La Guardia Civil zanja que Sanidad era consciente del «riesgo» del virus desde enero

04/06/2020

Los agentes aseguran que está «acreditado» que la Delegación del Gobierno en Madrid conocía del peligro del coronavirus tres semanas antes de las manifestación

La Guardia Civil ha remitido a la juez madrileña Carmen Rodríguez-Medel su segundo atestado sobre la denominada ‘Operación Sanitario’, la investigación sobre la manifestación del 8-M y la propagación del virus. En ese informe, elaborado el 1 de junio, los investigadores zanjan que los responsables de Sanidad eran plenamente conscientes del riesgo que comportaba el coronavirus y su llegada a España desde enero y que, a pesar de ello, no pusieron objeciones a la celebración de los actos multitudinarios de ese fin de semana.

La Policía Judicial afirma que el principal «dato de interés» del interrogatorio de responsables del ministerio es la «prontitud» con la que éstos «apreciaron la importancia de posibles riesgos derivados de la Covid-19». Según los investigadores, Sanidad era consciente del peligro de la transmisión del virus en España casi dos meses antes de la marcha feminista, hasta el punto de que «ya en enero de 2020» Sanidad «emitió «protocolos específicos e informaciones de distinto orden» para, entre otros asuntos, comenzar «el control de distintos pasajeros en fronteras» y hacer videoconferencias internacionales para tratar el tema de la epidemia.

Además, sostiene la Guardia Civil, en febrero de 2020, Sanidad envió de forma «masiva» a través de los correos electrónicos corporativos «recomendaciones» a todos sus trabajadores para extremar la autoprotección ante el virus. Ese protocolo, afirma el informe, fue elaborado por el departamento de prevención de riesgos laborales del ministerio.

El atestado, de 295 páginas y al que ha tenido acceso este periódico, será probablemente el último que reciba Rodríguez-Medel antes de interrogar al delegado del Gobierno en Madrid, José Manuel Franco, que declarará como imputado el próximo 10 de junio. Precisamente, los agentes en este mismo informe de diligencias y tras volver a analizar multitud de noticias de prensa, sostienen a estas alturas de la investigación está «acreditado» el «conocimiento, por parte de los máximos responsables de la Delegación del Gobierno en Madrid, de los riesgos relacionados con el Covid-19« tres semanas autorizar la celebración de la manifestación feminista.

«Principios de febrero»

Los investigadores relatan que el propio jefe del servicio de prevención de riesgos laborales de la Delegación del Gobierno ha admitido en los interrogatorios que «a principios de febrero de 2020» empezaron a recibir información relacionada con el Covid-19 y que durante los días siguientes se sucedieron las reuniones, algunas a instancias de los sindicatos, para poner en marcha inicativas de autoprotección que «incluían medidas de higiene y de distanciamiento social de 1 a 2 metros». El 28 de febrero ya había un protocolo interno insistiendo en la necesidad de la separación entre personas, que se distribuyó de manera masiva entre el personal de la delegación el 2 de marzo.

Este nuevo atestado incluye igualmente como prueba el vídeo hecho público por ABC esta semana en el que la ministra de Igualdad, Irene Montero, durante una charla off the record con una periodista de la televisión vasca EITB reconocía que el pinchazo en la manifestación feminista había sido por el temor a la Covid y que ella misma había sentido miedo cuando la gente le besaba y abrazaba durante la marcha. Los agentes del instituto armado incluyen trascrito íntegro el diálogo de la dirigente de Podemos.

Críticas a Simón

Los agentes además en su informe se muestran muy críticos con Fernando Simón, el director del Centro de Coordinación de Emergencias y Alertas Sanitarias, hasta el punto de insinuar que les está hurtando información. Afirman que la «imprecisión» y los retrasos en facilitar la información requerida por parte de Simón al instituto armado, «hace que se pierdan datos fundamentales para la obtención de conclusiones».

Por el momento, la juez Rodríguez-Medel ha rechazado en dos ocasiones imputar a Fernando Simón, lo que no impide que la Guardia Civil, a la vista de este informe, le siga teniendo en su punto de mira.