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La Audiencia ha decretado, mientras tanto, la libertad de los tres principales encausados tras un recurso de la defensa formada por los dos abogados Rafael Jiménez de Oliva y Rachid Mohamed Hammu, que consideraron que los acusados debían salir de prisión basándose en la cantidad de presuntas irregularidades en la instrucción de la causa que los juzgará por transportar la droga desde Brasil y Colombia en contenedores que eran descargados en el Muelle de la Luz con la ayuda de trabajadores de Opcsa.
La Sección Sexta admitió en su resolución que «la situación de prisión preventiva es excepcional» y, conforme a lo que dispone la Ley de Enjuiciamiento Criminal, recuerda que están muy tasadas las motivaciones para mantener en prisión a un acusado. La Audiencia subrayó «la inexistencia de motivos determinantes de que el imputado puede obstaculizar la obtención de pruebas, habida cuenta de la finalización de la instrucción, así como de que pueda sustraerse a la acción de la justicia, dado el tiempo que ha permanecido en prisión preventiva, aminorándose el riesgo de fuga, en atención a ese tiempo transcurrido y el arraigo alegado por la defensa, y sin perjuicio de que los hechos puedan ser calificados como delito contra la salud pública, así como de lo que pueda acreditarse en el acto del juicio». Por todo ello, acordó que «debe decretarse la libertad provisional» de los tres últimos imputados que quedaban en prisión «con la obligación que ha de prestar de personarse ante este órgano los días uno y quince de cada mes y señalar domicilio en España donde puedan realizarse los actos de comunicación con el mismo en el que practicar las citaciones y notificaciones que fueren precisas, así como un número de teléfono en el que pueda ser localizado».
Con la salida de prisión de los tres principales encausados, los 21 citados para el juicio que arrancará el próximo 11 de enero están ya en libertad, en unas vistas que se desarrollarán durante varios días más, en concreto el 23, 24, 25, 28 , 29 y 30 de enero de 2019.
La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha pedido un total de 266 años de prisión y el pago de 25,3 millones de euros en concepto de multas a los 21 miembros de esta presunta banda criminal. Mientras, las defensas no solo solicitarán la libre absolución de sus patrocinados, sino que incluso algunos de los abogados pedirán la nulidad de todas las actuaciones, entre ellos los letrados Rafael Jiménez de Oliva y Rachid Mohamed Hammu que defienden al presunto cabecilla de esta red.
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