Tribunales

Absueltos los cuatro acusados en el caso Palmera

31/10/2018

La Audiencia Provincial de Las Palmas ha absuelto al exalcalde de Santa Lucía de Tirajana (Gran Canaria) Silverio Matos (NC), a su concejal de Turismo Antonio Miguel Ruiz Pérez y a los empresarios José Luis Alemán Suárez y Marcial Sánchez Franco, todos ellos procesados en el llamado caso Palmera.

El fallo considera que las decisiones que tomaron en el Consistorio para optar al concurso eólico convocado por el Gobierno canario en 2004, «sirvieron al interés general» y además, «no sólo no ha quedado acreditado que dicha operación ocasionase un perjuicio patrimonial al Ayuntamiento de Santa Lucía de Tirajana», añade, sino al contrario, «el citado proyecto era muy beneficioso económicamente para el Ayuntamiento, que habría obtenido cuantiosos beneficios no sólo económicos, sino de obtención de energía limpia y renovable, de no haberse anulado el concurso y haber sido adjudicatarios», resalta la Audiencia.

La sentencia, redactada por el magistrado Secundino Alemán, estima probado que no hay pruebas para condenar a los políticos y a los empresarios, quieres «actuaron plenamente convencidos del enorme beneficio para interés general del municipio al que representaban supondría resultar adjudicatarios en el concurso y con el proyecto eólico presentado». No solo no se ha demostrado que el Ayuntamiento santaluceño fuera a sufrir un quebranto patrimonial como consecuencia de los acuerdos de permuta de los terrenos de José Luis Alemán y Marcial Sánchez, sino todo lo contrario, puesto que «la suscripción de los convenios base supusieron un desequilibrio económico muy sustancioso en beneficio del Ayuntamiento y en perjuicio de los particulares».

Tampoco considera probado la Sección Primera que los empresarios investigados se hubiesen valido de información privilegiada desde el Consistorio, sirviéndose de la colaboración de la mujer de Marcial Sánchez, que era concejala del grupo de Gobierno de Silverio Matos.

A la hora de valorar el posible delito de prevaricación por el que los encausados estaban también acusados, el magistrado Secundino Delgado expone que la decisión adoptada por la comisión de Gobierno del Ayuntamiento de Santa Lucía en enero de 2005 y con carácter de urgencia de llevar a cabo una permuta de unos terrenos privados para construir un parque eólico público, «no solo es defendible mediante criterios de interpretación válidos jurídicamente, sino que respondía únicamente al interés general, lo que la sitúa justo en el lado contrario a la arbitrariedad en el ejercicio de la función pública».

La Audiencia reconoce al final de su sentencia que los acusados han sufrido «un daño» en forma de «pena de banquillo» por «tan largo procedimiento de investigación», aunque reconoce que no está en su mano repararlo más allá de declarando las costas de juicio de oficio.

La fiscal Elena Herrera había solicitado ocho años de inhabilitación para ejercer cargos públicos para Silverio Matos y su concejal Antonio Ruiz, al considerarles responsables de un delito de prevaricación. La acusación popular ejercida el exconcejal de Santa Lucía, Rufino Pérez, añadía para Matos la acusación de un delito de abuso de la función pública, con una condena de seis años de cárcel. Esta parte interesaba para los empresarios Alemán y Sánchez, un año de cárcel y 765.023 euros de multa por tráfico de influencias.

El interés de Rufino Pérez era «solo político».

En lo que se refiere a lo expuesto por parte de la acusación popular contra los procesados respecto al delito de prevaricación, el ponente se pregunta «qué información privilegiada se les suministró por parte del alcalde y el concejal» a los empresarios investigados, «ni cuál es la base probatoria de tal temeraria afirmación», sostiene. «El hecho de que elevasen a escritura pública el día anterior a la aprobación del convenio la adquisición de la parcela Doctoral 11, ni supone ninguna irregularidad en sí misma, ni qué decir tiene que hipotéticamente y a lo sumo se podría haber planteado que se sintieron engañados los transmitentes, pues de esa forma quedaron imposibilitados de concurrir al proyecto con el Ayuntamiento, lo que ni siquiera ha acontecido», añade.

De la misma manera, el tribunal no «alcanza a comprender» de dónde extrae la acusación popular «esos beneficios de más de cuatro millones de euros» que iba a obtener el parque eólico, «ni de donde extrae una vida útil de 40 años del complejo» que se iba a construir en las parcelas del convenio. La pretensión de condena sostenida en exclusiva por la acusación popular, «no merece mayores consideraciones jurídicas por su absoluta falta de fundamento», detalla y hace alusión a la declaración del acusador Rufino Pérez, que no «proporcionó ningún dato objetivo mínimamente contrastable» en aras a sostener su denuncia y su personación como acusador popular: «Su interés en denunciar unos hechos heterogéneos era político».