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La Asociación para la Defensa de la Sanidad Pública de Canarias (Adspc) ha puesto en conocimiento del nuevo consejero de Sanidad, Blas Trujillo, lo que considera principales carencias en el archipiélago, al tiempo que ha expresado su «desconcierto» por la elección de un economista para encabezar un departamento que requiere de un amplio conocimiento del funcionamiento del sistema sanitario.
Entre otras cuestiones, el colectivo denuncia la precariedad del área de Salud Pública en Canarias, a la que solo se destina 0,98% del presupuesto de la Consejería de Sanidad. Una suma escasa que incluye el gasto destinado a las vacunas. «En Salud Pública se debería invertir al menos un 10% del presupuesto sanitario, según la Organización Mundial de la Salud», explica el presidente de Adspc, Guillermo de la Barreda, que resalta que Canarias es la comunidad que menos recursos destina a Salud Pública y reclama que se dedique a este apartado un 2,5% del presupuesto sanitario. De hecho, la precariedad del departamento ha sido reconocida por el nuevo titular de la Consejería en sus primeras comparecencias públicas.
Por otra parte, el colectivo subraya el papel del área de Salud Pública en el control de la epidemia. «Canarias ha sido de las comunidades que mejor está soportando la pandemia, pero no por su estructura sanitaria o por su desarrollo de la Salud Pública, los resultados deben mucho a nuestro aislamiento insular y a un desempeño profesional que se ha saldado con una de las tasas de contagio más elevadas en el conjunto del Estado», recuerdan.
La asociación vincula la precaria situación de este departamento a «los malos indicadores de salud de la población canaria que, derivados de las desigualdades sociales en salud por el desempleo, la pobreza o la marginación social, se traducen en la esperanza de vida más baja del Estado español, a excepción de la de Andalucía, por la mortalidad por diabetes, por enfermedades cardiovasculares, por cáncer o por enfermedad pulmonar obstructiva crónica», señala el manifiesto donde se enumeran las principales deficiencias de la sanidad canaria.
Asimismo De la Barreda asegura que el archipiélago es la tercera comunidad autónoma con la sanidad más privatizada, después de Madrid y Cataluña. «En Canarias han sido los sucesivos gobiernos de Coalición Canaria, en solitario o en alianzas alternantes con PSOE o PP, los que han utilizado el dinero público mediante la vía de los conciertos o convenios singulares con las empresas privadas para debilitar a la sanidad pública y fortalecer a la sanidad lucrativa. Tampoco el gobierno del Pacto de las flores marca distancias con los anteriores al promover la llamada «colaboración público-privada» en el Pacto para la Reactivación Social y Económica de Canarias», denuncia la asociación que lamenta que el 11% del presupuesto sanitario vaya a parar a manos privadas. «Si fuera necesaria la concertación con la sanidad privada, debería estar muy regulada y ser complementaria no sustitutiva», aclara.
La Adspc alerta del escaso gasto en la atención primaria de Canarias a la que se destina una media de 176,26 euros por habitante, lo que coloca al archipiélago como la comunidad con la inversión más baja en esta área asistencial, solo por detrás de Extremadura. En este sentido, resaltan que de 2010 a 2018 el gasto solo aumentó en 35 céntimos y está por debajo de la media española de 197,47 euros por habitante. Por ello, exigen que se invierta en atención primaria al menos el 25% del presupuesto sanitario. Elaborar un plan para afrontar las listas de espera, ampliar las camas de larga y media estancia y evitar que los médicos de familia tengan un cupo superior a los 1.500 pacientes son otras de las demandas formuladas.
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