Nuevo impulso contra el tabaquismo

06/08/2018

Sociedades sanitarias, científicas y sociales firman la Declaración de Madrid 2018. Insta al Gobierno a implementar las medidas pendientes de la Ley antitabaco y centrarse de nuevo en el problema de salud pública. El cigarro mata a 50.000 personas cada año

El tabaquismo continúa siendo el «principal problema de salud pública» de España, un problema que es «evitable» y que afecta directamente a una cuarta parte de la población adulta. «Es urgente» que los poderes públicos establezcan un nuevo plan de acción, una nueva hoja de ruta con el objetivo de «reducir el consumo de tabaco en el país». Este es el mensaje que los consejos generales de médicos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos y psicólogos, además de 60 de sociedades científicas y varias asociaciones de pacientes lanzan al Estado con la firma de la Declaración de Madrid 2018, un documento que aboga por dar un paso más en la regulación del tabaco con el fin de reducir las altas cotas de adicción tabáquica en España.

La citada declaración, redactada al término de la Conferencia Internacional sobre Control del Tabaco que tuvo lugar el pasado mes en Madrid, parte de la premisa de que España se ha quedado rezagada en el control del tabaquismo después de activar las leyes antitabaco de 2005 y 2010 y, por lo tanto, reclama un nuevo impulso. En este sentido, los firmantes proponen una amplia batería de medidas que van desde que se cumpla a rajatabla la legislación vigente sobre el consumo en los lugares públicos cerrados o cuasi-cerrados, promover hogares libres de humo, elevar la presión fiscal hasta reforzar y equiparar la regulación sobre publicidad, promoción y patrocinio a todos los productos del tabaco incluyendo también a los dispositivos utilizados para su consumo como pipas, pipas de agua, IQOS, entre otros.

Ambas leyes, en su momento, contribuyeron a una «progresiva desnormalización del consumo de tabaco y a una mejora notable en la salud» de la población española, pero no se puede obviar que un 22,1% de la población adulta en España continúa fumando, el 26,2% solo en la comunidad autónoma de Canarias, y que este hábito aún ocasiona más de 50.000 defunciones al año de personas que en su mayor parte empezaron a fumar mucho antes de alcanzar la mayoría de edad, resalta el documento.

También otros efectos primarios de estas leyes fueron la disminución de la exposición general de la población al humo ambiental de tabaco y la desaparición de la publicidad directa e indirecta de sus producto, se explica en la Declaración de Madrid, lo que «contribuyó decisivamente a que aumentara la percepción de riesgo asociada al consumo de tabaco en la población general y que en la última década haya disminuido significativamente el porcentaje de población fumadora», concreta.

Sin embargo, los expertos señalan que existe la percepción de que en tabaco «ya está casi todo hecho», una afirmación que es incierta puesto que parte de la población se ve expuesta al humo ambiental de tabaco.

Urgente. De hecho, afirman que una de cada cuatro personas adultas sigue fumando, una cifra significativamente menor que la de 2004 pero excesivamente alta para un factor de riesgo que ocasiona la muerte prematura de la mitad de sus consumidores regulares. Además, concretan que el «consumo de tabaco se va concentrando en las personas pertenecientes a los niveles sociales más desfavorecidos y que el sistema sanitario público español no siempre ofrece a los fumadoreslas posibilidades diagnósticas y terapéuticas eficaces disponibles». «Es urgente que los poderes públicos establezcan un plan de acción u hoja de ruta con el objetivo de reducir el consumo de tabaco en España, una aplicación que contribuirá decisivamente a terminar con este grave problema de salud», se asevera en la Declaración de Madrid.

En este sentido, médicos, enfermeros, dentistas, farmacéuticos y psicólogos, además de sociedades científicas y varias asociaciones de pacientes de todo el país recuerdan al Gobierno nacional que la mayoría de las medidas necesarias para combatir el tabaquismo pueden ser aplicadas «sin apenas coste, y algunas de ellas suponen una inversión altamente coste-efectiva si se comparan con otras» que nuestro sistema de salud ha adoptado y que todos los firmantes consideran «irrenunciables».

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