Juzgan a un guardia civil por violencia de género contra una compañera

14/10/2019

La agente denunciante dijo que había mantenido una relación sentimental con su compañero y tras romper, sufrió maltrato habitual, amenazas y lesiones. El caso quedó visto para sentencia

El Juzgado de lo penal número 5 de Las Palmas de Gran Canaria celebró esta semana un juicio en el que una agente de la Guardia Civil acusaba a otro compañero del mismo cuerpo de violencia de género, maltrato habitual, amenazas y lesiones, interesando su defensa una pena total de ocho años de prisión y 30.000 euros de indemnización. En este procedimiento, que está pendiente de sentencia, el fiscal Antonio López no formuló acusación solicitando la libre solución del agente investigado, al igual que la defensa, que insistió en la inocencia del agente.

La agente de la Guardia Civil declaró en la vista que mantuvo «una relación sentimental» con el acusado desde finales del año 2012 hasta 2013 y durante la misma, sufrió presuntas agresiones psicológicas en modo de «vejaciones, coacciones y amenazas», además de dos agresiones físicas de las que una de ellas «se produjo en el entorno laboral». Además, aseveró que el agente denunciado realizaba sobre ella un «control constante de su teléfono móvil», actuación que se extendió en el entorno familiar y privado así como en el ámbito laboral en el cuartel de Santa María de Guía, tras la ruptura de la relación y hasta el año 2016.

Así, relató en la vista que donde coincidían, la perseguía y le decía que o estaba con él o él estaría contra ella. Dicho presunto acoso llegó a «evitar y coartar la comunicación con compañeros de la agente denunciante», afirmó la acusación particular. También narró que la expareja y compañero de cuartel mostraba hacia ella una actitud «desafiante y controladora», con «estallidos de cólera si era contradicho o simplemente descubierto en falsedades o mentiras», unas situaciones que se repetían tanto dentro del domicilio de la denunciante como fuera del mismo. «Me amenazó con destruir mi vida», declaró la agente, mientras explicó que estos hechos le habían provocado una situación de daño psicológico que le llevó a necesitar tratamiento hasta la actualidad.

Según intentó acreditar esta acusación, el agente de la Guardia Civil mediante «actos directos, incluso delante de compañeros», y con el ánimo de «coartar su libertad, menoscabar su integridad profesional, perjudicar su trabajo y la consecución de que ésta solicitara una nueva vacante» en otro destino, procedió con «amenazas directas» hacia la agente en el entorno laboral, «aduciendo que iba a acabar con ella y a hundirla». En ocasiones, estas supuestas actuaciones las realizó «aprovechando la nocturnidad y las situaciones en que la denunciante no estaba acompañada en el servicio» como agente, en las dependencias del puesto de la Guardia Civil de Guía o en la entrada a los vestuarios femeninos de dicha instalación.

Sostuvo esta parte en su acusación que el agente intentó «imponer su dominio y control sobre la libertad de hablar o actuar de la denunciante» sin miedo a mostrar «públicamente» dichas actitudes». Y todo ello en un «régimen militar y jerárquico» en el que «testigos han mentido en sede judicial, negando una relación que era pública y notoria» y que además había sido objeto de «conversaciones entre los propios testigos y la denunciante». La acusación indicó que su clienta «tuvo que soportar persecución y gritos por parte del denunciado al darse novedades del servicio dado que no fue atendida su solicitud de alejamiento solicitada al Coronel Jefe».

El denunciado, según esta parte, dio «distintas versiones» durante la instrucción del caso «de su relación con la denunciante», pasando de ser «una mera compañera de trabajo con la que no tenía ningún tipo de relación» a ser una «compañera de trabajo con la que mantenía relaciones sexuales esporádicas», o que solo quedaba con ella «para ir a la playa, al cine», a su casa, a un hotel «sólo una noche», o a «jugar al pádel» con sus amigos.

En la vista, la acusación particular presentó como prueba un informe del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas en el que se determina que el testimonio de la denunciante «es coherente y mantenido sin dobleces y que en nada se atisba engaño en su discurso» y un informe clínico que determina «un empeoramiento de su salud física y psicológica», por lo que en la actualidad precisa de «asistencia psicológica y cardias laxo en tratamiento».

Por su parte, la defensa del Guardia Civil acusado negó en la vista todos los hechos denunciados y expuestos por la acusación particular.