El fiscal aprecia una posible falsedad en las grabaciones de Ramírez a Alba

La Fiscalía Provincial de Las Palmas ha emitido un informe al Juzgado de Instrucción número 2 en el que se adhiere al recurso de apelación interpuesto por el magistrado Salvador Alba en referencia a la petición de nulidad de dos de las grabaciones que le hizo el empresario Miguel Ángel Ramírez en su propio despacho y que dieron lugar al caso conocido como Albagate.

Francisco José Fajardo
FRANCISCO JOSÉ FAJARDO

El fiscal ha realizado este informe después de que la Audiencia Provincial estimara, después de más de un año de instrucción, que el recurso presentado en su día por Salvador Alba –que cuestionaba la validez de las grabaciones– sí se había presentado dentro de los plazos legales.

Por este motivo, el representante del Ministerio Público ha decidido adherirse al recurso de apelación de Salvador Alba puesto que estima que las grabaciones aportadas por el empresario Miguel Ángel Ramírez contra el magistrado investigado pueden ser constitutivas de un delito de falsedad ya que, considera, que los archivos incluidos en la causa llamados REC1 y REC2 y que fueron el origen de la instrucción, según un informe pericial realizado por el Departamento de Ingeniería del Servicio de Criminalística de la Guardia Civil, habían sido alterados o manipulados.

«Efectivamente, como se expone en el auto impugnado, la grabación presentada ante el Juzgado de Instrucción nº. 8 de Las Palmas de Gran Canaria por el aquí investigado –en referencia a Alba– había sido alterada o manipulada, consistiendo su edición en la supresión de determinados fragmentos y, correlativamente, la transcripción literal de lo hablado que igualmente presentó el investigado», argumenta el fiscal a este respecto.

Añade la Fiscalía que, «sin perjuicio de la valoración efectuada en el auto impugnado en cuanto a que, a efectos del engaño del juez, las alteraciones no hayan de considerarse sustanciales ya que no hacen variar el sentido acreditativo de dicha prueba en relación a las manifestaciones del juez Alba a los efectos de un posible delito de estafa procesal,; lo cierto es que los hechos pudieran ser constitutivos de delito de falsedad –por parte de Miguel Ángel Ramírez–», añade, por lo que insta a la Audiencia Provincial a que proceda «consiguientemente con la continuación de la instrucción, prematuramente concluida a este respecto, sin perjuicio de la calificación específica definitiva o de que, en atención a las circunstancias del hecho, éste finalmente se haya de considerar atípico».

Ahora, por lo tanto, tendrá que resolver la Audiencia Provincial de Las Palmas si se admite o no el recurso con el informe favorable del fiscal para determinar si el procedimiento se ha abierto o no en base a unas pruebas presuntamente manipuladas y que fueron el origen sobre el que se ha construido la instrucción del Albagate.