Una prostitua en la calle. / RC/VÍDEO. E. P

El PSOE tendrá que apoyarse en el PP para abolir la prostitución

El Congreso acepta tramitar la ley que busca fulminar la industria proxeneta, pero con los socios de la investidura muy alejados de las pretensiones socialistas

Alfonso Torices
ALFONSO TORICES Madrid

El Congreso aceptó este jueves por amplia mayoría tramitar la proposición de ley socialista que pretende abolir la prostitución en España. Solo se opusieron frontalmente a la iniciativa los diputados de Ciudadanos y los independentistas de Esquerra y la CUP. Los tres grupos son firmes partidarios de que esta actividad, cuando sea voluntaria, se regule como una profesión más y que solo se persigan penalmente los casos vinculados a actos de violencia o coacción.

No obstante, el tenso debate que se vivió en el pleno dejó claro que la abolición total de la prostitución que persigue el PSOE, con la clausura de todos los prostíbulos, la sanción penal a los puteros y el encarcelamiento de los proxenetas y dueños de burdeles por el simple hecho de lucrarse con esta actividad, con independencia de que sea o no algo voluntario, solo será posible si el partido de Pedro Sánchez se apoya en la bancada del PP. A día de hoy, parece la única forma que tiene de reunir la mayoría absoluta indispensable para sacar adelante esta norma.

Los populares dijeron desde la tribuna que están de acuerdo con las reformas propuestas, pero, eso sí, advirtieron al PSOE que no admitirán rebajas del texto para facilitar la suma de otros grupos, rebaja que por otra parte los socialistas no parece que vayan a intentar.

PNV, EH Bildu y JxCat y los pequeños grupos de izquierda, los habituales socios del Gobierno desde la investidura, con su abstención permitieron que el texto fuese tramitado y discutido, pero dejaron claro que están muy lejos de las pretensiones del PSOE, que creen que solo actúa por un berrinche político en su pulso feminista con Unidas Podemos, y le alertaron de que salvo que introduzca sustanciales modificaciones en el trámite de enmiendas no podrá contar con su apoyo final.

EH Bildu y JxCat, están más cerca de Esquerra, pues no son partidarios de la conversión en delictiva de la industria de la prostitución y están próximos a la opción regulacionista; el PNV cree que la iniciativa no es más que una «improvisación» y «un calentón» del PSOE, una propuesta incompleta y poco trabajada que debería reelaborar con tiempo y tranquilidad; y Más País, BNG y Compromís, a los que tampoco les gustan las soluciones vía Código Penal, insistieron sobre todo en que la norma convierte la prostitución en algo clandestino, pues no da salidas concretas a quien la ejerce.

Unidas Podemos, en medio

La posición de Unidas Podemos es la más complicada. Voto a favor de la tramitación de la iniciativa de su socio, porque la mayoría del grupo también es abolicionista, pero quiere hacer de puente en busca de un texto menos radical y más matizado que sea asumible por nacionalistas y grupos de izquierda. No obstante, sabe que su esfuerzo puede estar condenado al fracaso, como ya ocurrió hace solo unas semanas. En mayo, dentro de las enmiendas a la ley del 'solo sí es sí', tras mucho esfuerzo, logró que los socios de legislatura, incluido ERC, aceptasen perseguir la industria proxeneta cuando haya explotación sexual, pero el acuerdo lo malogró el propio PSOE, que no está dispuesto a abdicar de que todo proxeneta o chulo que se lucre con su actividad es un delincuente, sin otros matices. Además, los morados también creen que la iniciativa está incompleta, porque debería ir acompañada de una ley de trata que rescate y proteja a las prostitutas y de medidas de prevención, como campañas de sensibilización contra la explotación sexual y de refuerzo de la educación sexual juvenil.

Pese a todo, si PSOE y PP son capaces de convertir el entendimiento inicial en un pacto, la suma de votos de ambos partidos, con independencia de lo que haga el resto de grupos, aseguraría una mayoría absoluta en ambas cámaras y, por lo tanto, la aprobación de la ley al ritmo que ellos decidan marcar.

Si la norma se aprueba esta legislatura, cosa más que posible con si lo desean los dos grandes partidos, significará el cierre inmediato de todos los burdeles españoles y el encarcelamiento de cualquiera que se enriquezca con el ejercicio de la prostitución por otra persona. Dará igual que el prostíbulo funcione con o sin la participación voluntaria de quienes se prostituyen. Promover la prostitución será ilegal y un delito en todos los casos, aunque la norma excluye explícitamente de cualquier sanción a las mujeres prostituidas.

El proxeneta, si no hay ni violencia ni coacción, será castigado de 1 a 3 años de cárcel. Si la intimidación está presente, tendrá la actual pena de 3 a 6 años de prisión. Por igual criterio, la tercería locativa sería el mero uso de un negocio o local para lucrarse con la prostitución. Habría delito sin que hiciese falta probar la explotación o sin importar si la mujer ejerce la prostitución de forma voluntaria. Se consideraría un tipo agravado de proxenetismo, penado con 2 a 4 años de prisión, más una alta multa y la clausura del local.

Medidas de rescate

La norma también castiga con fuertes multas a los puteros e, incluso, ordena su entrada en prisión de 1 a 3 años si la mujer prostituida es una menor o está «en situación de vulnerabilidad». Las multas serán de 12 a 24 meses (la cantidad por día la fija el juez) y del doble si es una menor. La reforma libera de toda responsabilidad o sanción a las mujeres prostituidas, a quienes considera víctimas sin excepciones.

La iniciativa prevé el rescate de las mujeres prostituidas, pero lo hace de forma muy genérica y escueta. Indica que serán consideradas a todos los efectos víctimas directas del delito, lo que les da derecho a indemnizaciones y ayudas, y añade que todas ellas gozarán de los derechos de asistencia integral que se reconocerán a las víctimas de todas las violencias sexuales en la futura aprobación de la ley del 'solo sí es sí'. Esta norma, que podría ser aprobada antes de agosto por el Senado, establece una red de asistencia integral de ayudas psicológicas, médicas, jurídicas, económicas o sociales para la recuperación e integración sociales de la víctima equivalente a la de la red de asistencia con la que Estado, autonomías y ayuntamientos tratan de rescatar a las maltratadas por sus parejas o exparejas.