La ley contra el proxenetismo supera otro escollo

Mireia Vehí, representante de la CUP, quería con su iniciativa forzar al Congreso a debatir la regulación de la prostitución, al entender que no toda se produce bajo coacción y que hay mujeres que la ejercen libremente.

El documento de la CUP, que planteaba regular la prostitución, abogaba por incluir el trabajo sexual en Régimen Especial del Estatuto de los Trabajadores y proponía cambiar el Código Penal y la recién aprobada ley del 'solo sí es sí' para que no se considerara ilícita la publicidad de la prostitución.

A ERC, PNV, JxCAT, Cs y la CUP les repele el «abolicionismo punitivista» del PSOE. Tampoco Unidas Podemos lo ven con buenos ojos, sobre todo En Comú Podem, que entiende que la respuesta penal limita la garantía de los derechos de las prostitutas más vulnerables y explotadas.

Durante el debate en el pleno del Congreso, el PP transmitió al PSOE su apoyo para sacar adelante la proposición.

El PNV, que siempre ha exigido un debate sosegado y profundo antes de regular la prostitución, apostó por crear una subcomisión específica para analizar la realidad con datos y comparecencias de personas afectadas.

Para Laura Berja, diputada del PSOE, la prostitución no es un trabajo. «Las mujeres no somos un servicio», sentenció. El texto del PSOE estima que el proxenetismo «no cuenta con suficiente reproche penal en el ordenamiento jurídico», ya que el artículo del Código 187.2 no castiga cualquier forma de obtención de lucro de la prostitución ajena, sino que exige que esa ganancia se haya llevado a cabo mediante la «explotación».

La propuesta socialista persigue la tercería locativa y aboga por castigar así al que «con ánimo de lucro y de manera habitual destine un inmueble, local o establecimiento, abierto o no al público, o cualquier otro espacio, a promover, favorecer o facilitar la prostitución de otra persona, aun con su consentimiento» Por ello, «será castigado con la pena de prisión de dos a cuatro años y multa de dieciocho a veinticuatro meses». De esta manera, el PSOE reanuda la batalla que libró en el debate de la Ley de Libertad Sexual, momento en el que intentó llegó a introducir esta medida, que finalmente no prosperó.

Además, la propuesta del PSOE introduce un artículo para castigar a los clientes o consumidores de prostitución con la siguiente redacción: «El hecho de convenir la práctica de actos de naturaleza sexual a cambio de dinero u otro tipo de prestación de contenido económico será castigado con multa de 12 a 24 meses», una pena que aumentaría en el caso de que quien presta el acto sea menor de edad. El artículo añade que «en ningún caso será sancionada la persona que esté en situación de prostitución».