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El Gobierno ordena devolver todas las multas del primer estado de alarma

El Ejecutivo ha creado equipos con subdelegaciones, delegaciones, Hacienda y otras instituciones para coordinar el reintegro de más de 170.000 sanciones y frenar los expedientes en marcha

MELCHOR SÁIZ-PARDO

El Ministerio de Política Territorial ha creado un equipo de trabajo con diversas instituciones para proceder a paralizar el cobro o, llegado el caso, proceder a la devolución de las 172.482 sanciones durante el primer estado de alarma que ya han sido ejecutadas.

Este grupo, en el que trabajan técnicos de todas las subdelegaciones y delegaciones del Gobierno (excepto del País Vasco y Cataluña que tienen esta competencia transferida), está formado también por personal la Agencia Tributaria, la Delegación de Economía, el Tesoro Público y Política Territorial. Estos especialistas, además de proceder a los reintegros de las multas impuestas en aplicación de la 'ley mordaza', tienen orden de anular todos lo expedientes que todavía se están tramitando por las diferentes administraciones, a pesar de que el Tribunal Constitucional el pasado julio declaró ilegal el encierro domiciliario y, por ende, dejó sin efecto las 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma, el que fue desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020.

Según han explicado fuentes del Ejecutivo, la idea es que la administración, a través de la puesta en marcha de programas informáticos, proceda de oficio a reintegrar el dinero que, en muchos casos, las instituciones han cobrado de forma ejecutiva. La intención del Ministerio de Política Territorial es que los ciudadanos afectados puedan facilitar de forma telemática una cuenta para las devoluciones de las sanciones.

Suspensión

El estado de alarma declarado por el Real Decreto de 14 de marzo habilitó a las fuerzas de seguridad del Estado, policías autonómicas y locales para sancionar a los ciudadanos que no cumplieran con el confinamiento domiciliario, pero el pasado mes de julio el Tribunal Constitucional declaró ilegal esta medida al entender que el encierro supuso una suspensión de los derechos fundamentales y no una simple limitación de los mismos, como sostuvo el Ejecutivo central en la argumentación jurídica del decreto, que la corte de garantías zanja que vulneró la Constitución. Suspender derechos como el de la libre circulación –entendió la sala- es algo que el Gabinete de Sánchez solo podía haber hecho bajo el paraguas del estado de excepción, el más severo de los previstos en la Constitución y que hubiera requerido el permiso previo del Congreso de los Diputados.

El balance final dejó 1.142.127 multas impuestas en toda España en el primer estado de alarma (desde el 14 de marzo al 21 de junio de 2020) , y al menos 220.296 sanciones en el segundo estado de alarma (desde 26 de octubre hasta mayo de este año), según datos del Ministerio del Interior.

De acuerdo con las informaciones del Ministerio de Política Territorial y Función Pública, de las 481.969 actas de propuesta de sanción tramitadas hasta mayo, 172.482 se habían resuelto con sanción; 87.826 habían sido trasladadas a otras administraciones (autonómicas y locales); 54.193 se encontraban todavía en proceso de instrucción; y 11.206 habían sido archivadas. El resto, 156.262, tras el análisis del instructor correspondiente, habían sido archivadas

Andalucía (195.986) y Madrid (184.517) eran las comunidades autónomas en las que más expedientes de denuncia se interpusieron entre el 14 de marzo y el 21 de junio. Ceuta y Melilla presentaban las menores cifras, con 9.472 y 4.199 propuestas, respectivamente.