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Otro de los motivos de la concentración de este martes es llamar la atención sobre el previsible incumplimiento del mandato de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social que establece el 4 de diciembre de 2017 como límite temporal para que todos los productos, bienes, entornos y servicios sean accesibles.
Parece que el incumplimiento será evidente y Juan Carlos Hernández, de Cocemfe Canarias, advierte que «a partir de ese momento cada uno podrá presentar sus denuncias ante las situaciones que se les presenten en el día a día». La organización insta a los ayuntamientos a «tomarse en serio» la necesidad de eliminar las barreras arquitectónicas y a adoptar medidas urgentes para acabar con ellas, al tiempo que recuerda que el plazo recogido en el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, para que todos los edificios fueran completamente accesibles a las personas con discapacidad finaliza el 4 de diciembre. Por ello, denuncia que, a menos de un mes para que expire el plazo, «no existe posibilidad alguna» de que las diferentes administraciones cumplan, en su conjunto, el mandato de la Ley General de Derechos de Personas con Discapacidad. La asociación cree que en cuatro años, desde la aprobación de la Ley y hasta la finalización del plazo previsto en su Disposición Transitoria Tercera, se debería haber hecho «mucho más» por acabar con las barreras arquitectónicas de lo que «realmente se ha hecho», a la vista de la cantidad de barreras que «aún existen en casi todas las ciudades».
Para FACUA, el principal objetivo de la norma de conseguir que todas las edificaciones contaran con la condición indispensable de accesibilidad universal, interviniendo no sólo en los edificios, sino también en los entornos, «está muy lejos de haberse conseguido».
Y es que los datos hablan por sí solos. El 70% de los cerca de 4 millones de personas con discapacidad que hay en España tienen problemas de movilidad, el 69% de las personas con discapacidad tienen dificultades de acceso a actividades de ocio y culturales, el 58%para salir de casa, el 41% para acceder a un empleo, el 35% para acceder a edificios y el 34% para utilizar el transporte. Añadiendo que el 40% de los hoteles y restaurantes supuestamente accesibles no lo son, que solo un 18% de las casas rurales de España cuentan con habitaciones adaptadas e instalaciones accesibles a personas con movilidad reducida y que en el último censo de viviendas, solo el 22,9% de los edificios eran accesibles.
Por su parte, FACUA-Consumidores en Acción denunció ayer la falta de sensibilidad que han mostrado algunos gobernantes hacia las personas con discapacidad.
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