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El fiscal eleva de 3 a 5 años su petición de pena al policía

El fiscal eleva de 3 a 5 años su petición de pena al policía

El fiscal modificó este miércoles sus conclusiones en el caso del policía autonómico acusado de mobbing y elevó de tres a cinco años de cárcel su petición de condena para el exsubinspector Carmelo Sosa, al considerar que, además de acoso laboral, había cometido dos delitos de lesiones. Las forenses acreditaron secuelas en los dos agentes.

Antonio F. de la Gándara

Jueves, 1 de enero 1970

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El fiscal Miguel Pallarés modificó este miércoles las conclusiones en las que pedía tres años de cárcel para el exsubinspector de la policía autonómica canaria Carmelo Sosa Déniz como presunto autor de sendos delitos de acoso laboral (mobbing) sobre otros tantos agentes y elevó a definitiva una petición que implica un total de cinco años de prisión para el agente, al apreciar, además de los delitos de acuso, sendos delitos de lesiones, concretados en las secuelas psicológicas que, según las médicos forenses y los peritos de parte, arrastran hoy en día los denunciantes.

La magistrada titular del Juzgado de lo Penal número 5 de Las Palmas dejó ayer visto para sentencia, tras tres intensas y complejas jornadas, la vista oral del juicio que se sigue contra Sosa Déniz, de 48 años, hoy jubilado por incapacidad laboral permanente. El Supremo acaba de confirmar la sentencia que le condenó a cuatro años de cárcel por falsedad documental y lesiones en el caso ladrillo (lesionó a un agente para imputarle esas lesiones a una persona que había sido detenida sin justificación).

Las restantes partes personadas en el juicio elevaron a definitivas sus conclusiones: los abogados de la acusación particular José Manuel Rivero y María de los Ángeles Ramos, en representación de las presuntas víctimas E.D.B. y J.G.A., respectivamente, confirmaron su petición de una condena de cinco años por acoso y lesiones e indemnizaciones que rozan los 300.000 euros, con responsabilidad civil subsidiaria del Gobierno de Canarias. El abogado del imputado, Javier Guerra, confirmó su petición de un fallo absolutorio al entender que no se habían probado los cargos, y el abogado que representa los intereses de la Comunidad Autónoma, Javier Bordonau, rechazó que los denunciantes tuvieran derecho a indemnización.

El fiscal aumentó su petición de condena tras escuchar los informes periciales, especialmente los de las forenses imparciales que consideraron acreditadas las secuelas psicológicas por acoso laboral de ambos denunciantes.

tres médicos imparciales

Las médicos forenses Iraya Batista y Marisol Heredia certificaron que el exagente E.D.B. –hoy incapacitado de por vida para ejercer como policía– sufre un «trastorno adaptativo mixto crónico» coherente con una vivencia de acoso laboral. La también forense Eva Bajo expuso que J.G.A. sufre el mismo trastorno y ha evidenciado episodios de somatización que no se pueden simular.

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