Consuelo no vio la luz en meses

La labor de estos profesionales es analizar la situación social, familiar y económica del afectado para emitir un informe, un procedimiento que se activa cuando el equipo médico da la voz de alarma, concretan. Este es el caso de Consuelo, a la que una caída, seguida de un cuadro de agresividad por la demencia que sufre, la llevó al servicio de Urgencias (se omite datos para mantener su anonimato). Supera los ochenta años y es una paciente crónica, que con los años ha visto agravada su situación médica con una enfermedad psiquiátrica que la hace ser, en ocasiones, agresiva. «Ingresó y fue estabilizada en pocos días por el equipo médico. Llegó el día del alta médica, pero nadie quiso llevársela a casa. Pasó más de seis meses en Urgencias, sin apenas ver la luz esperando por una plaza en un centro sociosanitario», explican. En los breves encuentros para informar a su hija de su estado, «ésta ya dejaba caer que no era capaz de hacerse cargo de ella», matizan.

En ese momento, los médicos informan de un «posible caso de distocia social e iniciamos el protocolo que, a grosso modo, supone entrevistas con los familiares, si los tiene, o con los vecinos para conocer su situación real, evaluamos su pensión y su situación económica, visitar su vivienda para determinar qué servicios o requisitos necesita o si no es viable que viva en su domicilio, hablamos con los trabajadores sociales del Ayuntamiento del municipio donde vive...». Con todos estos dato, se elaboró un informe social de Consuelo que remitimos al Instituto Insular de Atención Social y Sociosanitaria (IASS) del Cabildo de Gran Canaria. El problema es que «al no tener criterio médico, Consuelo no pudo ser ingresada en planta» y se vio obligada a vivir más de seis meses en Urgencias. En ocasiones, algún médico, en las horas de menor presión asistencial, la acompañaba un y conversaba un rato con ella, las enfermeras o celadores la llevaban a caminar por los pasillos del hospital para que hiciera ejercicio». Este problema se repite constantemente: no hay criterio médico, no sube a planta. Entonces los profesionales tratan de buscar la vía de traslado a centro concertado pero, normalmente, no nos la aceptan por la misma razón, resaltan.

Los trabajadores evaluamos todas las posibilidades externas que puedan beneficiar al afectado; le damos casi el trabajo hecho al Cabildo grancanario. Emitimos un informe concienzudo de la realidad de los viejecitos, pero no podemos asignarles residencia, ni plaza en centros de día, ni siquiera un servicio de ayuda domicilio. Nos ceñimos a trasladar su situación y realidad sociofamiliar. Lo demás es competencia del Gobierno canario» .

En Canarias, en los hospitales públicos, 32 profesionales de Trabajo Social desempeñan sus funciones para atender las necesidades sociedad los diferentes órganos de prestación de servicios sanitario.