El Supremo ratifica los 25 años de cárcel a Na Li por asesinato

El Alto Tribunal ratificó el fallo que condenó a Na Li, una ciudadana china residente en Las Palmas de Gran Canaria, a 25 años de cárcel por asesinar a palos a su hijastro de ocho años en el barrio de Triana el 8 de mayo de 2016. La sentencia, dictada por la Sala Segunda del Tribunal Supremo, desestimó el recurso de casación interpuesto por la representación legal de la condenada, que alegó infracción de ley en su argumentación entendiendo que la sentencia condenatoria debió apreciar la atenuante de confesión.

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

De esta forma, el ponente Julián Sánchez Melgar, otorga firmeza al fallo dictado el 20 de marzo de 2019 por el magistrado Miguel Ángel Parramón, adscrito a la Sección Primera de la Audiencia Provincial de Las Palmas y ratificado posteriormente por la Sala civil y penal del Tribunal Superior de Justicia de Canarias. El mismo consideró a Na Li culpable de los delitos de asesinato con la agravante de parentesco y maltrato habitual. Además de los 25 años de pena privativa de libertad, la condenada tendrá que indemnizar a la madre biológica del fallecido con 270.000 euros, a la que no podrá acercarse ni comunicarse con ella durante 35 años.

La defensa de Na Li argumentó en su recurso de casación, en síntesis, que había existido un error en la valoración de la prueba por parte de la Audiencia Provincial al no tener en cuenta «que los sistemas de registro horarios de llamadas establecen el horario peninsular, igual que la plataforma Lexnet, sistemas de vídeo vigilancia, etcétera, no descontando una hora menos por estar en Canarias». Por este aspecto, esta parte entendió que se había «infringido un precepto penal sustantivo al no aplicar la atenuante de haber procedido la culpable», antes de conocer que el procedimiento judicial se dirigía contra ella, «a confesar la infracción a las autoridades o cualquier otra circunstancia de análoga significación», planteó.

Dicho argumento fue calificado por el Supremo de «incorrecto desde una adecuada ortodoxia casacional», pues tales motivos «son incompatibles, debiendo ser tratados por separado», como así desgranó Julián Sánchez Melgar.

Argumentos.

El Alto Tribunal detalla que la parte recurrente no mencionó «documento alguno de donde inequívocamente resulte el error que dice haber padecido el Tribunal del Jurado» al contestar a las preguntas que constituyeron el objeto del veredicto y en las que dejó claro que no apreciaba ningún tipo de confesión espontánea por parte de Na Li. «Al contrario, lo mezcla con otro tipo de pruebas, y a su vez, lleva a cabo complejas conjeturas sobre el resultado probatorio de la valoración de todos esos elementos, desbordando los márgenes de un motivo como el utilizado en su censura casacional», añade.

También sostiene que, del resultado de la llamada al 112 que realizó la acusada tras cometer el asesinato la noche del 8 de mayo de 2016, tampoco se deduce confesión alguna, pues su literalidad es la siguiente: «Hola, ahí tiene una niña que está mal. Como mata. Necesita veni gente para ayudar». Después, ni hay reconocimiento de los hechos ni colaboración para el descubrimiento de su autoría por parte de Na Li, «sino una petición de ayuda», afirma la sentencia.

También denunció la defensa de la acusada la falta de la aplicación de la atenuante del artículo 21. 4º del Código Penal, es decir, «la de haber procedido el culpable, antes de conocer que el procedimiento judicial se dirige contra él, a confesar la infracción a las autoridades». Pero en este caso, el Supremo matizó que, de los hechos probados, «no se desprende acto de confesión alguno y por supuesto no se verificó manifestación alguna autoinculpatoria ante el órgano oficial que tuviera como misión la investigación de los delitos. En cualquier caso, en la llamada al 112 tampoco se declaró autora de la muerte del menor», determinó.

La Sala Segunda desestimó el recurso de casación y condenó en costas procesales al recurrente.

Unos golpes que fueron «monstruosos».

Heridas por todo el cuerpo

Durante las sesiones del juicio, los testimonios conmocionaron a la sala. Los acusados dieron detalles acerca de lo sucedido en la vivienda de Triana el 8 de mayo de 2016. Na Li reconoció que había dado una paliza «durante más de 40 minutos» al menor de nueve años y justificó sus actos diciendo que «el niño me decía que odiaba a mí y a su hermano y yo no podía controlarme. En ese momento fui egoísta ya que solo pensaba en mi hijo. Era la primera vez que estaba tan enfadada y, aunque nunca pensé en que el niño iba a morir, le golpeé por todo el cuerpo sin poder controlar ni mi cabeza ni mi mano», contó.

El padre dijo que no se enteró de nada

Mientras, su pareja y padre biológico de la víctima negó tener conocimiento de que su mujer le diera palizas que le produjeron marcas de quemaduras de cigarrillos en ambas piernas, fracturas de costillas, en la tibia izquierda y en las masas laterales de S1 y S2: «No sospechaba que ella le pegaba y tampoco sabía que había faltado 62 días a clases. Yo no veía nada raro. Estaba todo el día trabajando, me ocupaba de llevar el dinero a la casa y los deberes de mi mujer eran los de cuidar a la familia», declaró.

Lesiones brutales

Cuando le tocó el turno a los forenses, sus testimonios fueron desgarradores. Los profesionales del Instituto de Medicina Legal de Las Palmas llegaron a confesar que «nadie de nosotros había visto nunca en el cuerpo de una víctima unas lesiones tan brutales y que revelan el ánimo de la agresora de hacer daño al niño. El menor recibió unos golpes que fueron monstruosos», detallaron.

Pidió hacerse un sandwich

Los policías que llegaron primero a la escena del crimen narraron como la mujer «estaba alterada con el cuerpo de niño inerte en la cama», mientras que el padre «al llegar a la casa, dijo que vio a su hijo muerto y nos pidió poder hacerse un sandwich de mortadela porque tenía hambre», manifestaron los agentes.

Prisión permanente.

Hay que recordar que este caso fue el primero en el que la Fiscalía Provincial de Las Palmas interesó una pena de prisión permanente revisable. Posteriormente, el fiscal Miguel Pallarés modificó sus conclusiones y pidió para ella una condena de 27 años por asesinato y maltrato habitual. La Fiscalía también se reservó la posibilidad de emprender acciones contra el Ayuntamiento de Las Palmas por inacción, teniendo en cuenta que el niño estuvo más de 60 días sin ir a clase y no activaron los protocolos contra el absentismo escolar.