Sánchez aleja la posibilidad de reformas legales para suplir el estado de alarma

La mecha la había encendido el ministro de Justicia, Juan Carlos Campo, cuando en una tribuna en 'El País' (solo horas después de que la justicia canaria echara por tierra la tesis de Moncloa de que las autonomías tenían herramientas para recortar derechos fundamentales) aseguraba que el Ejecutivo estaría dispuesto a «estudiar y proponer a las Cortes cambios legales adicionales» si el Supremo no avala las limitaciones de derechos fundamentales como el de movimientos o reunión sin el paraguas del estado de alarma.

El ministro se refería a que la Sala de lo Contencioso del alto tribunal se va a tener que manifestar antes de finales de mayo sobre el recurso del Gobierno de Canarias, después de que el Tribunal Superior del archipiélago descartara el domingo amparar la mayor parte de las restricciones impuestas por el Ejecutivo del socialista Ángel Víctor Torres y de que éste anunciara que hará uso de la reforma aprobada por el Ejecutivo central la pasada semana para involucrar a la más alta instancia judicial del país en la definición de un marco jurídico frente a la pandemia.

Solo horas después de dejar abierta esa puerta a lo que desde todos los sectores políticos y judiciales se entendió como una posible ley de pandemias, que la oposición le viene reclamando desde la primavera de 2020, el propio Campo matizó sus palabras, a instancias de la Moncloa. En una entrevista en La Sexta el ministro hizo así hincapié en que el Gobierno «no está preparando ninguna norma» porque ya existe todo un «arsenal jurídico» para responder a la situación y porque «el sistema es suficiente».

Tanto Campo como el ministro de Política Territorial y Función Pública, Miquel Iceta -que compareció en Bilbao-, remarcaron además que si el Supremo rechaza que se tomen en este momento ciertas medidas, como los toques de queda, las autonomías que lo crean necesario podrán pedir individualmente al Gobierno que decrete el estado de alarma solo en su territorio y que éste atenderá sus peticiones, aunque hay presidentes autonómicos, como Iñigo Urkullu, que ya han dejado claro el rechazo a esa vía por lo que pueda tener de estigmatizadora.

Sánchez, en todo caso, se mostró mucho más optimista. En una breve comparecencia anunciada de manera sorpresiva desde Atenas, donde participó en el Delphi Economic Forum, defendió que a los instrumentos legales disponibles las comunidades van a sumar ahora las vacunas, que ya se inoculan a un ritmo de medio millón diarias. «Estamos a cien días de lograr la inmunidad de grupo -adujo-. Es un momento muy esperanzador».

Sea como fuere, tanto al Gobierno como a las autonomías les toca esperar. El alto tribunal está abocado a fallar, en las próximas semanas sobre las restricciones claves de libertades que cinco comunidades (la propia Canarias, Baleares, Comunidad Valenciana, Navarra y Cataluña) mantienen en vigor a pesar de que la legislación de excepción haya decaído.

Los magistrados del Supremo deberán decidir sobre la legalidad de los toques de queda, los confinamientos perimetrales y las limitaciones a las ceremonias religiosas, los tres aspectos básicos del decreto canario que fueron rechazados por el TSJ y que también son la médula de las restricciones impuestas por la mayoría de las otras autonomías.

El superior de Santa Cruz de Tenerife solo bendijo la posibilidad de limitar el número de personas en las reuniones, tanto en espacios públicos como privados y tanto en el exterior como el interior, una limitación que no será examinada, pues, por el Supremo pero que, en cualquier caso, no parece crear problemas judiciales, ya que hay un consenso amplio en la judicatura de que establecer aforos en los encuentros sociales no es un recorte de derechos fundamentales.

El revés judicial al Gobierno canario, no obstante, fue recibido este lunes con cierto alivio por el Ejecutivo central, que hasta ahora había visto que ninguna autonomía había activado la vía diseñada desde Moncloa para implicar al Supremo, bien porque los superiores habían confirmado previamente las restricciones (caso de Baleares, Comunidad Valenciana o Cataluña), bien porque los gobiernos autonómicos habían rechazado recurrir (caso de Euskadi) o porque las comunidades no habían llegado a imponer limitaciones de derechos fundamentales (todas las demás).

Fuentes gubernamentales reconocen que ahora se encuentran en el terreno en el que querían, forzando al alto tribunal a fallar sobre la controvertida cuestión de las restricciones, aunque ello suponga «asumir el riesgo» de que decida que no es posible limitar de ninguna forma derechos fundamentales sin estado de alarma.

Un fallo en ese sentido desmentiría al Gobierno, especialmente a algunos de sus miembros, como la vicepresidenta Carmen Calvo, que desde hace semanas viene insistiendo en que las comunidades tienen instrumentos suficientes para atajar la pandemia sin legislaciones de excepción y que pueden recortar libertades fundamentales con simples acuerdos del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que a su juicio resultan, además, de «obligado cumplimiento» para todas las autonomías.