El PSOE pide multas para los puteros y prisión si la prostituta es menor

Registra en el Congreso una ley para la abolición total de esta actividad en España que encarcelaría a todos los chulos y dueños de burdeles y clausuraría los locales

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

El PSOE quiere la abolición de la prostitución y la quiere ya. Solo 24 horas después de que pinchasen con su intento de lograrlo a través de un atajo (una enmienda a la ley del 'solo sí es sí') tomaron el camino principal. Este jueves registraron en el Congreso una proposición de ley que pide la prohibición de un negocio que, en la mayoría de casos, vive de la explotación de las mujeres.

La proposición de ley prevé, además del encarcelamiento de proxenetas y dueños de burdeles y de la clausura de sus locales, fuertes multas para los puteros -quienes convengan la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otra prestación económica- e, incluso, ordena su entrada en prisión de 1 a 3 años si la mujer prostituida es una menor de edad o una persona «en situación de vulnerabilidad». Las multas a los clientes serán, de forma general, de 12 a 24 meses (la cantidad varía según el dinero por día que fije el juez) y del doble si la víctima de explotación sexual es una menor o una mujer vulnerable. La proposición de ley, que en caso de aprobación entraría en vigor a los 20 días de su publicación en el BOE, libera de forma explícita de toda responsabilidad o sanción a las mujeres prostituidas, a quienes considera víctimas en su totalidad.

Si la norma es aprobada por el Parlamento en esta legislatura, lo que es posible dada la posición en principio favorable a este tipo de reforma de los dos grandes partidos, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona, sea el beneficiario un simple proxeneta -lo que de forma castiza se conoce como un chulo- o sea además el dueño del burdel, barra americana, piso o local de cualquier tipo en el que se produce la explotación sexual. Dará igual para que esto ocurra que ese prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. En definitiva, promover o ayudar a la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos.

El PSOE sabe desde este miércoles que, en principio, el PP está de acuerdo con las líneas principales de ley abolicionista, ya que su contenido es básicamente idéntico al de las enmiendas fallidas a la ley del 'solo sí es sí' que los populares estaban dispuestos a apoyar antes de que fuesen retiradas 'in extremis' por los socialistas para salvar la nueva norma contra la violencia sexual.

Las cuentas políticas salen

La suma de los votos de estos partidos, más de 200 de los 350 diputados del Congreso y mayoría asegurada en ambas cámaras, de procudirse, minimizaría la trascendencia de la posición que tomen el resto, con ERC, Ciudadanos, JxCat, la CUP contrarios a la prohibición de la industria proxeneta y partidarios de que la prostitución voluntaria se regule como una profesión más, con Unidas Podemos con divergencias internas entre abolicionistas y partidarios de la legalidad regulada, y con el PNV y EH Bildu que aún no han desvelado sus cartas sobre el debate de fondo.

La reforma del Código Penal que promueve la proposición del PSOE dice que se considerará autor de un delito de proxenetismo a todo aquel que, con ánimo de lucro, promueva, favorezca o facilite la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento. Esta infracción se pagará con entre 1 y 3 años de cárcel y multa de 12 a 24 meses. La definición está diseñada de tal forma que exonera de la comisión de un delito a conductas de mera receptación en el ámbito familiar del dinero procedente del ejercicio de la prostitución (que una prostituta traiga dinero a casa).

La norma, que tiene posibilidades de éxito y que entraría en vigor 20 días después de publicarse en el BOE, excluye de forma explícita la persecución y sanción a las mujeres prostituidas

Como delito independiente, pero conectado con el anterior se recupera la llamada tercería locativa, el rol del empresario de la prostitución, que lleva casi 30 años despenalizada, desde la reforma del Código Penal de 1995. Quien con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento, será castigado con una pena de 2 a 4 años de prisión, multa de 18 a 24 meses y la posible clausura del local o inmueble, así como la disolución de la empresa o sociedad que regente el negocio ilícito y el embargo de sus bienes.

Una red social para el rescate

La tercería locativa actúa así como un tipo agravado del proxenetismo y en ambos casos se comete solo con constatarse el ánimo de lucro y el favorecimiento. No hacen falta, como hasta ahora, ni la violencia ni la intimidación. De hecho, el Código Penal mantendrá el actual delito de proxenetismo como el tipo agravado. Castigará con penas de 3 a 6 años de cárcel y multa de 18 a 24 meses a todo el que empleando violencia, intimidación, engaño, o abusando de una situación de superioridad o de necesidad o vulnerabilidad de la víctima, determine a una persona mayor de edad a ejercer o a mantenerse en la prostitución. Todas las clases de proxenetismo, sobre todo las vinculadas a la tercería locativa, podrán ser castigadas con sanciones económicas adicionales muy altas, que en el caso de delitos con penas de más de cinco años pueden ir del triple al quíntuple del beneficio obtenido por el chulo o el dueño del burdel.

La propia proposición ya avanza aspectos que no estaba previsto legislar hasta la tramitación de la ley de trata, cuyo borrador elaboran en la actualidad los ministerios de Igualdad y Justicia. La legislación puramente represiva se complementaría con acciones concretas para la recuperación de las víctimas de la explotación sexual, las prostitutas, mujeres, en la inmensa mayoría de las ocasiones extranjeras y con mucha frecuencia sin papeles de estancia legal en España y víctimas de las redes de trata de personas.

La disposición final primera indica que todas las mujeres prostituidas y víctimas de los proxenetas, ejerzan la actividad de forma voluntaria o no, serán consideradas a todos los efectos víctimas directas de estos delitos, lo que da derecho a indemnizaciones y ayudas, y que todas ellas gozarán de los derechos de asistencia integral que se reconocerán a las víctimas de todas las violencias sexuales en la futura aprobación de la ley del 'solo sí es sí'. Esa norma, que podría ser aprobada antes de agosto, establece una red de asistencia integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para la recuperación e integración sociales de la víctima equivalente a la de la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar a las maltratadas por sus parejas o exparejas.

El tercer país con más clientes en los prostíbulos

La explotación sexual de las niñas y mujeres es la segunda actividad delictiva más rentable del mundo, justo por detrás del tráfico de drogas y con unos beneficios muy similares a los del comercio ilícito de armas. Se trata de cálculos realizados por la ONU, la misma organización que tiene situada a España en el tercer puesto de los países con más puteros y a la cabeza del ranking europeo. Los estudios de Médicos del Mundo corroboran esta realidad. Estiman que entre el 20% y el 40% de los varones españoles han pagado alguna vez por tener sexo, con una notable tendencia al crecimiento entre los chicos de 18 a 25 años.

No hay datos oficiales sobre este negocio clandestino en España, pero lo que sí se sabe es que es una actividad marcada por el machismo. La absoluta mayoría de los puteros son hombres y la casi la totalidad de las prostitutas son mujeres. La Policía Nacional y la Guardia Civil tienen muy claro que las aproximadamente 600 mujeres que rescatan cada año de prostíbulos, pisos, parques o calles no son más que la punta del iceberg. Sus estimaciones apuntan a que en España puede haber entre 40.000 y 45.000 mujeres prostituidas, una actividad que movería unos 20.000 millones de euros muy negros al año, fortuna que explicaría por qué España tiene una de las industrias proxenetas más potentes de Europa. La absoluta mayoría de mujeres y niñas rescatadas por la policía, todas ellas en situación de gran vulnerabilidad, son extranjeras y proceden fundamentalmente de Nigeria, Colombia, Rumanía, Paraguay, Venezuela o China. Cáritas desvela que el 90% de las mujeres que ejercen la prostitución en España no lo hacen de forma voluntaria y que el 80% son extranjeras. Todos los datos apuntan a que trata con fines de explotación sexual y prostitución son en España prácticamente sinónimos.