no se prestaran, ni que las mercancías no se entregaran. Es más, según la prueba practicada, los testigos han demostrado «justo lo contrario» que sostenía en su acusación el Ministerio Fiscal.

La Sección Sexta además es beligerante con el escrito de calificación formulado por el Ministerio Público y detalla que se trata de un «relato genérico» de los hechos plagado de imprecisiones y que no relaciona documento a documento las facturas a las que atribuye la falsedad por servicios de transporte que, según la acusación, no fueron prestados. «No se aportan vales ni albaranes que determinen la emisión de las facturas. Mal cabe tachar de mendaces unas facturas cuando los documentos en los que se basa no se aportan. No se identifica ni una firma falsa», reza la resolución judicial. La misma se detiene en enumerar fallos en el escrito del fiscal como, por ejemplo, referirse a euros cuando se habla de pesetas y defiende que los testigos han desmontado la tesis de la falsedad de la única factura firmada por Troya que se concreta en el escrito de acusación.

Los magistrados Emilio Moya, Carlos Vielba y Oscarina Naranjo no dan validez como prueba de cargo el elevado número de firmas del concejal acusado, al desconocer el funcionamiento interno del Ayuntamiento, si existía una Relación de Puestos de Trabajo e, incluso, el número de concejalías y oficinas gestoras.

La sentencia señala, además, que la ferretería de Morales venía siendo proveedora del Ayuntamiento «mucho tiempo antes» de que Troya accediera al gobierno municipal.