Asuntos sociales

El decreto de dependencia no salva casi nada del texto inicial

25/06/2019

La mesa técnica que creó la Consejería de Políticas Sociales corrige lo sustancial del borrador que encargó el Gobierno canario a una empresa privada. Las conclusiones se incorporarán a la nueva ley.

La Consejería de Políticas Sociales, dirigida ahora en funciones por Cristina Valido, encargó a un empresa privada ajena al sector el decreto de dependencia con el que pretendía «mejorar» y «agilizar» el sistema. La contestación llegó por varios frentes, y especialmente importante fue el de los propios trabajadores y trabajadoras del servicio que hablaron del «caos» de la dependencia si se aprobaba el texto que costó 18.000 euros. Ahora tampoco se salva de las conclusiones de la mesa técnica que creó la misma Consejería.

Como se recordará, el pasado enero el Parlamento canario instó al Gobierno a «paralizar» el proyecto, y así fue. Como consecuencia de ello Políticas Sociales constituyó una mesa técnica para «analizar el procedimiento y detectar los aspectos susceptibles de mejora y proponer modificaciones al mismo». Algo que, paradójicamente, no se hizo cuando se decidió encargar la redacción del texto a una empresa privada.

La mesa técnica ya ha concluido su trabajo y tanto las deliberaciones como las recomendaciones se pueden consultar en el portal de transparencia del Gobierno de Canarias. Ahora, al comparar el texto del decreto que elaboró la empresa privada y las propuestas de la mesa técnica se observa que de aquel no se ha aprovechado nada fundamental. Una de las cuestiones principales es cuándo se emite el informe social. El decreto señalaba que debía adjuntarse a la solicitud tras recabarlo la persona solicitante del reconocimiento de la situación de dependencia, y lo emitirían los ayuntamientos.

En las conclusiones de la mesa, que deberán incorporase ahora al nuevo decreto, se señala que el informe se emitirá «después de la resolución de grado», pues emitirlo con anterioridad «le resta eficacia». Además, este informe solo puede ser elaborado por «trabajadores sociales», lo que evitará el «intrusismo profesional». Y «nunca» puede verse sustituido por un «informe de entorno», como proponía el texto del decreto. Además, la propuesta mayoritaria es que este informe se emita en un plazo de dos meses. No es el único cambio importante. La mesa recomienda que la iniciación e instrucción del procedimiento la «centralice» la administración autonómica, así como la valoración por «eficacia, coordinación y objetividad», y no como el decreto, que posibilitaba que lo hicieran los ayuntamientos.

Un gestor de expedientes y falta de personal

Para facilitar la tarea de la mesa técnica se creó un grupo de trabajo en el que participó personal técnico de Dependencia, un representante del Instituto de Atención Social y Sociosanitaria de Tenerife, otro de su homólogo en Gran Canaria y un representante de la Federación Canaria de Municipios (Fecam ).

A juicio de este grupo, «ninguna modificación» en el procedimiento administrativo del sistema para la autonomía y atención a la dependencia surtiría «efectos» si no se realizan previamente «determinadas actuaciones». Estas, apunta el grupo de trabajo, exigen «el diseño e implementación de un gestor de expedientes que permita el trabajo interconectado de todas las administraciones».

Ya la Audiencia de Cuentas de Canarias en el proyecto de informe sobre el funcionamiento de la residencia de mayores de Agüimes en los años 2014, 2015 y 2016 hace un diagnóstico del conjunto de la dependencia en Canarias y señala que «ha constatado que la falta de recursos personales y medios informáticos adecuados dificulta el cumplimiento de la mayoría de los plazos establecidos en la normativa», pese a la «profesionalidad del personal del Servicio de Valoración y Orientación».

Además, según la institución al no disponer de un gestor de expedientes estos pueden perderse o tramitarse de forma no adecuada. Se recomienda, además, que los expedientes puedan ser consultados por la ciudadanía afectada.

El grupo de trabajo considera igualmente que es necesario el «aumento de la dotación de personal estable, tanto técnico como administrativo, al organigrama de dependencia» y señala que no parece adecuado que se contrate a través «planes de choque» de duración limitada.

Otra de las advertencias previas del grupo de trabajo es que es necesaria la asignación de «recursos financieros a las entidades locales que deban colaborar en el procedimiento de dependencia». Sin más fondos los ayuntamientos no podrán aumentar sus plantillas.

La formación del personal que se destine a tareas relacionadas con la dependencia en las entidades locales es otra de las preocupaciones que el grupo de trabajo elevó a la mesa técnica. Y por último, como ya han señalado en ocasiones anteriores la Audiencia de Cuentas y la Diputación del Común, el grupo abunda en que resulta fundamental «la coordinación intensa y continua entre todas las administraciones implicadas».

  • 1

    ¿Se debe pagar a los profesores de la enseñanza no universitaria los sexenios pactados con el anterior Gobierno canario?

    Sí.
    No.
    Ns / Nc.
    Votar Ver Resultados