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El decreto de Dependencia se encargó a una empresa privada para acortar tiempos

El decreto de Dependencia se encargó a una empresa privada para acortar tiempos

La Consejería de Asuntos Sociales dice que la ingente tarea diaria de los «servicios propios» impidió que asumieran la redacción. El Colegio del Trabajo Social critica la ausencia de un proceso participativo.

Jueves, 1 de enero 1970

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La Consejería de Asuntos Sociales trató de «abordar» la redacción del proyecto de decreto para reconocer la Situación de Dependencia y el Derecho a las Prestaciones del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en Canarias «a través de los servicios propios», sin embargo «la cantidad de trabajo que asumen en el día a día no permitía el abordaje del decreto de esta manera». Por eso, señala Asuntos Sociales, «para evitar más retrasos, se optó por la fórmula de la contratación externa».

El proyecto de decreto lo elaboró finalmente una empresa privada, PKF Attest, corporación que aterrizó en el archipiélago el pasado junio de 2018 de la mano de AP Consultores en Tenerife. Por ese borrador la Consejería de Cristina Valido, pagó 17.975 euros y se adjudicó por el procedimiento de «contratación menor» en marzo de 2018.

Para el presidente del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas, David Muñoz, esta «redacción externa» es la explicación a por qué el texto que se presentó no es el apropiado.

«Nosotros en diciembre nos solicitamos la retirada porque vimos que con las medidas que aparecían en el decreto no se iba a resolver el problema ni se le iba a dar más celeridad administrativa a los trámites. Y, además, no se había contado con el personal de la casa». A esto, continuó Muñoz, «ahora le añadimos que todo esto ha estado orquestado una empresa externa y no nos parece que esa sea la solución más idónea para tratar un asunto de tanto calado».

El presidente del Colegio del Trabajo Social recordó que «hay muchas partes que tienen que opinar y aportar para sacar un decreto sobre dependencia en condiciones». Se deben tener en cuenta «las diferentes dimensiones y perspectivas partiendo de lo que dicen los propios profesionales del ámbito de atención de la dependencia», añadió.

El presidente del Colegio del Trabajo Social señaló que en el Parlamento canario la consejera dijo que el decreto no saldría sin consenso. «Dijo que esto tenía que ser un trabajo que partiese desde el consenso. Pero si pretende un consenso y un trabajo participado ¿cómo lo vamos a conseguir si se ha hecho el encargo a una empresa externa que ni ha tenido contacto ni ha liderado un proceso de participación?», se preguntó. Un texto, abundó, «fruto de un encargo a un externo que cuando sabemos de él lo tenemos sobre la mesa guisado y horneado».

Sobre que la causa de esta externalización fue la saturación del personal interno Muñoz afirmó que precisamente esa era una de las demandas del Colegio del Trabajo Social. «En nuestras aportaciones criticamos esa falta de personal, las medidas tienen que atajar ese problema falta de recursos y personal».

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