El TSJC también se enfunda los EPI

Se dio la circunstancia de que solo la magistrada Margarita Varona y la letrada Isabel Morales desistieron del uso de las clásicas togas, como así permite de forma excepcional por esta pandemia del coronavirus el Consejo General de Poder Judicial (CGPJ).

Durante la vista, el letrado expuso los motivos de su apelación en los que, a grosso modo, argumentó que el fallo había vulnerado el derecho a la presunción de inocencia de su cliente, mientras que Garrido consideró justa y bien fundamentada la sentencia condenatoria.

Hay que recordar que la sentencia apelada condenó en diciembre de 2019 al quiromasajista Juan Pablo García Báez por un delito continuado de abuso sexual a menor de 13 años a diez años y un día de cárcel, un alejamiento por 15 años y la imposibilidad de comunicares con la víctima durante el mismo tiempo. Además le penó a siete años de libertad vigilada y a la inhabilitación especial para cualquier profesión u oficio, retribuido o no, que conlleve el contacto regular y directo con menores de edad durante 13 años.

Todo ello, después de que la Sala considerase probado que Juan Pablo García, que se dedicaba desde 2006 a dar masajes en un local de Salto del Negro, en Las Palmas de Gran Canaria, recibiera la visita de la víctima, que entonces tenía 12 años, para que el acusado le diera un masaje por unas dolencias.

Así, aprovechando su condición de quiromasajista y la ausencia del padre del joven, en 2013, tras una primera sesión en la que no pasó nada, en la segunda y en la tercera ocasión le pidió al menor que se quitara el calzoncillo, tocándole la zona del pubis que era donde tenía la dolencia. Sin embargo, en las siguientes veces, y al menos en tres ocasiones más, el acusado masturbó al menor y le hizo felaciones, llegando en una ocasión a hacerle una felación el menor al acusado. En todas estas situaciones, el quiromasajista le decía al menor que eso era normal y que no pasaba nada.

El Gobierno reanudará el 4 de junio los plazos procesales en todos los órganos jurisdiccionales, que se vieron suspendidos con la declaración del estado de alarma. El acuerdo aprobado por el Consejo de Ministros también contempla que se derogue la disposición adicional tercera del decreto relativa a plazos administrativos, que se retomarán el 1 de junio.

De este modo, esta quinta prórroga del estado de alarma que el Gobierno prevé aprobar presenta algunas «novedades» como que «vuelvan a contar» también los plazos de prescripción y la caducidad de derechos de acciones y los plazos administrativos. Así, ante el parón el Ministerio ha preparado su Esquema de Seguridad Laboral y el Plan de Desescalada, que prevé la «reincorporación programada» del personal.

La reactivación de los plazos procesales implica que los jueces y magistrados vuelvan a señalar los juicios y vistas que tenían programadas. Para evitar el colapso, el órgano de gobierno de los jueces ha instado a los miembros de la carrera judicial a concentrar en agosto y a comunicar a las partes los señalamientos para dicho periodo con la «suficiente antelación, preferiblemente antes del 15 de junio».