Imagen de archivo, y sin relación con la información, de una persona mayor en una residencia . / EP

El informe de la Diputación del Común sobre las residencias canarias «no es la foto» de la Fiscalía

Derechos Sociales no ha recibido «ni una sola denuncia» sobre los centros en los últimos dos años, asegura la viceconsejera

Luisa del Rosario
LUISA DEL ROSARIO Las Palmas de Gran Canaria

La polémica de la semana ha sido, sin duda, el informe que la Diputación del Común realizó sobre las residencias en Canarias en el año 2019, un documento que se hizo público estos días pese a que la institución lo había entregado al Parlamento canario a finales de 2020. En los medios se destacó lo más sangrante: la inspección detectó ratas, sarna, cucarachas y suciedad en los centros sociosanitarios. ¿Es esta la situación de las residencias en las islas? ¿Las familias depositan su confianza para el cuidado de sus mayores en centros sucios y abandonados? En las islas hay casi 9.000 mayores institucionalizados en 232 centros que emplean a casi 7.800 personas. La Diputación del Común visitó 25, en cada una estuvieron una hora y 45 minutos. Las conclusiones son que «trece cumplen correctamente su función» y a doce les hicieron «determinadas recomendaciones», explicó el Diputado del Común, Rafael Yanes. De ellas «siete respondieron que habían solucionado los problemas e incluso nos felicitaron por la iniciativa», y las otras «cinco no nos contestaron y no sabemos cómo están», añadió. El informe recoge el nombre de once residencias con algunas deficiencias como humedades en algunas habitaciones, desperfectos de pintura o mobiliario deteriorado, pero al señalar que hay «ratas en la zona de la cocina»; «dos centros que declaran sarna» o «chinches en habitaciones y colchones» omite citarlos. Tampoco quiso hacerlo el Diputado del Cómun a preguntas de este periódico.

Ante este informe cabe preguntarse si no hay inspecciones en estos centros. Y la respuesta es que sí, pero no ha detectado estas graves anomalías. De hecho, la Fiscalía Delegada en materia de protección de personas mayores y discapacidad en Canarias hace inspecciones «todos los meses», asegura la fiscala Rosa Rubio, responsable del área en la provincia de Las Palmas. «No digo que haya alguna, por los menos en 2019. Pero yo sí quiero destacar que se trabaja mucho y muy bien en la mayor parte de las residencias por dignificar la vida de las personas. Muchos directores están preocupados -por las informaciones de estos días- y la ciudadanía puede pensar '¿y mi padre dónde está?', más en tiempos de covid, sin poder entrar en los centros. Pero yo creo que los familiares si saben cómo están. Veían las habitaciones y sabían donde estaban sus mayores. Esa afirmación general no es así, no es la fotografía que yo tengo de los centros», añade Rubio.

La fiscal explica que el estándar básico es que las personas mayores institucionalizadas estén «bien alimentadas y aseadas», pero que desde la Fiscalía se pretende ir mas allá y se preocupa por la atención integral a las personas. «Las residencias no son un lugar para dejar a la persona querida y ya está. La persona ingresada tiene sus derechos, deseos y preferencias. Hay que conocer lo que quiere, lo que le gusta, y este trabajo sí que no se hace en todas las residencias», apunta. Rubio asegura que «la falta de higiene» o «las ratas» es algo «excepcional, o al menos nosotros no lo hemos detectado» y eso que han hecho inspecciones presenciales «hasta la semana antes del estado de alarma, hasta febrero 2020».

La fiscala también niega que ella tuviese el informe de la Diputación del Común y, por tanto, no lo ha trasladado al Gobierno canario. Tampoco lo tenía la Consejería de Derechos Sociales, asegura la viceconsejera, Gemma Martínez. Es más, añade, «cuando nos enteramos de este informe me senté con el equipo para saber si había alguna denuncia. Ni una sola. No digo que no sea cierto, pero no tenemos denuncias. La limpieza se ve a simple vista. Hay 8.800 personas, 8.800 familias preocupadas por sus mayores», abunda.

Rubio, por su parte, espera que la polémica sirva al menos para que «se refuercen los servicios de inspección» y que los cabildos, responsables de los centros públicos, pongan más medios «para que la atención a las personas mayores en las residencias vaya más allá de tenerlos sentados en el sofá».

33 inspecciones en lo que va de año y dos residencias ilegales en Tenerife cerradas

La viceconsejera de Derechos Sociales, Gemma Martínez, reconoce que los servicios de inspección del área están infradotados de personal. «Cuando llegamos al Gobierno -junio de 2019- teníamos dos inspectores, ahora hay cinco», señala. Aún así, ese año se realizaron seis, en 2020, pese a la pandemia, 26 -13 en cada una de las dos provincias– y en los que va de 2021 ya se han realizado 33 -trece en Las Palmas y 20 en Santa Cruz de Tenerife.

Durante los años 2020 y 2021 se impusieron dos sanciones, una a una residencia de Fuerteventura y otra a una residencia de La Gomera.

Pero, además, cabe recordar que durante el confinamiento Derechos Sociales tuvo el apoyo de la Policía Canaria y se visitaron todos los centros de las islas. De hecho gracias a esas visitas se detectaron dos residencias ilegales, ambas en la isla de Tenerife, y se cerraron.

Frente a este tipo de centros alerta la fiscal Rosa Rubio, quien recuerda que en Tenerife sí hay varios procedimientos abiertos contra algunos centros, uno de ellos penal. Según la fiscal, hay que estar pendiente de la apertura de centros que, sin cumplir la normativa, se ponen en marcha. Hace años, recuerda, sí funcionaba así un número llamativo, de hecho «el equipo de Gobierno anterior», en referencia a Coalición Canaria, «cerró ocho residencias». «Eso ha pasado siempre, recuerdo aquella de Lanzarote que sacó Mercedes Milá en televisión. Se cerró y volvió a abrir con otro nombre, y se volvió a cerrar. Esa residencia no cumplía absolutamente nada». Estos cierres causaron un efecto disuasorio. Pero los centros de mayores, reconoce Rubio, son «un negocio» al menos para el tramo «intermedio». Los centros privados son «caros» y estos centros «alegales» se aprovechan de quien no puede entrar en un público, pero tampoco puede pagarse un centro privado. «Hay que tener cuidado de que no nos afloren esos centros alegales», reitera.