Tribunales

Cuestionan la validez de la prueba principal de la investigación judicial

03/06/2020

Los abogados de los tres acusados de haber, presuntamente, intentado descargar un cargamento de 56 kilos de cocaína en el Muelle de La Luz, cuestionaron ayer la imposibilidad de valorar como prueba los fotogramas y los vídeos de las cámaras de seguridad aportadas como pruebas por la Guardia Civil al procedimiento sin «control judicial y sin respetar en principio de contradicción», sostuvieron en las cuestiones previas del juicio celebrado ante la Sección Sexta de la Audiencia Provincial.

Armando Martín, Miguel Ángel Pérez Diepa y Juan Betancor coincidieron en señalar al respecto de las pruebas principales, que era «reprochable jurídicamente hablando la falta absoluta de control judicial sobre las garantías constitucionales de las grabaciones» que constaban en el procedimiento.

Insistieron en que no hubo un control de la «integridad de la grabación» entendiendo «lesionado el derecho fundamental de defensa de los acusados».

Por su parte, el fiscal Javier García Cabañas mostró su disconformidad con este planteamiento y afirmó que la cuestión formulada por las defensas «no es un problema de validez sino de simple fiabilidad de la prueba y eso debe de quedar a criterio de la Sala», determinó.

En esta primera sesión del juicio, celebrada bajo estrictas medidas de seguridad e higiene, los tres acusados negaron todos los hechos e incluso afirmaron que no se conocían entre sí. Mientras, investigadores y operarios del Muelle apoyaron la tesis de la Fiscalía detallando que los procesados habían urdido un plan con otras personas no identificadas para descargar de un contenedor la droga con la ayuda de un portuario dentro de la terminal de Opcsa.

Desinfección profunda.

Esta primera jornada del juicio tuvo como una de sus protagonistas a la operaria del servicio de limpieza que se encargó de desinfectar el estrado cada vez que un testigo comparecía ante el tribunal. El tribunal y las partes estaban todas separadas entre sí por mamparas de metacrilato y todos prescindieron de uso de sus respectivas togas. Además, no hubo público en la sala sino policía y periodistas.

Nueve años de cárcel.

El fiscal Javier García Cabañas acusó a estas tres personas por un delito de tráfico de drogas y pide para ellos penas de nueve años de cárcel, multas de cinco millones de euros e inhabilitación para trabajar en transportes, puertos o muelles. Ayer insistió en desmontar la tesis de los procesados intentando demostrar que la presencia de ellos en la investigación no fue casual y estaban compinchados para dar el golpe.

Tesis de la defensa.

Los tres abogados, expertos reputados en este tipo de delitos, insistieron en que la prueba principal que eran las imágenes captadas por las cámaras de seguridad, no se había incorporado al procedimiento de forma legal. Además, también sostienen que, el cualquier caso, el delito no fue consumado, sino en grado de tentativa, por lo que las penas deberían verse rebajadas de forma sustancial.