La falta de psicólogos en Medicina Legal acumula una lista de espera de 250 casos

En el caso de los informes psicológicos para los juzgados de violencia de Género Justicia ya ha dado los primeros pasos para tratar de solventar la situación. De momento ya ha remitido medio centenar de periciales a un gabinete privado especializado, informes que se estima estén concluidos en el próximo mes y medio.

No obstante, fuentes de la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad, que es de quien depende el IMLCF, reconocen que hay una «lista de espera» de otros 200 casos pendientes de un informe psicológico.

Cabe recordar que el IMLCF es la única Unidad de Valoración Forense integral de Violencia de Género en Gran Canaria, Lanzarote y Fuerteventura, de ahí la gravedad de la situación pues según expresó a finales de abril el propio instituto a los juzgados, debido a la «falta de personal» en la unidad, motivada por la incapacidad temporal de la trabajadora social y el traslado de la psicóloga forense, que no ha sido sustituida, el IMLCF se ve «desbordado y sin capacidad de reorganizar a su precaria» plantilla. De hecho, la responsable política de la institución, la viceconsejera de Justicia Carla Vallejo, reconoce que hay un problema «estructural» en el IMLCF.

Si se mantienen los tiempos, la Consejería de Administraciones Públicas, Justicia y Seguridad espera que antes de final de año se desatasquen todos estos expedientes y se «nivele la balanza».

En el caso de Menores, los dos juzgados encargados recibieron una comunicación de la directora del IMLCF, María José Meilán, en la que les advertía que no iban a disponer de ningún miembro del equipo técnico tanto este ni los días 25, 26, 27 y 28 de abril ni para las vistas fijadas para los días 4, 5, 24, 25, 26 de mayo.

Por ello ya se han formalizado los contratos de dos auxiliares de autopsia y en espera de la lista complementaria a la que se comprometió Función Pública, dado que la bolsa de trabajo estaba ya vacía, se está tramitando la contratación de tres psicólogos «por acumulación de tareas». También está en tramitación la contratación de dos trabajadores sociales, uno de ellos para el IMLCF de Tenerife.

Vallejo se refirió en este periódico a la necesidad de abordar un cambio en la relación de puestos de trabajo (RPT) de Medicina Legal, puesto que «no está adecuadamente dimensionada en cuanto a psicólogos forenses». Pero la pandemia había retrasado los trámites por lo que previsiblemente no salga en esta legislatura.