Anulan la pena a dos camellos

06/01/2018

Los pillaron con 20 kilos de hachís, pero en la causa no se aportaron las justificaciones para intervenir sus teléfonos. «metástasis procesal», o lo que es lo mismo, proceso viciado, nulo. La Audiencia ha revocado las condenas, que llegaban a cuatro años y ya se estaban cumpliendo.

La Sección Sexta de la Audiencia Provincial ha revocado la sentencia del Juzgado de lo Penal número 4 de Las Palmas que en octubre del año pasado condenó a penas de entre cuatro y tres años de cárcel a Carlos C.R. –ya condenado en otra ocasión por drogas– y Juan Antonio L.R. dos vecinos de Gran Canaria de 34 y 48 años, respectivamente, que en mayo de 2016 fueron sorprendidos in fraganti cuando se disponían a enviar por mensajeros una supuesta caja de «turba y macetas» que en realidad contenía 19.5 kilos de hachís.

La Sala ha estimado las alegaciones presentadas por el abogado Juan Jacob Betancor Sánchez y ha declarado el proceso viciado de nulidad, al apreciar que en la investigación, abierta por deducción de testimonio de otra causa (es decir, un Juzgado estaba investigando un delito y se encontró supuestamente con otro, así que ordenó abrir una nueva causa que cayó en otro juzgado) no se incorporaron lo oficios policiales que justificaban la intervención de teléfonos que permitió descubrir la operación.

El magistrado ponente de la apelación, Carlos Vielba, recuerda que la exclusión de una prueba ilícita del material valorable por el órgano decisorio «forma parte del patrimonio jurídico de los sistemas democráticos» e, invocando la jurisprudencia del Supremo, subraya: «La incorporación de un acto lesivo de los derechos fundamentales al conjunto probatorio que ha de ser apreciado por el órgano sentenciador acarrea el riesgo de una metástasis procesal».

Mensajeros

La sentencia ahora anulada había declarado probado que, en la primavera de 2016, los dos acusados «prepararon un envío de hachís a La Palma» desde Gran Canaria, y para ello acudieron a una firma de servicios logísticos en Jinámar con una caja «en la que debía de ir una cortadora de césped». En su lugar se habían camuflado 22 pastillas de hachís con un peso total de 19,523 gramos en concepto de «palets de turba y macetas».

«Tal envío no fue tramitado, gracias a la rápida intervención de la Policía Nacional»; decía la sentencia original, «que logró interceptar la mencionada mercancía». Al día siguiente, se registró el domicilio de Carlos C.R. y se hallaron otros 159 gramos de hachís, además de 3.700 euros «fruto de ventas de hachís anteriormente realizadas».

La «rápida intervención de la Policía» traía motivo de que los traficantes estaban siendo investigados en otro proceso, pero –aquí está la clave–, la incoación del nuevo caso no vino acompañada de la remisión de los testimonios, los informes policiales, con los que se explicaba por qué se habían intervenido inicialmente los teléfonos. Es decir, «no se recogía ningún dato fáctico concreto que pudiera servir para justificar la medida de intervención de teléfonos»; tal y como exitosamente alegó la defensa en la fase de apelación.

La Audiencia es rotunda a la hora de recordar que la norma es clara: el pleno no jurisdiccional del Supremo de 26 de mayo de 2009 estableció expresamente la obligatoriedad de aportar los testimonios en causas desgajadas, y la modificación de la Ley de Enjuiciamiento Criminal de octubre de 2015 –anterior a la apertura el caso– que alumbró el vigente código procesal penal, fortaleció las garantías precisamente para hacer obligatoria esta incorporación de los justificantes a las piezas separadas.