La mayoría de los procesados por la red de peleas de perros llega a acuerdo

Diecinueve de los 23 procesados por pertenecer a una red nacional que organizaba peleas ilegales de perros, a los que maltrataban y criaban con sustancias dopantes y otros fármacos y que se descubrió a raíz de un campeonato en Güímar, han llegado a un acuerdo con la Fiscalía por el que reconocen los hechos y se les rebajará la pena solicitada.

Fuentes jurídicas han explicado que este acuerdo se ha alcanzado antes del comienzo del macrojuicio, en el que hay procesadas 23 personas para las que la Fiscalía solicitaba entre 7 años y 4 meses y 3 años y 4 meses de prisión por los delitos de pertenencia a organización criminal, maltrato animal y omisión de la obligación de perseguir delitos.

Diecinueve de los encausados han acordado con la Fiscalía reconocer los hechos que les imputa el Ministerio Fiscal a cambio de una reducción de esa petición de pena inicial.

La penas concreta para cada uno de estos procesados se conocerá a lo largo de la vista oral, y dependerá de que se aplique la atenuante de dilaciones indebidas en la causa o de reparación del daño.

Las acusaciones populares, ejercidas por Podemos y Salvando Ángeles Sin Alas (SASA), no se han adherido a ese acuerdo alcanzado entre la Fiscalía y la mayoría de los procesados. Estas acusaciones piden penas más elevadas que la Fiscalía.

Tras estas negociaciones se prevé que el juicio, que había sido suspendido en dos ocasiones anteriores por diferentes motivos, arranque a primera hora de esta tarde y se celebre en pocas sesiones en lugar de las 48 previstas inicialmente, ya que muchas de las pruebas no se llevarán a cabo.

Entre los 23 acusados, de varias partes de la geografía española, se encuentran dos veterinarios, uno de Canarias y otro de Madrid, quienes presuntamente se dedicaban a facilitar el soporte documental necesario para la identificación, transporte y tenencia de los perros, además del suministro de medicamentos para los animales.

También está procesado un policía local de Adeje (Tenerife) al que la Fiscalía acusa de criar perros y colaborar en la organización de convenciones, «valiéndose para ello de una amplia red de contactos, buscando y facilitando al grupo sustancias anabolizantes para suministrar a los perros de cara a la celebración de las peleas».

Este agente llegó a colaborar en la organización del campeonato que se celebró el 18 de febrero de 2017 en Güímar (Tenerife), en el que la Policía Nacional irrumpió deteniendo a varios de los presuntos integrantes de la red e interviniendo numerosos canes.

El fiscal también expone en su escrito de conclusiones provisionales que los apodados Rafa y Profe, R.R.D. y A.O.R., eran los líderes de la organización, para los que solicita cinco años y diez meses de prisión.

La organización, según el Ministerio Público, criaba a perros potencialmente peligrosos (PPP) a los que adiestraba para ser más agresivos, proporcionaba sustancias dopantes como testosterona para mejorar su condición muscular y entrenaba «hasta la extenuación», llegando a utilizar cintas de correr.

Después, les destinaban a peleas concertadas con contratos previos en las que resultaban «muertos o gravemente heridos». A estos últimos les utilizaban como «sparring» de entrenamiento o decidían darles muerte cuando ya no les eran de utilidad para sus fines.

Expone la Fiscalía que la red operaba a nivel nacional, local y regional, detectándose grupos en Madrid, Canarias, Alicante, Murcia, Almería y Málaga, que estaban «interconexionados» y tenían ramificaciones a nivel internacional para participar en peleas fuera de España, en países como México y Tailandia.

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