Los médicos temporales prolongan la tregua un mes más, hasta el 24 de febrero

El motivo de este paro «no es más que manifestar que seguimos en huelga y que prolongamos la tregua negociada con la administración debido a la situación actual provocada por la covid-19, sobre todo en Gran Canaria y Lanzarote donde las cifras se han incrementado, y por compromiso profesional con la población, dijo. Horcajada apuntó, además, que si bien es cierto que el Ejecutivo canario ha cumplido «moderadamente« con algunas de las reclamaciones que solicitaban para desconvocarla -la prorrogación de todos los contratos que finalizan; desbloqueo de los días de asuntos propios, libranzas y vacaciones; y la intercesión con las gerencias para el cumplimiento de los servicios mínimos de la huelga que muchos incumplieron...- aún quedan otras muchas demandas por solucionar.

Los profesionales iniciaron la huelga como medida de presión el pasado 12 de diciembre para reclamar la consolidación de sus plazas y terminar con la contratación temporal, un hecho que las cifras confirman puesto que dos de cada tres especialistas que ejercen en el archipiélago lo hacen con contratos temporales, y que fue suspendida inicialmente tras la aceptación por parte de la administración las concesiones anteriormente señaladas.

Otras de las demandas ya aceptadas por la administración regional era que el proceso selectivo debía ser por gerencias y que incluiría tantas plazas en la plantilla orgánica como la suma del personal interino y de los eventuales con dos o más años de antigüedad, previa transformación de estos últimos en funcionarios interinos, recuerda Horcajada.

Sin embargo, las discrepancias están en la fórmula para conseguir estos objetivos de consolidación, señala la misma fuente. Mientras el Ejecutivo asegura que la solución «más factible» para acabar con la temporalidad en el empleo público es una Proposición No de Ley (PNL) para acometer una reforma del Estatuto Básico del Empleado Público y cumplir así lo dispuesto en la sentencia del 19 de marzo por el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que insta a la administración española a buscar fórmulas para prevenir y sancionar los abusos cometidos como consecuencia de las contrataciones temporales sucesivas para cubrir plazas estructurales, la Mesa de la Confluencia la descarta al considerarla una simple manifestación de intenciones sin fuerza jurídica alguna.

Por otro lado, el Gobierno de Canarias considera que la solución debe llegar desde el Gobierno central, un extremo que no comparte la Mesa de la Confluencia que ha planteado a Blas Trujillo, consejero de Sanidad, una fórmula legal viable que poner en práctica la comunidad autónoma sin que sea necesario tener que «esperar por una reforma estatal»

La Mesa de Confluencia «no se opone», recalca Horcajada, a que la solución provenga de Madrid, pero entiende que Canarias tiene competencias para impulsar una ley autonómica que establezca un concurso de méritos restringido a los médicos del SCS o, en su defecto, un procedimiento abierto, de libre concurrencia, cuyas bases «garanticen que el resultado final no sea imprevisible e incierto» para estos trabajadores.

En estos momentos, la Mesa de Confluencia está a la espera de que el secretario de Estado de Política Territorial y Función Pública, Francisco Hernández Spínola, responda a un informe elaborado por los profesionales que contempla una serie de preguntas y que Trujillo se comprometió a hacerle llegar y con cuyas respuestas espera seguir trabajando para lograr la consolidación de las plazas de los especialistas temporales del SCS.