Un juez paraliza ahora la eutanasia al pistolero de Tarragona

En el suceso resultaron heridos tres empleados de la empresa de seguridad y dos agentes de los Mossos, durante su huida. En el tiroteo en la masía, Marin Eugen fue abatido y conducido en estado crítico en un helicóptero al hospital. De 46 años, sufre una lesión medular irreversible como consecuencia del impacto de una bala. Fue ingresado en un primer momento en el Valle de Hebrón de Barcelona y más tarde fue internado en prisión preventiva en el hospital penitenciario de Terrassa (Barcelona), donde solicitó la eutanasia. Según el equipo médico, reunía los requisitos para poder acabar con su vida de manera voluntaria. Ahora, el juzgado ordena la «paralización de todo el proceso de eutanasia».

Los dos mossos heridos en el intento de huida del pistolero recurrieron ante el juez la autorización de la eutanasia. Alegaron vulneración del derecho a la tutela judicial efectiva, es decir, reclamaron que antes de morir sea juzgado por los delitos por los que se le acusa de tentativa de homicidio, atentado a la autoridad y tenencia ilícita de armas. El juzgado 5 de Tarragona rechazó el recurso presentado por el abogado de los dos agentes, pero ahora ha decidido detener el proceso «hasta la resolución de los recursos de apelación interpuestos contra el auto de fecha 6 de Julio de 2022». El juzgado había recibido ya por parte del Centro Hospitalario Penitenciario de Terrassa la solicitud de «aclaración en relación a la grabación de las últimas voluntades del interno». Y ha atendido el recurso de los agentes que alega que sobre su derecho a una muerte digna prima el proceso penal que tiene abierto y el derecho de las víctimas a ser resarcidas.

En cambio, la magistrada Sonia Zapater argumentó, en un auto del 6 de julio, que la ley que regula la eutanasia «no atribuye competencia alguna al juez instructor para decidir acerca del proceso de eutanasia». La decisión, remarcó la jueza, «corresponde a los médicos» y a la Comisión de Garantía y Evaluación. La magistrada descartó además un conflicto entre el derecho a la integridad física y moral, el derecho a la dignidad, el derecho a la libertad y a la autonomía personal de quien decide poner fin a su vida, frente al «derecho a un juicio justo» por parte de las víctimas. .

Exvigilante de seguridad y origen rumano, actuó por «rencor» hacia sus excompañeros por una cuestión laboral. Por sed de venganza, cogió su arsenal, se tomó la justicia por su mano y se lió a tiros contra sus antiguos compañeros de trabajo y luego se enfrentó atrincherado contra los Mossos, en una masía abandonada muy cerca de la capital tarraconense. Sus abogados recurrirán la paralización de la eutanasia.