Desmantelan una red que organizaba peleas de perros

10/10/2019

Un total de 38 años de cárcel es lo que pide la Fiscalía para ocho personas acusadas de maltrato animal por organizar peleas de perros en Canarias. Los procesados, según un escrito del Ministerio Público, formaban parte de una red criminal más amplia que operaba en varios puntos del país.

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Ocho miembros de la organización se enfrentan a penas de cárcel por maltrato animal continuado y por pertenencia a organización criminal. Si bien la Fiscalía pide 38 años, las acusaciones populares representadas por la Asociación Salvando Ángeles Sin Alas y por Podemos, reclaman penas de entre 217 y 123 años, respectivamente, según una información de Mírame Televisión.

Entre los arrestados figura un policía local de Adeje, que también está procesado por una supuesta omisión de su obligación de perseguir delitos. A estas personas se añaden otro 14 procesados que tendrán que ocupar el banquillo tras las investigaciones llevadas a cabo por el Juzgado de Instrucción Número 3 de Torrejón de Ardoz, en Madrid.

La investigación policial comenzó en febrero de 2017, cuando se procedió a intervenir en una finca en el municipio tinerfeño de Güímar donde se había organizado una pelea de perros. A raíz del operativo se consiguieron rescatar en toda España a 226 animales, la mayoría en mal estado de salud, de los que 42 fallecieron. En estas competiciones se apostaban grandes cantidades de dinero y los organizadores se dedicaban también a la crianza de perros de razas potencialmente peligrosas, a los que adiestraban para ser más agresivos y aumentar su musculatura mediante sustancias «muy perjudiciales».

El Ministerio Público asevera que la situación de «cruel maltrato» se producía desde el nacimiento de los perros, ya que desde entonces eran castigados, recibían una alimentación inadecuada y eran sometidos a duros entrenamientos físicos en los que se llevaba a los animales «hasta su extenuación». Muchos morían durante las peleas o cuando ya no eran de utilidad para la trama, según las pesquisas realizadas en la instrucción de la causa judicial.

Los miembros de la banda llegaron a desarrollar una jerga propia y solo permitían acudir a los eventos que organizaban a otras personas vinculadas con la red o apadrinadas por ellos. Antes de las peleas, los participantes pactaban, incluso por escrito, las condiciones del combate, el dinero que se jugaban, el peso de los perros o la penalización en caso de no comparecer.

En el escrito de acusación de la Fiscalía se relata que la red ha estado operando en España al menos desde 2016. Además de Canarias, presentaban actividad en Madrid, Alicante, Murcia, Almería y Málaga. Los tentáculos de la trama se extendían también hacia territorio internacional, ya que hay indicios de su actividad en Francia, México, Tailandia o Emiratos Árabes.

Los líderes de la trama

El principal acusado por las actuaciones que la trama desarrolló en Canarias, considerado el líder de la organización en las islas, es E.P.C. Cuando la Policía registró su domicilio en la isla de Tenerife, ubicado en el barrio capitalino de Añaza, encontró 32 perros «en un estado lamentable, rodeados de suciedad y de excrementos, atados a cadenas sin espacio para moverse y sin estructuras para guarecerse de las inclemencias del tiempo, presentando muchos de ellos heridas abiertas e infecciones mal curadas» provocadas por su participación en las peleas, según consta en el escrito de acusación.

Su mano derecha en Canarias era F.C.G., policía local del Ayuntamiento de Adeje. También criaba perros, participaba junto a E.P.C. en la organización de los eventos y se encargaba de suministrar al grupo sustancias anabolizantes. En el registro de una de sus fincas, en el municipio de Arona, se descubrieron 11 cachorros y 34 perros adultos, también en un «lamentable estado higiénico y sanitario».

El tercer miembro destacado de la banda es J.A.L.G., quien colaboró en preparar el evento previsto para el 18 de febrero de 2017, el día en que se vino abajo la trama gracias al operativo policial. Además de dedicarse a la crianza, en una de sus propiedades tenía su propio ring para el combate de los animales, en donde también se llevaban a cabo peleas clandestinas de perros.

Una pieza clave para el funcionamiento de la trama era el uso de medicamentos para drogar a los perros y mejorar sus condiciones físicas. Un papel en el que tenía una posición destacada J.C.H.V., veterinario colegiado en Santa Cruz de Tenerife.