Carolina Darias. / Europa Press

El Gobierno hará fijos a 67.300 sanitarios

La reforma pone en marcha un marco normativo legal con el que se tratará de evitar que la temporalidad siga creciendo, estableciendo cuáles son las causas por las que se puede acceder a un contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y sus límites temporales

Iker Cortés
IKER CORTÉS Madrid

A través de una entrevista, Pedro Sánchez adelantaba el pasado domingo que el Gobierno pretende hacer fijos a 67.300 sanitarios. Hoy el Consejo de Ministros ha dado luz verde al nuevo Estatuto Marco del personal estatutario de los servicios de salud con el que el se pretende reducir la «elevada tasa temporalidad» que atesora el Sistema Nacional de Salud.

Carolina Darias, ministra de Sanidad, ha sido la responsable de presentar ante los medios de comunicación esta «reforma integral» que, a su juicio, «fortalece el Sistema Nacional de Salud y da certeza a los profesionales sanitarios y a los pacientes» . Quedaba por ver cómo se ponía en marcha tan ambicioso plan, vendido por el Ejecutivo como «el mayor plan de estabilización» del servicio y Darias ha dado algunas de las claves con las que tratarán de «hacer más eficiente» el Sistema Nacional de Salud.

Según ha contado la ministra, antes del 31 de diciembre de este mismo año «han de ser publicadas todas las convocatorias correspondientes a las más de 67.000 plazas que se encuentran en esta situación». No esconde la responsable de Sanidad que el proceso «será complejo», pero ha querido dejar claro que se hará «desde la máxima cogobernanza», quizá en respuesta a las críticas que el consejero de Economía de la Comunidad de Madrid planteó este mismo fin de semana. Así, para aquellas personas que lleven trabajando de manera ininterrumpida en el Sistema Nacional de Salud desde antes del 1 de enero de 2016 se va a presentar un concurso. «Es decir, presentarán méritos, los que se establezcan en la baremación correspondiente, para acreditar que llevan ese tiempo trabajando para acceder a una de las plazas fijas». Por otro lado, para aquellas personas que lleven trabajando desde el 31 de diciembre de 2020, se establecera un concurso oposición.

La reforma integral no acaba ahí pues pone en marcha un marco normativo legal con el que se pretende evitar que la temporalidad excesiva siga creciendo, estableciendo cuáles son las causas por las que se puede acceder a un contrato temporal en el Sistema Nacional de Salud y sus límites temporales. Entre las novedades que ha apuntado Darias, desaparecen los nombramientos eventuales y se establecen dos grandes grupos de personal temporal: el personal estatutario temporal interino y el personal estatutario temporal sustituto.

Podrían entrar profesionales sanitarios al primer grupo cuando «exista una vacante que no pueda ser cubierta por personal fijo». La ministra ponía como ejemplo la existencia de una plaza de enfermería que queda vacante en un centro de salud y para el que se establece un contrato interino «por un tiempo máximo de tres años». Pasado ese plazo, la plaza se tendría que cubrir necesariamente por personal estatutario fijo, con la respectiva convocatoria que se haya producido. Otro ejemplo sería la ejecución de programas de carácter temporal, también hasta un máximo de tres años, o también «por acumulación de tareas por un máximo de nueve meses, comprendido en 18 meses». En este caso, la responsable de Sanidad lanzó la hipótesis de un hospital que tiene que poner en marcha un plan especial para reducir listas de espera y para el cual se establece el día de inicio y finalización. En estos casos, si se supera el plazo de los tres años, «se tendría que crear una plaza con carácter fijo».

Para acceder al sistema como personal estatutario temporal sustituto las causas serían las vacaciones o las bajas y se establece también un régimen excepcional para el personal del cuerpo militar de sanidad. Cuenta Darias que se puede acudir a esta figura también «para la cobertura de prestación continuada» como son las guardias. «Tiene que ser como máximo una sustitución de dos profesionales que estén exentos de hacer guardia y también por motivos concretos como que sean mayores de 55 años, por enfermedad que lo impida o también para cubrir reducciones de jornada para el cuidado de un hijo». En todos estos supuestos, ha apuntado la ministra, «se establecen medidas de control de la temporalidad y además se otorga la responsabilidad para el cumplimiento de las mismas a las autoridades sanitarias que realicen las contrataciones para que queden por debajo del margen establecido para el 8%».

Críticas al anuncio

No ha estado exento de polémica el plan del Ejecutivo para contratar a 67.300 profesionales del ámbito sanitario. El responsable de Sanidad de la Central Sindical Independiente y de Funcionarios (CSIF), Fernando Hontangas, cuestionó el domingo la iniciativa porque, en su opinión, «no soluciona el problema estructural de la sanidad a corto y medio plazo». Hontangas pidió «tomar otras medidas» para que esto se resuelva. Además, hizo hincapié en que el anuncio «da cumplimiento a una ley para que la precarización de contratos en la sanidad deje de existir», en alusión al acuerdo al que llegó el sindicato el pasado año para dejar de precarizar a 67.000 trabajadores que estaban «en situación de esclavitud laboral». Sin olvidar otras cuestiones como la séptima ola o la saturación en urgencias, Hontangas insistió en que este anuncio «no soluciona el problema». «Tenemos la tormenta perfecta: hay miles de cierres de camas por falta de profesionales y centros de salud cerrados. Esto no soluciona el déficit estructural que históricamente tenemos en España», reiteró.

Por su parte, el consejero de Economía, Hacienda y Empleo de la Comunidad de Madrid, Javier Fernández-Lasquetty, criticó también el domingo que el presidente del Gobierno «se meta en las gestiones» de las comunidades autónomas en materia sanitaria con el objetivo de «dar titulares». Fue más allá y se preguntó de forma irónica si en la Comunidad de Madrid hay Sanidad «transferida o intransferida» porque, según ha indicado, «cada vez es más frecuente» que el Gobierno «se meta en las gestiones de las comunidades autónomas».

Preguntada al respecto, Darias ha respondido que la ley «tiene todos los informes que avalan la constitucionalidad y el marco competencial en el que se desarrolla», al tiempo que ha recordado que el Ejecutivo está modificando una ley del año 2003, cuando gobernaba Aznar. «En cuanto a los apoyos, hemos tenido reuniones con los grupos parlamentarios previamente para darles a conocer esta norma. Tendrán que pronunciarse, pero hemos desarrollado un trabajo previo que espero que llegue a buen puerto», ha explicado quien ha destacado la «unanimidad» en el apoyo sindical.

Tendencia ascente en los casos de covid

En la rueda de prensa posterior al Consejo de Ministros, Darias ha reconocido que los casos de covid en el país están incrementándose. «Estamos en una tendencia ascendente y, según la incidencia acumulada a los siete días, parece que vamos a seguir así por una mayor expansión de los sublinajes de la variante Ómicron, la BA.4 y la BA.5. Pero dicho esto quiero compartir que en aquellos países como Portugal que han experimentado la expansión de estos sublinajes en semanas anteriores no se ha traducido ese incremento de la incidencia acumulada en una mayor gravedad». En otras palabras, circula más el virus pero la ocupación hospitalaria ronda el 7 u 8% y la de UCI se mantiene estable, «en uno de los índices más bajos desde que comenzó la covid», en torno al 5 o 6%.

En todo caso, Darias ha pedido «prudencia» y «sentido común» y ha recomendado el uso de mascarillas entre las personas más vulnerables y en espacios cerrados «con mucha gente». En este sentido, la ministra ha sacado pecho por la amplia cobertura vacunal que hay ante la covid. «Se ha puesto la pauta completa el 92,7% de la población por encima de los 18 años, lo que significa que se han inoculado más de 95 millones de dosis». Y con respecto a la cuarta dosis, ha explicado que las personas expertas que asesoran al Gobierno en la ponencia de vacunas han propuesto en la Comisión de Salud Pública que se ponga la cuarta dosis en personas mayores de 80 años y las personas que vivan en las residencias. Ahora, ha comentado Darias, «falta determinar cuándo se ponen estas dosis».