Condenan a una aseguradora por su «temeridad» al negarse a pagar un accidente

13/02/2020

El Juzgado de Primera Instancia Nº2 de Las Palmas de Gran Canaria ha condenado a una compañía aseguradora a pagar los honorarios del abogado y procurador de la parte contraria en un juicio verbal por accidente de tráfico, basándose en su «temeridad o mala fe» al negar su responsabilidad en el siniestro sin «justificar de forma mínima su posición».

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Así lo ha informado el Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) en una nota de prensa en la que agrega que la propia sentencia detalla que el caso no revestía mayor complicación.

En concreto, se trataba de unos daños tasados en 495,50 euros, presuntamente causados por una conductora al colisionar con su turismo contra una moto cuando maniobraba en salida de aparcamiento callejero en la Avenida de Rafael Cabrera de la capital grancanaria, ya que dio marcha atrás y chocó contra una moto, tirándola.

Por su parte, la conductora se fue del lugar en su coche sin dejar señas ni dar mayor explicación, pero un testigo lo vio todo, tomó su matrícula y se la proporcionó al dueño de la motocicleta, que denunció el caso.

El fallo recoge que «frente a tales pretensiones se opone la parte demandada negando la realidad del siniestro y en consecuencia su realidad. De forma incomprensible, la parte demandada no propone más prueba que el interrogatorio del actor -el conductor de la motocicleta- que no vio el accidente y no se propone testifical por parte de la demandada -la aseguradora- que pueda justificar de forma mínima su oposición».

«Únicamente -continuó la sentencia- se puede tener en cuenta la declaración testifical propuesta por la parte actora, testigo presencial que acredita cumplidamente la forma en la que se produce el accidente y en consecuencia los daños que se reclaman, por lo que debe en consecuencia estimarse la demanda».

Por su parte, «a modo de reflexión», el magistrado ha recordado en la fundamentación del fallo que, según estudios publicados por el Consejo General del Poder Judicial en 2008, el «coste social» de un proceso verbal -es decir, «lo que soportan todos los contribuyentes por poner en marcha la maquinaria judicial»-, era a principios de la pasada década de 2.610 euros, cifra que con toda seguridad en la actualidad «será mayor».

En este sentido, agrega que el hecho de que las compañías mantengan litigios por determinadas consecuencias derivadas de accidentes de tráfico de escasísima cuantía, cuando el accidente se cuestiona sin una mínima base que justifique tal posición, «como en el presente caso», «constituye cuanto menos un abuso del proceso determinante de un daño para los intereses generales que puede dar lugar a responsabilidad, pues tienen a su alcance otros métodos de realizar el valor de lo justo en cada caso concreto mucho más barato, mucho más rápido y menos gravoso para las arcas publicas, como puede ser la mediación, cuyo uso ni siquiera intentan».

Asimismo, el magistrado entendió que al estimarse la demanda se produciría una «automática condena» en costas para la parte aseguradora, pero no en lo referente al pago de los honorarios de abogado y procurador de la parte contraria, al tratarse de procesos en los que su presencia no es preceptiva. «Pero esto sería en el caso de que no se apreciara temeridad o mala fe», matizó.

«En el presente supuesto, debe apreciarse temeridad en la oposición de la parte demandada, no sólo en base a los argumentos ya expuestos, sino en la consideración que la oposición formulada carece del más mínimo sustento probatorio que la justifique», concluyó.