El Gobierno busca ‘in extremis’ un arreglo para las ayudas del IRPF

15/05/2019

La consejera de Políticas Sociales cita a las entidades que trabajan con mujeres y que están en riesgo de cerrar servicios. El ICI busca una línea directa de subvención para los proyectos en vigor

La consejera en funciones de Políticas Sociales, Cristina Valido, ha citado para este jueves a las entidades que están prestando servicios esenciales y que se verían abocadas a abandonar porque se quedaron fuera del reparto de subvenciones con cargo a la X solidaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF) que la Consejería resolvió el pasado 3 de mayo. La reunión, prevista para las 12 de la mañana, está pensada fundamentalmente para tranquilizar a las organizaciones que trabajan con colectivos de mujeres víctimas de violencia machista y en situación de vulnerabilidad que hasta el año pasado (cuando pasaron a ser gestionadas por la comunidad autónoma) recibían ayudas con cargo al IRPF.

Hasta este martes ningún otro colectivo de cuantos se han quedado sin opciones de continuar con algunos de sus proyectos han sido llamados al encuentro organizado in extremis por Cristina Valido para buscar un arreglo al «desastre», como lo califican las entidades afectadas, del reparto de las subvenciones del IRPF. La directora general de Políticas Sociales e Inmigración, Reyes Henríquez, adelantaba que «se está trabajando para que les lleguen ayudas directas y nominadas» a estas organizaciones que, eso sí, se tendrán que «negociar con las direcciones generales que corresponda».

El Instituto Canario de Igualdad (ICI) reconocía este martes que ya está «trabajando» para abrir «una línea directa de subvención» para que los colectivos que trabajan con mujeres y que se han quedado fuera de la convocatoria de este año puedan continuar con los recursos que tienen en funcionamiento.

Esas ayudas transitorias se financiarán con cargo al Pacto de Estado contra la Violencia de Género y, por tanto, según recalcaron desde el ICI, las entidades receptoras «tienen que cumplir con los requisitos establecidos en dicho pacto».

Organizaciones como Pequeño Valiente, de atención a niños con cáncer, lamentaban ayer que la solución que encuentre el Gobierno sea «una deferencia para este año» para con las entidades que tienen proyectos en marcha y que no mantienen la subvención, aseguraba ayer su presidente José Jeréz, que apelaba, como otras asociaciones, a una reforma profunda de la próxima convocatoria para que se adapte a las necesidades de los colectivos.

Fragilidad

El Colegio de Trabajo Social de Las Palmas cree que situaciones como las que se están dando a raíz de la «inadecuada baremación» que ha hecho el Gobierno de Canarias para la concesión de las subvenciones con cargo al 0,7% del IRPF ponen en evidencia «el nivel de fragilidad» en el que se encuentran los trabajadores sociales, los que más en peligro ven sus puestos de trabajo si las entidades sociales en las que prestan sus servicios se queden sin ayudas.

Ismael de la Fe, miembro de la junta de gobierno del Colegio de Trabajo Social, consideró que ayudas como las que provienen de la X solidaria del IRPF «tiene un carácter muy puntual» y que el Gobierno «debería de articular un marco financiero plurianual con cargo a los presupuestos de la comunidad autónoma» que dieran estabilidad a aquellos servicios básicos que prestan las entidades sociales que, como ha sucedido, corren el riesgo de cerrar recursos y despedir empleados, principalmente trabajadores sociales.

De la Fe cree que la Consejería de Políticas Sociales debería llevar a cabo un proceso «más productivo» de valoración de los proyectos presentados por las entidades sociales, porque «ha sido evidente» que en esta primera convocatoria que hizo el departamento que dirige ahora en funciones Cristina Valido, «unas entidades, las más grandes, salen muy beneficiadas y otras, las pequeñas, pero que prestan servicios esenciales, se han quedado sin nada».

Entidades como Yrichen, que han obtenido subvención para algún proyecto pero no, por ejemplo, para mantener un piso de apoyo al tratamiento, consideran que la administración tiene que tener una «visión más global» en relación a las ayudas y «mejores criterios», algo que, según Jorge Hernández, «no se tiene». Hernández defiende que el Gobierno «se siente con el tercer sector para establecer esos criterios, de forma clara, para la próxima convocatoria».

Cristina Valido indicaba en una nota de prensa que propondrá a Madrid una nueva fórmula participativa con las entidades con un reparto diferente, no sectorial, sino por proyectos de continuidad esenciales, y una ponderación diferente para los proyectos nuevos.

Este jueves contará esto a las entidades con las que se reúne y a las que propondrá una solución inmediata vinculada también a la resolución de las alegaciones, para cuya presentación concluye hoy el plazo.