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Rafael Robaina: «Nuestra oferta de másteres dará respuesta a lo que pide el alumnado»

Rafael Robaina: «Nuestra oferta de másteres dará respuesta a lo que pide el alumnado»

Afronta su segundo curso como rector de la ULPGC, institución que celebra el próximo año el 30 aniversario de su creación. Destaca que ya ha puesto en marcha una reestructuración de la oferta de másteres –ya se han eliminado 17 sin demanda–, que se ha frenado la tendencia de pérdida de matriculaciones y se muestra crítico con los intereses privados que esconden algunos ‘ranking’.

Jueves, 1 de enero 1970

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El curso comienza como terminó el pasado, con escándalos de los másteres o tesis de políticos que ponen en cuestión los filtros que tienen las universidades para garantizar que los títulos conseguidos se obtienen por méritos propios. ¿No cree que se está devaluando el prestigio de las universidades?

— Yo creo que hay que discriminar, ver donde está el problema y actuar sin contemplaciones. Por lo que sabemos, el grueso se circunscribe a un Instituto de la Universidad Rey Juan Carlos que ha actuado de una manera no correcta. Y ahí es donde hay que actuar. Poner en tela de juicio a las instituciones universitarias porque un instituto concreto lo ha hecho mal no es razonable.

¿Tiene la ULPGC algún sistema antiplagio?

— Hasta ahora las tesis doctorales cuentan con uno o dos tutores y un tribunal de tres o cinco miembros que velan por el trabajo que se presenta. Recientemente, la reforma de las titulaciones crea la obligatoriedad de realizar los trabajos de fin de grado y de fin de máster, con lo que se multiplica el número de documentos a evaluar por cada profesor al finalizar el curso. Ahí es donde surge la necesidad de contar con plataformas tecnológicas que puedan detectar que se ha hecho un uso indebido de una cita, es decir, donde no se identifica a su autor sino que se da por propia. Es importante señalar esto: se puede utilizar un texto anterior, pero hay que indicar su autor, hacer la cita correctamente. En estos momentos, en la ULPGC estamos probando diferentes plataformas tecnológicas para que cumplan el objetivo que deseamos: detectar en diferentes áreas de conocimiento un uso indebido de los contenidos. A final de año estará implementada la que resulte elegida por sus mejores prestaciones y versatilidad.

Inicia su segundo curso como rector, ¿qué objetivos se marca?

— Los objetivos ya estaban marcados en mi programa, y vamos consolidando ideas, como la reestructuración de la oferta de las titulaciones oficiales, porque había necesidad de abrir los oídos a lo que nos demandan y no es lo que teníamos. El Gobierno nos había pedido esa reestructuración y en eso estamos. De la oferta ya se han caído 17 másteres muy alejados de la demanda necesaria. La clave fundamental, dicho por los mismos estudiantes, es que el máster mejore su capacidad de empleabilidad. Le hemos pedido a los centros e institutos que rediseñen la oferta pensando en estas claves y esperamos tener ya en marcha en el curso 2019-20 una mejora y una oferta que responda a lo que demandan los alumnos, que son muy diversos.

El Gobierno reclama a la ULPGC que arbitre medidas más concretas para mejorar el rendimiento del alumnado.

— El Gobierno nos dice que nosotros solo vemos agentes externos. Y no, hay problemas internos, que los tenemos, pero nosotros tenemos nuestra Docentia certificado. Esta universidad hace la evaluación de su profesorado certificada por la Agencia Nacional. Los resultados de esas evaluaciones, donde la opinión del alumnado tiene un gran peso, son excelentes. Es decir, la evaluación que nos pedía el Gobierno ya la tenemos.

¿Es tan bueno el nivel del profesorado como dicen esas evaluaciones?

— No cabe ninguna duda. Quien te evalúa anónimamente es tu alumnado. Que no le demos el valor real a las acreditaciones universitarias no quiere decir que no sean ciertas. Aquí sale el ranking del banco equis y todo el mundo se tira de los pelos, pero nadie se ha dado cuenta de que esta universidad tiene diez centros acreditados. ¿Por qué le damos más credibilidad a los datos que coge por ahí una instancia de parte?

¿Por qué es tan crítico con los ranking, donde la ULPGC no sale muy bien parada?

— Muy crítico no, lo que me gusta es que se dé valor a las cosas que la tienen. Nosotros decidimos entrar este año en el ranking THE, porque manda encuestas a los estudiantes y a partir de ahí valora a la universidad. Entrar en ese ranking ya es un signo de calidad. A mí lo que me preocupa a priori es la opinión del estudiante. Hemos entrado entre las 200 de Europa y hemos entrado en el THE porque sobre todo en Iberoamerica están mirando para dar becas y hacer convenios si estás dentro. Ya estamos en el europeo y nos han confirmado que estaremos en el mundial.

Usted ha dicho que hay ranking con intereses económicos...

— Yo no lo he dicho, lo veo, y me pregunto si solo lo veo yo... ¿Solo yo veo que hay entidades detrás de ciertas universidades privadas que analizan a las universidades y resulta que los mercados potencialmente más emisores de estudiantes, las islas Canarias, sea donde siempre salimos mal? No soy crítico con los rankings, digo que nos deberían dejar entrar a las universidades en aquellos realmente interesantes, y digo que nosotros tenemos una losa anual, que cuando estamos levantando la cabeza viene alguien de parte a decirnos dónde estamos. Eso sí me ha molestado. Salió uno en mitad de la matrícula que me pareció una infamia. Los canarios no somos tan malos.

¿Han hecho competencia las universidades privadas a las públicas en Canarias?

— No. Tenemos más de 20.000 estudiantes y no podemos tener miedo de una oferta cuyo objetivo son 300 o 400... El efecto es mínimo. Afortunadamente el Gobierno canario va hacia un modelo de matrícula gratuita y eso es una losa para cualquier iniciativa privada. Pero no nos dormimos y por eso este año hemos ido hasta el confín de las islas a buscar estudiantes y todo apunta a que tendremos unos 500 más que el pasado curso. Las universidades privadas son caras y no han demostrado.

Usted anunció que este curso ya estarían modificadas las normas de permanencia para que no corrieran las convocatorias al alumnado que no se presentaba porque eso disminuía la tasa de éxito, pero aún no se ha decidido. ¿Será una realidad este curso?

— Ya se analizó en el pleno del Consejo Social convocado para abordar este tema tras mis declaraciones. Yo creo que quedó claro allí, a partir de los datos que di del potencial colectivo de estudiantes que podía quedar excluido de la universidad porque llegan a convocatorias muy avanzadas, y un estudio dice que son más de 3.000 en los próximos años. Algunos consejeros vieron claro que hay que flexibilizar esas normas. Está todo pendiente de un pleno del Consejo Social donde se tome la decisión. Es un tema que doy por zanjado escuchando la opinión de los consejeros.

¿Cómo será la modificación?

— Que, sin presentarse, no empiece a contar la convocatoria hasta la cuarta. Confío en hacerlo ya, este curso, y para eso estamos en contacto con el Consejo Social.

En este tema se evidenció una falta de sintonía con el presidente del Consejo Social...

— Por ser honestos, una cosa es mi relación con el presidente del Consejo Social y otra con el Consejo Social, al cual adoro porque creo que es un ente extraordinariamente importante para que la sociedad vea qué hacemos con el dinero que se nos da. Caso aparte es que pueda tener más sintonía con su presidente. Tenemos una visión diferente de la vida que se ha puesto en evidencia en este año y medio.

¿Eso le ha generado problemas en su gestión?

— No, porque la universidad funciona con la autoridad del rector y el Consejo Social vela por diferentes aspectos, fundamentalmente el económico, y aquí las cosas en términos generales se hacen bien.

El Consejo Social envió en julio a Fiscalía unas presuntas «graves irregularidades» en la Fundación Parque Científico Tecnológico. ¿Ha tomado alguna decisión por este caso?

— Lo que pasó en ese Consejo Social es que el presidente nos anuncia que había ido a Fiscalía y yo pensé que se iba a decidir si se iba a Fiscalía. Él cree que tenía que ser así y es legítimo. Ahora vamos a esperar, no sé por dónde va a derivar eso. Si se cerrara el caso estaríamos todos más tranquilos porque se trata de una serie de disfuncionalidades que si fueran delictivas nos pone a nosotros un poco en sobreaviso, introduciría un debate que nunca ha estado en la universidad. No quiere decir que salieran más casos, me atrevería a decir que éste sería el único porque tenemos establecido, y dependiente prácticamente del Consejo Social, el servicio de control interno, que es independiente y es una intervención. Eso es sano. Ahora cualquier tipo de contratos se va a revisar por nosotros y por un ente externo y entre todos veremos si existe alguna anomalía que pudiera convertirlo en irregular. Lo que pasa es que nos han colocado una ley que no se ajusta al funcionamiento de la universidad, la de función pública. Estamos teniendo dificultades para ejecutar el gasto, sobre todo en investigación. Los investigadores ponen el grito en el cielo porque creen que las cosas se pueden hacer de otra manera. El procedimiento administrativo se ha complicado y tiene trascendencia en todos los aspectos de la universidad. Por ejemplo, si quieres abrir una cafetería tienes que tener un informe de viabilidad. Pues bien, algunas de nuestras cafeterías no son viables, no se podrán abrir nunca.

¿Se abrirá la de Humanidades?

— Afortunadamente esa sí la abriremos porque la vamos a hacer viable invirtiendo, porque hay una demanda en esa zona y confío en que en este trimestre salga ya y se abra. El informe de viabilidad con el pliego lo tendremos este mes ya para sacarla a concurso. Pero no era viable, hemos tenido que invertir y ponerle recursos para que lo sea. La comunidad universitaria esas cosas no las entiende mucho, pero son las nuevas exigencias. Algunas otras cafeterías del campus no se abrirán nunca porque no son viables.

Tienen pendiente cerrar el plan de plantillas con el Gobierno canario y el nuevo modelo de financiación. ¿Cómo van las negociaciones?

— Aquí hay varias dimensiones. Hay un número de créditos que tienes que impartir y a partir de esa oferta estable haces tus cálculos: créditos que se imparten por créditos por profesor, así sale cuántos profesores necesitas. Sumando rejuvenecimiento, tasas de temporalidad, asociados y jubilaciones sale la plantilla con prospectiva a un cierto número de años. El problema está en que la Consejería cree que el denominador debe ser único para el profesorado y nosotros discrepamos, porque es personal docente e investigador. No es lo mismo el que investiga que el que no lo hace porque eso es tiempo y ese tiempo hay que contabilizarlo. Nosotros en la ULPGC lo hacemos, pero a lo mejor lo tenemos que simplificar. Esto nos ha hecho reflexionar a todos, Gobierno y universidades, y estamos llegando a puntos de consenso. No los puedo adelantar, pero creo que en estos meses con la propuesta que vamos a llevar al Gobierno para negociarla vamos a estar todos muy cómodos. El Gobierno no está en una postura cicatera, lo que quiere es que se lo expliquemos. Hemos concluido que no está bien medido el ECTS, el crédito presencial, no pueden ser diez horas, porque hay que sumarle otros trabajos. Creo que el Gobierno no es reacio a medir el crédito en menos de diez horas presenciales. Si esto es así confío en que a finales de año tengamos cerrado el modelo de financiación, con los costes reales de la plantilla de la universidad.

En esta negociación la ULPGC va de la mano con La Laguna?

— Sí, hemos decidido que lo que llevemos al Gobierno sea algo que las dos universidades admitamos.

¿Cómo disminuirá el elevado porcentaje de profesorado asociado que trabaja en condiciones precarias?

— Estamos en la línea que había prometido y de ahí no me voy a mover ni un milímetro, las plazas de ayudante a doctor. Muchos se estabilizarán y otros vendrán de fuera. Hay asociados que en este tiempo precario han hecho sus deberes y tienen preparados currículos que les van a llevar a la titularidad en tres años. Esos son los que necesitamos, los captaremos porque no queremos que se vayan. Lo que tenemos que hacer es sacar el mayor número de plazas posibles de profesor de ayudante a doctor. Este año han sido 30 y el año que viene espero llegar a diez más. El objetivo es dejar en este periodo ciento y algo de profesores ayudantes a doctor que van a rejuvenecer la plantilla.

¿Qué mensaje o demandas lanzará en su discurso de apertura de curso?

— Pondré un contexto, que es el europeo. Ahora firmamos en Salamanca la Carta Magna, una declaración de las universidades europeas donde se dice que las universidades son el instrumento de progreso, de reflexión y de generación del conocimiento de nuestra civilización y que deberían estar al margen de las influencias del mercado y sus necesidades. Mi discurso, por el contexto en el que estamos, será de más Europa y más África, con un solo reclamo al Gobierno canario, que se crea de verdad que los únicos instrumentos para el cambio y transformación del tejido productivo de Canarias son las universidades y la investigación.

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