Secciones
Servicios
Destacamos
Necesitas ser registrado para acceder a esta funcionalidad.
Opciones para compartir
Frente a las casas cerradas del Paseo Marítimo del poblado de Los Nietos, la zona cero de la degradación del Mar Menor, se mecen las algas y medusas en la orilla de la estrecha franja de arena. A 30 grados centígrados, las playas están vacías y envueltas en un hedor a materia putrefacta. «¡Qué olor, qué pena!», dice Eladio Saura, murciano de 82 años que veranea en la zona desde 1946. «Vine por primera vez con cinco años. Había mucha piedra y nos bañábamos con sandalias. Era muy salada y veía gambas, caballitos de mar y gobios. Sigo viniendo por la brisa y porque he venido toda la vida. Pero este año no me he bañado ni siete veces». Con los caballitos de mar cerca de la extinción, en este antiguo lugar de pescadores el Casino está en ruinas, los carteles de «se vende» se destiñen y un cañaveral coloniza las aguas con costras de lodo y algas.
Hace un año las tormentas anegaron la región, lo que aumentó el vertido de agua del campo a la laguna salada más grande de Europa, y se temió un tercer episodio de alta mortandad de peces, como los que sucedieron en 2019 y 2021. «Ver los peces muertos despertó a la gente», asegura Pedro García, geógrafo y director de la Asociación de Naturalistas del Sureste (Anse), que trabaja en la región desde 1973.
La resurrección del deteriorado ecosistema del Mar Menor, si sucede, se producirá por la rebelión silenciosa de sus vecinos durante el último año. Con una segunda manifestación masiva este agosto, en la que los organizadores calcularon unos 50.000 participantes, presionan al estamento político. «Lo que yo he disfrutado no hay derecho que no lo disfruten mis tres hijos y mis tres nietos. Nos han robado nuestro patrimonio natural», exclama Ramón Pagán, portavoz de la plataforma Pacto por el Mar Menor, fundada en 2015.
La preocupación ciudadana reunió más de 600.000 firmas para llevar al Congreso, y ser aprobada hace casi un año, el reconocimiento de la «personalidad jurídica» del Mar Menor. «¿Qué cambia? Todo», mantiene Teresa Vicente, profesora de Filosofía del Derecho en la Universidad de Murcia y principal «redactora y negociadora» de la iniciativa. «A mi abuela la protegía mi abuelo, no ella», explica. «Igual pasa con el Mar Menor que ahora ya no es un sujeto protegido y sí un sujeto de derechos. Hay una gran diferencia».
Que un juez reconozca al Mar Menor como sujeto o víctima sucede en tres procedimientos penales en marcha, por vertidos ilegales (caso 'Topillo'), pozos ilegales y contaminación de residuos de la minería (caso 'Balsa Jenny'). «Se ha citado al Mar Menor, y declararán los expertos. Preocupaba el tema de cómo aplicar esa personalidad jurídica. Pero, como el Mar Menor somos todos, acudirán representantes del ministerio, de la abogacía del Estado, de la comunidad autónoma, de las ONG. Ya no hay quien lo pare».
Con el fin del verano, las tierras se preparan para el cultivo y en la costa de poniente sólo se remojan algunos turistas extranjeros y maduros, frente a la bocacalle de sus hoteles en Los Alcáceres, uno de los municipios más turísticos. «Tengo seis años sin bañarme en el Mar Menor», confiesa Any, nacida en esta franja hace 23 años y que se dedica a la hostelería. «Por toda la basura que entra, los peces que murieron y no saber qué tan sana es el agua».
Como una roncha blanca sobre el azul del lago surge en estos días una nueva advertencia, una misteriosa mancha clara que se expande desde marzo frente al viejo volcán de El Carmolí. «Es tal la cantidad de materia orgánica vertida del campo que las algas se reproducen a lo bestia», mantiene Pagán. «Esta pestilencia tiene pocos años y cada vez es peor. No hay quien se acerque y el fango llega hasta las rodillas. Pero aparte del deterioro ecológico, se arruina la vida de una gran parte de la población que vive de la restauración o tiene casas vacacionales». Un estudio del Banco de España cifra en 4.800 millones la «pérdida patrimonial» del entorno del Mar Menor desde 2015, de San Pedro a Portman. Cada metro cuadrado vale ahora un 43% menos.
La agonía del Mar Menor deja al descubierto una serie de fricciones entre modelos económicos y formas de recuperar el ecosistema. Luego del trasvase del Tajo-Segura, lo que era una de las tierras más secas de España se convirtió en un gran huerto de más de 50.000 hectáreas, según datos oficiales. Con siembras cada vez más intensivas la agricultura sigue una «economía de escala, con explotaciones de mayor dimensión y más eficiente para bajar los costos de producción», explica Manuel Martínez, presidente de la Comunidad de Regantes del Campo de Cartagena. «Hay nuevas variedades, técnicas de cultivo y recolección, sistemas de riego que han avanzado muchísimo, igual que la presentación en supermercados».
A esta industria que colinda con el Mar Menor se le señala -por unanimidad en la comunidad científica independiente y de los gobiernos regional y central-, como la principal fuente de nitratos y fosfatos que han provocado un fenómeno conocido como «eutrofización», que es la carga excesiva de nutrientes, lo que causa la proliferación de algas y fitoplancton que pueden agotar el oxígeno del agua. «Hemos normalizado ese agua que llega todos los días. No es ocasional ni sucede cuando hay lluvias», dice Emilio María Dolores, portavoz del Comité de Asesoramiento Científico del Mar Menor. «La rambla del Albujón lleva agua todos los días. En estos doce días (de verano) han entrado más de 47 piscinas olímpicas, a un ritmo de 85 litros por segundo (de media anual son 250), con cantidad de nutrientes que aumentan los problemas eutróficos». La procedencia: el campo sembrado a espaldas de la laguna.
«Esta criminalización es desproporcionada y descomunal», se defiende Martínez, cuya asociación reúne también a las grandes multinacionales que están comprando o alquilando las tierras de los pequeños y medianos campesinos, y que se han expandido por el Campo de Cartagena en los últimos años. Una actividad que genera unos ingresos anuales de unos 700 millones de euros anuales de media, según un estudio de la Universidad de Alcalá en 2020.
«Las grandes empresas tienen muchos más controles de analíticas de suelo o nitratos que un pequeño agricultor. El acuífero (que irriga al Mar Menor) efectivamente tiene nitratos, como todos los del mundo en zonas regantes. ¿Cuál es el cambio de modelo productivo que proponen los ecologistas, que son un lobby con mucha experiencia? ¿Ir al secano sin abonado, a lo que dé la tierra? Es inviable y el campo de Cartagena desaparecería».
El enfrentamiento también se agudiza en los partidos políticos y se acentúa con la conformación del nuevo gobierno regional -que esta semana dio a conocer a sus consejeros-. El pacto entre PP y Vox tuvo el destino de la laguna en el centro de las negociaciones y las actividades agropecuarias del Campo de Cartagena de fondo. Finalmente el trato se cerró con la entrega del Ordenamiento Territorial al partido de Abascal y el de López Miras se quedó con Agua y Medio Ambiente en dos consejerías distintas. «Lo importante es que haya un consejo de gobierno que coordine las consejerías», explica Juan María Vázquez, ratificado consejero de Medio Ambiente, y Mar Menor por parte del PP, y académico de la Universidad de Murcia.
En el pulso político dentro del mismo gobierno, ¿cómo afrontar la presión de Vox para rebajar las medidas medioambientales -pedía la derogación de la ley de protección aprobada en 2020 ? «Aplicaré un criterio científico», garantiza Vázquez. «Soy pronaturaleza, pero sus efectos no son inmediatos». También rebaja los efectos que de la consejería de Vox sobre el ecosistema del lago. «Cualquier plan o proyecto de ordenamiento del territorio requiere los informes favorables de medio ambiente. No esperamos nuevos desarrollos».
La moratoria urbana que había decretado el PP decayó a principios de agosto y ninguna medida la sustituye. En Los Alcáceres se preparan para presentar una iniciativa legislativa popular en el próximo pleno municipal para que «la moratoria se quede tal como estaba«, adelanta Antonio López Campoy, concejal de Transición Ecológica de este municipio regido por el PSOE, de 36 años y con una hija «que no conoce lo que conocí yo del Mar Menor».
En el pulso político, el PSOE entra en la pugna por medio del Ministerio de Transición Ecológica, que comenzó a actuar hace casi dos años al declarar de interés general la zona del Mar Menor. «No significa abandonar a los agricultores ni disminuir la riqueza de la región, pero no nos podemos empecinar en un modelo económico caduco», dice una fuente ministerial. El gobierno central ha realizado varias actuaciones, la más relevante ha sido la clausura de regadíos ilegales en unas 8.500 hectáreas, algo más del 15% de la superficie cultivada, y la proyección de un «cinturón verde», con un presupuesto ejecutado de 55 millones de euros y convenios formalizados por 480 millones.
Con las cartas sobre la mesa, Vox -que no respondió a los requerimientos de este periódico- juega un papel a favor de los regantes, para dejar el estado de las cosas sin alterar. «Si tienes una idea en la cabeza y un medio de vida, te agrada más el que los defiende que aquél que la quiere eliminar del mapa», comenta Martínez, cuya asociación de productores patrocina un par de entidades -Fundación Ingenio y Agroingenieros por el Mar Menor, surgidas en estos meses- que defienden otra tesis: los nitratos del Mar Menor, si existen, provienen de las aguas residuales de las viviendas y nada del campo.
«Los muestreos de 2023 indican que el nivel de nitratos es cero», asegura Pedro Fernández, portavoz de Agroingenieros, que reconoce que estas entidades no publican sus informes en revistas científicas. «Un cero no necesita ser interpretado científicamente. Un cero es un cero, y nosotros denunciamos que los números no cuadran. Si mañana desapareciera toda la actividad agrícola y ganadera, el Mar Menor seguiría igual».
El resto de investigadores, aunque con propuestas distintas, coinciden en que las conclusiones de estos «lobbys» son una «chapuza». Fundación Ingenio rechazó conceder una entrevista. A pesar de su esfuerzo por resucitar, el Mar Menor podría fracasar en su intento de no convertirse en el mayor váter de Europa.
Las soluciones que se plantean para el Mar Menor son tres. Por una parte, el PP, «entre la espada de la gente y la pared de la agroindustria», según los ecologistas, propone el plan de «vertido cero», con la construcción de un «colector norte» al que lleguen las aguas de la rambla del Albujón para tratarlas y conducirlas al Mediterráneo. El PSOE propone las «soluciones basadas en la naturaleza» que se aplicarían en origen, es decir, en suelo agrícola, y Vox abrir más canales entre el mar y la laguna para que la mezcla de aguas y las mareas se encarguen de la limpieza.
Científicos, juristas y políticos consultados coinciden en que la laguna es uno de los ecosistemas más protegidos de España. «Pero la ley no se aplica porque no se vigila», advierte la académica Teresa Vicente. Se defiende el gobierno autonómico: «La ley se está cumpliendo porque hay vigilancia y sanciones», refuta el consejero Juan María Vázquez.
Con la temperatura del agua rozando el récord de 31,5 grados y la pesca mermada en un 90%, el «colector norte» está «aparcado» por el Ministerio de Transición Ecológica, señala Vázquez, y el gobierno regional se concentra en la «recolección de biomasa», que es quitar las algas de la orilla. «Cortar esa entrada de agua (de la rambla del Albujón) es lo más esencial», lamenta el científico Emilio María Dolores.
Sobre la mesa también aparece la desinformación. «El negacionismo es creciente y Vox tiene un protagonismo absoluto», dice una fuente de Transición Ecológica. «Es triste y peligroso».
En la ribera del Mar Menor, donde todavía quedan unos kilómetros de terreno agreste, hay un problema para cada solución en el uso de los suelos y el agua. Los escenarios son tres. En el primero se retrocede en la protección de la laguna, con más desarrollo urbanístico y puertos con menos control del campo y legalización de regadíos ilegales. Sería el golpe de gracia a un ecosistema que comenzó a pervertirse en 1975 con la apertura de un canal al Mediterráneo.
El segundo consistiría en aplicar todas las recomendaciones científicas. «Las obras pueden tardar hasta cinco años y los resultados de mejora significativa se apreciarían en diez o quince años más», calcula García. Y el tercer escenario es colocar parches, como hasta ahora, con resultado incierto.
¿Ya estás registrado/a? Inicia sesión
Publicidad
Publicidad
Borja Crespo, Leticia Aróstegui y Sara I. Belled
José A. González
Óscar Beltrán de Otálora y Gonzalo de las Heras
Reporta un error en esta noticia
Comentar es una ventaja exclusiva para registrados
¿Ya eres registrado?
Inicia sesiónNecesitas ser suscriptor para poder votar.