Dependencia

El Gobierno canario es el tutor legal de Herminia desde noviembre

23/01/2019

La nonagenaria con demencia, que sigue viviendo sola en Lomo Las Azucenas, en Guía, fue declarada incapaz total de obrar en octubre y quedó bajo responsabilidad del Ejecutivo. El defensor judicial de la anciana afirma que hay una «medida cautelar» incumplida «de ingreso urgente en un centro adecuado» desde julio.

Eleuteria Herminia Roque Castellano, nonagenaria con demencia senil, sigue viviendo sola en una casona que huele a humedad y se cae a pedazos en Lomo Las Azucenas, en Santa María de Guía. El 30 de octubre una sentencia la declaró incapaz y asignó su tutela al Gobierno canario. El fallo se convirtió en firme 20 días después, es decir, en noviembre, pero nada ha cambiado en la vida de esta anciana viuda y sin hijos.

Según su defensor judicial, el abogado Reinaldo Velázquez, la sentencia que se dictó el 30 de octubre «obviamente ratifica las medidas urgentes que se decretaron el 13 de julio y entre las más importantes la medida cautelar de ingreso urgente en un centro adecuado y la atribución de la tutela». Por tanto, añade el abogado, «la Comunidad autónoma no ha cumplido con su función y mucho menos ha respondido a la urgencia. Tanto en la vista de la medidas como en la principal quedó acreditada la pésima situación de doña Eleuteria, y no solo en lo referente a su capacidad de obrar si no, además, en el estado de la vivienda y la peligrosidad que en conjunto ambos factores representan para su propia integridad».

Dependencia valoró hace «menos de dos años» a Herminia Roque con grado I, el más bajo de los tres.
Fachada de la casa en la que vive Herminia Roque en Lomo Las Azucenas, en Guía.
Fachada de la casa en la que vive Herminia Roque en Lomo Las Azucenas, en Guía.

Para el viceconsejero canario de Políticas Sociales, Francisco Candil, «es verdad que la sentencia es firme, y se gira una visita cuando se contacta con la familia y con los responsables del programa de tutela de la Fundación Sagrada Familia». En ese momento, continúa Candil, «hay una primera valoración donde es verdad que es una señora muy mayor, pero presenta buen estado de salud [un vecino pasa para darle las medicinas]. Se estaba tramitando el tema de la dependencia, se está esperando a que haya una revisión del grado para que eso acompañe, pero también es verdad que ni en la sentencia se pide ingreso urgente de la señora ni nada porque se entendía que estaba atendida por la familia y porque ya está la atención domiciliaria municipal».

Esa atención se concreta en una hora al día de lunes a viernes para ayudarla en el aseo y la vestimenta.

Dependencia valoró hace «menos de dos años» a Herminia Roque con grado I, el más bajo de los tres. Con lo cual «no tiene derecho a residencia», señaló Candil. Es más, como el expediente tiene menos de dos años de tramitación, no se puede pedir una revisión de grado, dijo.

«La señora no está en situación de abandono. Cuando vemos una situación de estas a todos se nos encoge el corazón.

Candil afirmó que «la trabajadora social» que acudió al domicilio de Herminia Roque pidió «que se amplíe la atención domiciliaria para la señora. Pero también es verdad que, ante la petición de la familia de que le demos una plaza de residencia, cuando se pide el motivo del ingreso de esa plaza la familia refiere que es que se cae. Se le piden los informes médicos para ver el tema de las caídas y demás y no hay ningún tipo de informe médico. Otra cosa que se pide es que se haga un informe y una valoración por parte del centro de salud. La familia dice que no hacen falta médicos porque ella está bien, en principio, que lo único que tiene es eso», en referencia a que padece demencia senil.

El viceconsejero señaló que el pasado viernes 18 de enero se solicitó una plaza al Instituto de Atención Social y Sociosanitaria, organismo dependiente del Cabildo de Gran Canaria. «La señora no está en situación de abandono. Cuando vemos una situación de estas a todos se nos encoge el corazón. Parece que detrás puede haber más abandono del que hay porque la familia se está ocupando».

La realidad es que la tutela legal es del Gobierno canario, lo cual le obliga legalmente a «adoptar todas las medidas precisas para la guarda y protección de la persona y bienes del mayor tutelado», así como «facilitarle los recursos sociales idóneos para su desarrollo y bienestar personal, su cuidado, rehabilitación o recuperación».

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