800 británicos acuden a la sanidad privada con pólizas no válidas

El fraude consiste en lo siguiente: las compañías británicas de viaje en cuestión venden una póliza de seguro que cubre el equipaje, pero también la asistencia sanitaria por si los turistas tienen un percance durante las vacaciones.

Pero, como ha explicado David Medina, miembro de la junta directiva de Aspe, en el contrato las compañías incluyen, «generalmente de una manera opaca y en letra pequeña», que la asistencia que le cubre es en un centro publico, nunca en uno privado.

Es decir, les venden algo a lo que tienen ya derecho como ciudadano europeo al tener acceso a la tarjeta sanitaria europea, lo que le da derecho a acudir a un centro público. Por eso, para contratar las pólizas, las empresas exigen a los clientes que se saquen esta tarjeta.

El problema es cuando el turista llega a España de vacaciones y sepone enfermo y, muchas veces por cercanía y otras por desconocimiento, acaba en un centro privado. En ese caso, según Medina, la sanidad privada actúa en función de la gravedad del paciente. Si no está grave, se le informa de que no tiene cubierta la asistencia en el hospital y se le da opción a ser asistido allí y a abonar esta asistencia o que se traslade a un centro publico.

Lo malo es cuando el paciente está grave y tiene que ser intervenido quirúrgicamente. Si tiene que ser de forma inminente, según Medina, «no hay dudas», porque siempre se le atiende, pero luego la compañía deniega la factura y el paciente en muchas ocasiones no tiene para pagar.

Si la intervención no tiene que ser inmediata y es trasladado a un centro público, el sistema nacional de salud le pasa luego al centro privado que le ha trasladado la factura con el coste de la ambulancia y de la intervención quirúrgica.

Y eso es así, según Medina, porque la Administración se acoge al artículo 83 de la Ley General de Sanidad, que establece quién es el «tercero obligado al pago» de estos servicios en estos supuestos.

Algunas autonomías, como Murcia, Canarias, Andalucía y Comunidad Valenciana, según han comentado, consideran que ese «tercero» es la sanidad privada porque ha trasladado al paciente al centro público.

«Es el colmo de los colmos, que tengamos que pagar nosotros algo que debería pagar la aseguradora», denuncian los miembros de Aspe, que aseguran que estas prácticas irregulares han proliferado en los últimos años.

Desde hace tres, Aspe denuncia estas prácticas que está teniendo ahora un impacto más significativo en el volumen de pacientes: de hasta cuatro pacientes diarios en cada uno de los 200 centros de la sanidad privada en zonas de alta intensidad turística.

La patronal ha iniciado acciones de denuncia informativa en la administración pública de Reino Unido, España y de la UE, pero de momento no se ha adoptado ninguna medida para parar la comercialización de estas pólizas.