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La intervención temprana es «imprescindible» y hacia ahí debe moverse el foco. Además, el «cambio de perfil de las y los menores, con un incremento de adolescentes femeninas con problemas de comportamiento, adicciones y enfermedades de salud mental» obliga a «dotar de recursos al sistema de protección. Un sistema, por otro lado, «que no las está protegiendo del riesgo de explotación sexual».
Esas son algunas de las líneas que traza el segundo informe Cunina 'Geografía de un abandono. Sombras que deslumbran', coordinado por Begoña Vera y Carla Zabaleta y que se presentó ayer en la Casa de Colón. En el primer estudio «se visibilizó las múltiples violencias sufridas en la infancia de las 194 mujeres protagonistas» de la investigación, «Uno de los resultados patentes fue que únicamente el 3,1% de las mujeres reconocían no haber sufrido abusos sexuales; el 46,4% declaraba que sí, y del 50,5% restante, los datos reflejaban que habían vivido situaciones traumáticas en la infancia». Y llamó la atención «que en el 14,4% de los casos, 28 mujeres, pasaron parte de su infancia en el sistema de protección, y esta situación se repitió en sus hijas e hijos, en cinco de cada diez».
Por eso decidieron analizar qué pasaba en los sistemas de protección de menores. «Los perfiles han cambiado. Además de menores con historias de abandono y abusos familiares, existe una nueva realidad cada vez más patente. Preadolescentes y adolescentes con parentalidad ausente que ingresan tarde en el sistema».
Las expertas señalan que «las redes de explotación buscan los caminos más fáciles y encuentran a sus víctimas en centros de protección a los que incluso usan como recurso residencial de niñas, niños y adolescentes. Encontrar a sus víctimas entre esta infancia es más fácil dadas sus múltiples vulnerabilidades: psicológica, emocional y económica», señala el informe que, además, recomienda al Gobierno canario que cambie de estrategia. «Preadolescentes y adolescentes con dificultades de conducta conviven en el mismo centro retroalimentándose creando auténticos gueto de adolescentes vulnerables de fácil acceso y localización. Es necesario descontextualizar a estas menores y buscar otras alternativas».
Para las coordinadoras de este informe, que ha contado con la ayuda del Pacto de Estado contra la Violencia de Género y la colaboración del Instituto Canario de Igualdad, la Concejalía de Igualdad del ayuntamiento capitalino con el paraguas del programa Daniela de las Oblatas, «es importante que la infancia ocupe un lugar prioritario en la agenda social».
Begoña Vera reivindica «un pacto social», y también espera que la sociedad se «sienta corresponsable» de estas menores. «Nos resulta tremendamente duro asumir que tenemos una sociedad que no sabe proteger a sus menores y ante esto preferimos negarla y pensar que no ocurre. Tenemos una sociedad en la que los menores están en peligro. Tenemos una responsabilidad colectiva, la sociedad hace oídos sordos», señala una de las trabajadoras entrevistadas en esta investigación.
A las instituciones se les recomienda que modifiquen su modelo de intervención dado que no está dando resultado. Y es que al cumplir los 18 años «salen del sistema», lo que implica, en muchos casos, abandonarlas sin alternativa. «La consecuencia es que antes de verse abocadas a la indigencia se emparejan con hombres de dudosas intenciones, mucho mayores que ellas. Es una cuestión complicada de abordar, una realidad que está muy oculta», señala otra trabajadora en el informe.
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